La discusión parlamentaria de la reforma laboral incorporó un punto que abrió tensión entre bancos, fintech y cámaras empresarias: el artículo 35, que habilita el pago de haberes en billeteras virtuales. El eje del debate pasa por el fondeo del crédito productivo, en un mercado donde el financiamiento a pymes suele ser limitado y con tasas elevadas.
Para las entidades bancarias, el desvío masivo de salarios desde cuentas bancarias hacia proveedores de servicios de pago (PSP) reduciría los depósitos estables que funcionan como base para otorgar préstamos. En ese marco, Claudio Cesario, presidente de ABA, planteó que “para poder prestar se necesita ‘materia prima’: los depósitos”. También advirtió que si esos fondos salen del sistema bancario, “el crédito, por lógica, se encarece, sobre todo para familias y pymes”.
El planteo se apoya en el destino de los fondos administrados por billeteras: se canalizan principalmente hacia fondos comunes de inversión (FCI) de muy corto plazo, en especial money market. Por regulación prudencial, esos instrumentos no pueden transformarse en préstamos a más de 30 días, lo que limita la capacidad de financiar proyectos productivos de mediano y largo plazo.
El esquema suma un componente regulatorio. Cuando esos fondos regresan a los bancos lo hacen como depósitos institucionales considerados “inestables”, con mayores exigencias de liquidez. Las entidades señalaron que las normas de liquidez del BCRA (Liquidity Coverage Ratio, LCR) exigen mantener un coeficiente de liquidez del 100% sobre los depósitos provenientes de PSP vía FCI.
En paralelo, el BCRA muestra concentración del crédito pyme por volumen. Un informe de ABAPPRA, basado en datos del Banco Central, indica que Banco Nación reúne el 24,0% del capital total destinado a pymes, seguido por Banco Galicia (14,4%), Banco Santander (8,9%) y Banco Macro (8,6%). En cantidad de empresas atendidas, el reparto cambia: Galicia (12,7%), Santander (10,1%) y BBVA (9,0%), con plataformas como Mercado Libre (8,9% de las firmas) y Tarjeta Naranja (6,3%), aunque con participación marginal en el volumen total (0,6% y 0,5%, respectivamente).
Del lado fintech, la Cámara Argentina de Fintech defendió la habilitación como una ampliación de opciones para trabajadores y jubilados: “La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”.
El debate también incorpora diferencias territoriales. En las provincias, donde el crédito depende en gran medida de depósitos locales, un encarecimiento o escasez del financiamiento podría impactar con más fuerza sobre pymes, economías regionales y empleo, sin alternativas inmediatas de fondeo.
