El mercado argentino de las telecomunicaciones comenzará a transitar, en pocos días más, un nuevo tramo del proceso iniciado con la privatización de Entel, casi una década atrás. El nuevo camino es la competencia, y a la vera del sendero se prometen bajas de precios, mejores servicios y un mayor número de corredores.
Claro que el camino será largo. Como se recordará, en 1990 el pliego de la privatización de la antigua operadora estatal aclaraba a los compradores que la exclusividad terminaría siete años después, con una posible prórroga de hasta tres años. Entre los muchos aspectos que dejó librados a la interpretación entre ellos, el cumplimiento de las metas por parte de las adjudicatarias, el pliego no aclaró de qué forma llegaría la apertura.
Sólo en marzo del año pasado el Poder Ejecutivo estableció, mediante el Decreto 264/98, el Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones. Resolvió extender por dos años la exclusividad de Telefónica y Telecom en sus respectivas áreas, y entregar, sin licitación previa, licencias de prestación del servicio básico es decir, telefonía local y larga distancia a dos consorcios, liderados por la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles (Movicom) y la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), actuales operadoras de telefonía celular. Ambos fueron autorizados a ofrecer sus servicios desde noviembre, como reconocimiento a las inversiones que realizaron.
El esquema elegido por el gobierno contempla una apertura gradual que concluirá en noviembre del 2000 con el ingreso de nuevos actores, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Licencias, aprobado a principios de este año.
De acuerdo con las estimaciones de varias consultoras y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el año pasado el mercado de telefonía básica local e interurbana rondó los US$ 5.400 millones, a los que hay que sumar otros US$ 608 millones en concepto de telefonía internacional. Pero las empresas de telecomunicaciones, tanto las ya establecidas como las que se proponen entrar, apuntan a posicionarse en la parte más atractiva del negocio, la que representa el mercado corporativo, compuesta por una parte de telefonía local, una buena dosis de larga distancia (nacional e internacional), un segmento de celulares, la casi totalidad del trunking y la transmisión de datos. Todo eso se estima en US$ 4.500 millones anuales.
Así, las operadoras tienden a presentarse como empresas que brindan
soluciones integrales. No obstante, la mayoría de las fuentes consultadas
para la realización de este informe observa que tres o cuatro compañías
podrán mantenerse como grandes proveedoras, aunque estima que hay mucho
espacio para aquellas que busquen desarrollar nichos.
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El proceso
“Estoy seguro de que este proceso será ejemplo para desregular otros mercados en el país”, dijo Mauricio Wior, presidente de Movicom, durante la presentación del nuevo branding de la empresa. Se refería al Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones, cuyo puntapié inicial será dado a fines de octubre en el interior y el 7 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano con la apertura del mercado de llamadas de larga distancia a Telefónica, Telecom, Movicom y CTI.
El período de presuscripción para que cada abonado elija a la proveedora de sus llamadas de larga distancia será sólo el primer paso de un camino que a fines del año próximo transitarán más jugadores como Comsat, Impsat, Techtel, MetroRed y Keytech (ver páginas 139 y 140) que durante los próximos 12 meses observarán la evolución del mercado para diseñar sus estrategias y definir de qué modo competirán contra operadoras que llevan casi una década de fuerte presencia.
“La apertura de las telecomunicaciones a la competencia es fundamental; sin embargo, el Decreto 264/98, que procura definir las bases del desarrollo futuro del mercado argentino al establecer un cronograma para la liberalización del sector, no logra su objetivo”, dispara el economista Diego Petrecolla, miembro de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad (Fade) que capitanea José Luis Machinea, investigador del Instituto Torcuato Di Tella y especialista en cuestiones regulatorias.
Petrecolla señala “dos graves problemas” en el decreto: “Por un lado, los requisitos establecidos para poder ingresar en el mercado son tales que equivalen a seleccionar a dedo a las empresas que participan. Por otro, la creación de un tetrapolio para la provisión del servicio básico limita la competencia en un mercado en el cual ella es tecnológicamente factible. Y la falta de competencia crea rentas cuasimonopólicas para las empresas del sector”.
La explicación oficial sostiene que el tetrapolio busca incentivar la realización de inversiones por parte de las empresas entrantes al limitar el ingreso de otras, además de reconocer las inversiones realizadas por las preestablecidas, y evitar la “competencia ruinosa” de otras experiencias.
Para Petrecolla esos argumentos son insostenibles, ya que el diseño regulatorio no debe orientarse a evitar la competencia, por más que ésta pueda generar potenciales pérdidas para las empresas participantes. “Muy por el contrario dice, debe tener como objetivo permitir a los usuarios aprovechar las ventajas de la competencia y delegar en las empresas privadas las decisiones de inversión. Además, el argumento del reconocimiento de las inversiones realizadas carece de fundamento y es un privilegio que podrían reclamar muchas otras empresas e individuos que invirtieron en el país”.
Santiago Urbiztondo, economista asociado de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), también tiene críticas: “Que sean cuatro empresas es mejor a que sean dos dice, pero el número no tiene lógica y esto demuestra la intención de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de querer controlar la competencia”.
Urbiztondo tampoco está de acuerdo con el reconocimiento a las inversiones realizadas: “Es opina como si invertir tuviera premios de exclusividad. Uno invierte porque es rentable y punto. Además, si algo tenía de bueno la privatización de Entel era saber que el mercado iba a abrirse”.
Para Martín Abeles y Karina Forcinito, investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), desde la privatización de Entel se observan grandes deficiencias en el ejercicio del poder regulador por parte del Estado. Citan como ejemplo la adjudicación a Telefónica y Telecom del monopolio del servicio de larga distancia pese a que, según sostienen, la apertura estaba planteada desde 1989.
También critican la decisión gubernamental de permitir a las
dos operadoras la integración horizontal, mediante la creación
o adquisición de compañías de Internet, transmisión
de datos, telefonía celular y hasta medios de comunicación. Y
opinan que semejante concentración en la estructura de propiedad de las
empresas provoca situaciones irreversibles en todo el sector. “De esta manera
queda claro que las condiciones para competir no son iguales para todos”, afirma
Abeles.
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¿Gallinas de huevos de oro?
“Mediante el Decreto 264/98, el sistema le dio una gallina a cada compañía en condiciones de ejercer presión, de manera tal que nadie se queje”, afirma, off the record, un alto ejecutivo de una de las telcos. Como era de esperar, en las empresas favorecidas por el decreto la visión es distinta.
“Desde el planteo teórico de la economía se dice que la apertura irrestricta promueve una mejora de la situación de los usuarios y las inversiones, pero hay casos en que la competencia irrestricta terminó solidificando las posiciones dominantes de las empresas preestablecidas”, argumenta Luis Perazo, director corporativo de Comunicaciones y Relaciones Externas e Institucionales de Telecom.
El ejecutivo pone como ejemplo a Gran Bretaña, donde entre 1981 y 1991 funcionó un duopolio conformado por British Telecom (BT) y Mercury. Luego, la apertura permitió el ingreso de varias empresas. Sin embargo, tras ocho años de competencia, BT controla 90% del mercado. También cita el caso de Chile donde, luego de varios años de apertura irrestricta, Entel y CTC acaparan una abrumadora mayoría del mercado.
Hernán Israel, gerente de Marketing de Empresas de la Dirección de Nuevos Mercados de Telefónica, opina: “El gobierno fue exigente a la hora de abrir el proceso para garantizar la competencia entre operadores fuertes que pudieran sostenerla en el tiempo. Y creo que está lográndolo, porque en la Argentina no se había dado el caso que al liberar un producto protegido se produjeran las bajas de precios que ya se observan en los planes que se ofrecen de larga distancia, y esto sin haber comenzado”.
Algo por el estilo plantea el chileno Fernando Saiz, director de Larga Distancia Nacional e Internacional de Movicom: “El modelo argentino dice, con cuatro empresas fuertes que garantizan la competencia, asegura beneficios para todos en el tiempo. Además, no hay tal tetrapolio: apenas dura un año”.
Maximiliano von Kesselstatt, director de Planeamiento Estratégico de CTI, sostiene: “El Decreto 264/98 significa apenas un punto de partida para la desregulación. Es un punto de inflexión entre dos grandes modelos; independientemente de los detalles, es muy bueno”. Cuando se le pregunta sobre los detalles responde que el mercado deberá ser controlado de cerca por las propias compañías y los organismos reguladores, para llevarlo a un entorno genuinamente competitivo.
Acaso, de esa forma, von Kesselstatt entrevea las posibilidades de un escenario
conflictivo entre los competidores. Lo mismo opina el abogado Alejandro Fargosi,
socio del estudio Oyhanarte & Fargosi y director del Posgrado de Derecho
de las Comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires: “Es que la experiencia
internacional dice que eso pasa seguido y tanto el reglamento de licencias como
el de interconexión y la definición del subsidio al servicio universal,
constituyen algunos aspectos que la regulación deja como zonas grises“.
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El Plan de Licencias
Uno de los últimos papeles que Germán Kammerath firmó como secretario de Comunicaciones, antes de hacerse cargo de la vicegobernación de Córdoba, fue la Resolución 16.200, que dio forma al Plan Nacional de Licencias que terminó de fijar las reglas de juego de la competencia.
Ese instrumento tipifica seis clases de licencias y establece las condiciones que deben reunir las empresas para poder obtenerlas (ver cuadro 2). Además de la licencia general, que brinda la posibilidad de dar servicios locales, larga distancia y pública, la resolución permite el ingreso de empresas que compitan sólo en áreas locales, a las que exige ofrecer servicios en, al menos, tres áreas, cubriendo no menos de 35% de ellas.
Para Petrecolla, el Plan es una nueva muestra del temor de la Secom a la competencia. “Los requisitos que establece son sumamente exigentes y tienden a evitar el ingreso de pequeños operadores que concentren su actividad en pocas áreas locales o bien que se concentren en un espacio geográfico reducido”, indica.
Por otra parte, el investigador asegura que son particularmente exigentes los requisitos de inversión. Y da ejemplos: una licencia de cobertura nacional exige que se ofrezca el servicio a 50% de la población del país al cabo de cinco años, mientras la licencia local requiere la prestación en al menos tres áreas distintas durante los primeros dos años. “Esto implica que no se otorgarán licencias a quienes tengan como objetivo dar el servicio de telefonía básica en sólo una o dos ciudades, por lo que deja fuera del mercado a pequeñas y medianas empresas que pueden contar con la idoneidad suficiente y que podrían especializarse en nichos”, explica.
Para Fargosi, el problema del Plan no es tanto lo que dice sino lo que no dice. “Por ejemplo, no queda claro si los servicios móviles son parte de las licencias locales o nacionales. Tampoco se especifica si, en el caso de obtener una licencia local, una empresa puede sumar de a un área o de a dos o de a tres y, de esta forma, tomar regiones interesantes desde el punto de vista del negocio pero no tener las obligaciones que se requieren para una licencia general”, señala.
Perazo coincide con Fargosi en que de ninguna manera el Plan Nacional de Licencias
puede considerarse malo, pero sí que deja muchos aspectos en una especie
de nebulosa sujeta a interpretaciones posteriores. “De todas formas dice
el ejecutivo de Telecom, no creo que se pueda brindar licencias sin restricciones,
porque éste es un servicio público y en el momento en que alguien
lo adopta pone mucho en manos de una prestadora. Además, me parece que
prestar servicio en al menos tres áreas no es una imposibilidad, porque
sabemos que en la Argentina tenemos tres ciudades muy importantes”.
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Interconectados
Sin duda, uno de los aspectos que auguran mayor conflictividad es el reglamento de interconexión que fija las pautas para que las empresas que no poseen redes propias contraten la utilización de las preexistentes. Vale un ejemplo al respecto: en Estados Unidos, luego del desmembramiento de AT&T en las siete Baby Bell, a fines de los ´80, comenzó la competencia por la larga distancia; sin embargo, en telefonía local la apertura se redujo porque las empresas no lograban llegar a acuerdos de interconexión, hecho que aún es estudiado por el máximo tribunal de ese país.
En el modelo argentino, la Secom fijó algunos valores referenciales y dejó que el acuerdo final se realice entre las empresas. “Hasta el momento, los arreglos son positivos y no tenemos necesidad de acudir a ningún órgano regulador para que defina”, dice Perazo.
Si bien la norma determina que los operadores deben establecer convenios sobre la base de los principios de obligatoriedad, no discriminación técnica o económica y compensación recíproca todos los operadores tienen derecho a establecer compensaciones recíprocas para la terminación de llamadas basadas en los costos de la red más eficiente del área local, no promueve facilidades esenciales, muy importantes a la hora de comenzar a competir, ni establece la obligatoriedad de la portabilidad del número telefónico, explican los investigadores de Flacso, a quienes también preocupa el libre acuerdo entre las empresas. Ponen como ejemplo de ello lo ocurrido con la apertura del mercado de la telefonía pública, iniciada el año pasado, en la que sólo Telefónica y Telecom parecen haber tenido éxito, dejando a las dos empresas entrantes fuera de la competencia por no llegar a acuerdos de interconexión.
Fernando Rebagliati, gerente de Comunicaciones de Movicom, se sincera: “Nos encantaría que las telefónicas bajaran los costos de interconexión. Seguramente esto deberá reformularse en algún momento. Pero es lógico que nos cobren el costo de oportunidad”.
A pesar de las inversiones realizadas, las empresas entrantes demoraron el despliegue de redes propias en consonancia con el letargo gubernamental para fijar las reglas de la apertura. Por eso se encuentran en desventaja a la hora de bajar los precios, ya que los costos de interconexión son considerados altos.
“Las tarifas que proponemos en larga distancia (ver pág. 130) seguirán bajando en la medida que despleguemos la red dice Rebagliati, aunque estamos en condiciones de anunciar que el 8 de noviembre nuestra red soportará 70% del tráfico. Y si nos hubieran fijado las pautas antes, ya podríamos enrutar 100% del tráfico”.
A las empresas entrantes se les suma otro problema además de la interconexión:
la falta de portabilidad numérica que, sobre todo, les causará
problemas entre los usuarios residenciales que deseen cambiar de operador de
telefonía básica.
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Entre redes
El rápido despliegue de las redes es, por supuesto, una táctica necesaria en el negocio de las telecomunicaciones. Pero en estos tiempos en que la tecnología avanza a pasos acelerados, no necesariamente los tendidos deben ser alámbricos. En este sentido, la licitación del sistema PCS (sigla en inglés de sistema de comunicaciones personales) jugó un papel fundamental en las estrategias de los cuatro actores.
La licitación, que tuvo una demora de tres años por una serie de demandas judiciales, terminó consagrando al tetrapolio compuesto por Movicom (que operaba sólo en el área metropolitana), CTI (que operaba en todo el interior), Unifón (de Telefónica, que operaba en la mitad sur del interior) y Personal (de Telecom, que operaba en la mitad norte del interior), que obtuvieron licencias para operar en los territorios donde antes no podían.
“Para el despliegue de las redes dice Israel, tanto para servicio básico como para larga distancia, tenemos una estrategia mixta que apunta a desplegar fibra óptica y cables convencionales. Es el sistema más costoso, por lo que analizamos otras formas de llegar al mercado, como la red de televisión por cable y la inalámbrica de PCS”.
A través de Advance, su empresa de transmisión de datos, Telefónica logró desplegar una red que cubre buena parte del país y se constituyó en la cabecera de playa para la invasión a la zona norte. Parte de esa estrategia se apoyó en las compañías de televisión por cable, puesto que Telefónica, junto al CEI, controla la red de Cablevisión.
Perazo aclara que Telecom no descarta ninguna tecnología. Como en el
caso de Telefónica, la empresa de transmisión de datos del grupo,
Telecom Soluciones, resultó el ariete para invadir con fibra óptica
la mitad sur del país. Pero tampoco se descarta la utilización
de la red de PCS, que Personal desplegará antes del primer trimestre
del 2000.
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Los consorcios
En el caso de CTI, que encabeza el consorcio integrado por la proveedora de TV por cable Multicanal, del grupo Clarín, y tres cooperativas, el despliegue de redes en el área metropolitana también se resolverá mediante una mezcla entre cable y PCS. En el interior, la firma tiene la red de telefonía celular más extendida del subcontinente.
El caso de Movicom es similar: la Compañía Telefónica del Plata, nombre del consorcio, reúne además a la Compañía de Cables del Interior y la Federación de Cooperativas de Servicios Telefónicos (Fecosur), integrada por sólo tres sociedades. El año pasado se determinó que CTI y Movicom trazarían en conjunto una red de fibra óptica. En las empresas sólo se informa que se está construyendo.
De la integración de los consorcios surge que las cooperativas telefónicas ganaron un lugar en el juego de la apertura. “Aunque parece que con poco éxito, porque finalmente sólo hay tres en cada consorcio”, duda Fargosi.
El Decreto 264/98 establecía también que la poderosa federación de cooperativas Fecotel participaría en la apertura junto al consorcio liderado por CTI. Fecotel, que nuclea a 250 de las casi 300 cooperativas existentes, anunció a principios de este año que no se asociaría con la firma que es propiedad de GTE y el grupo Clarín.
Juan Carlos Fissore, presidente de Fecotel, explica que las sociedades que integran la federación pasaron de 100.000 a 400.000 abonados entre 1990 y el presente, y que en conjunto facturan US$ 250 millones anuales.
“Después de festejar los anuncios del Decreto 264/98 sobre nuestra participación, nos sentamos a hablar con CTI, pero a pesar de que nosotros poníamos los abonados y ellos sólo la empresa, pretendieron darnos un espacio reducido en la sociedad, sin poder de decisión”, dice Fissore. Al respecto, von Kesselstatt se limitó a responder: “La gente de Fecotel es buena gente”.
Tanto CTI como Movicom advierten que los consorcios siguen abiertos a recibir
interesados en realizar negocios. Ejemplo de ello son las conversaciones que
la segunda lleva adelante con Correo Argentino, que todavía no llegaron
a ninguna definición.
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Punto de inflexión
Sea como fuere, la mayoría de las cooperativas telefónicas se encuentra ante la necesidad de cambiar de paradigma para ingresar a la competencia. “Es necesario aclarar que tenemos exclusividad hasta noviembre del 2000 en nuestras respectivas áreas”, advierte Fissore. Y asegura que las cooperativas “están en condiciones de competir”. Para respaldar esto, enumera: “Tenemos digitalizada casi 100% de nuestras redes; tenemos más de 6% del mercado básico; nuestra penetración es de 30% cuando el promedio nacional es de poco más de 20 abonados cada 100 habitantes, y realizamos fuertes inversiones para modernizar nuestros equipos y brindar servicios de valor agregado”.
Ejemplo de ello es Datacoop, la firma de provisión de Internet creada por 92 cooperativas asociadas a Fecotel y que cuenta con 12.000 clientes en el interior del país y 60 nodos que unen a más de 200 localidades. Pero Fissore observa algunos problemas a la hora de la competencia. Uno de ellos es la interconexión, con tarifas muy caras a su gusto.
Más allá de las cooperativas telefónicas, las de otros servicios públicos parecen tener buenas perspectivas para ingresar al negocio de las telecomunicaciones. Ante la necesidad de desarrollar canales comerciales para llegar al mayor número de clientes en poco tiempo, Telefónica firmó un acuerdo con la Cooperativa Eléctrica de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, para que ofrezca los servicios de la compañía y le permita a ésta usar la infraestructura de los postes de energía para el tendido de la red telefónica.
“La función de las cooperativas no telefónicas es muy importante explica Israel porque, por lo general, están en lugares donde nuestros competidores no están bien establecidos. Y tienen aceptación entre sus consumidores-socios por la muy buena calidad del servicio que ofrecen”. Aunque Israel declina revelarlo, fuentes de Telefónica aseguran que la compañía mantiene negociaciones con una decena de cooperativas.
Por su lado, Telecom firmó un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de Bariloche. Además de la representación comercial, incluye proyectos conjuntos de infraestructura tales como llevar servicios de fibra óptica a cada casa.
Coca y Pepsi
“¿Qué bebe, Coca o Pepsi?”, preguntó el número uno de Telecom, Juan Carlos Masjoan, a un periodista durante una presentación. “Coca”, respondió el cronista. “¿Por qué no toma Pepsi, si son parecidas?”, repreguntó el ejecutivo. “Por gusto”, fue la explicación. “Bueno: en telecomunicaciones pasa lo mismo”, sentenció Masjoan, quien con esa figura delineó el escenario competitivo a mediano plazo.
Algo así sospecha Abeles: “Con tarifas de interconexión altas y un fuerte proceso de concentración que permitió la integración vertical de las empresas preestablecidas mediante la adquisición de firmas menores, tal vez haya poco espacio para otros operadores más allá de Telefónica y Telecom”, analiza.
Perazo interpreta las expresiones de su jefe: “Lo que quiso decir Masjoan es que el mercado se estabilizará en poco tiempo y las empresas realizarán las mismas ofertas porque la tecnología está al alcance de todos con servicios similares a precios iguales; lo que desempatará será la marca”.
Israel coincide con Perazo en que a lo sumo habrá espacio para cuatro
grandes y que habrá lugar para firmas de nicho, pero también recoge
el guante: “Si Masjoan dice que las empresas hacen la misma oferta, respondo
que Telefónica va a brindar servicios personalizados a sus clientes,
ya que estamos seguros de que esto no es un commoditie. Entonces, observando
cómo respondan las empresas muy pronto sabremos quién es Pepsi”.
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“En carrera para seducir al cliente”. http://www.lanacion.com.ar/99/ 05/17/index.asp “Dudas “Telefonia Willems, More, Elizabeth Lèbre |
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