Según informó The New York Times y replicó Reuters, Estados Unidos y Argentina mantienen conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que habilite a Washington a enviar a territorio argentino inmigrantes de otros países, en el marco de un mecanismo de “deportación a un tercer país”.
De acuerdo con esa versión, el entendimiento todavía no está cerrado. La propuesta contempla que Buenos Aires reciba personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco tiempo después de haber ingresado de manera irregular, y que desde la Argentina se les ofrezcan vuelos hacia sus países de origen.
La negociación se inscribe en el despliegue de una estrategia de expulsiones aceleradas que, en los hechos, reconfigura el papel de la región en el control migratorio norteamericano. Es un patrón conocido en otras latitudes: la externalización del control, cuando el país de destino desplaza parte del problema hacia terceros.
La política de expulsiones y el rol de ICE
La arquitectura operativa de esta etapa se apoya en el fortalecimiento de ICE (por sus siglas en inglés, U.S. Immigration and Customs Enforcement), el organismo que ejecuta detenciones y deportaciones dentro del país. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración incrementó el número de oficiales y agentes y que amplió su capacidad operativa.
La presión no se limita a la frontera. En enero de 2026, el despliegue de agentes en ciudades y los operativos de “alto impacto” generaron protestas y debate público tras episodios con víctimas fatales y cuestionamientos sobre proporcionalidad y controles.
En paralelo, Washington consolidó un instrumento que explica la utilidad del acuerdo con Buenos Aires: las deportaciones a terceros países cuando la expulsión al país de origen se vuelve lenta, impracticable o políticamente costosa. En 2025, Reuters informó que ICE habilitó traslados a países distintos del de nacionalidad con plazos muy breves de notificación en ciertas circunstancias.
Tercer país como política de Estado
El uso de acuerdos con “terceros países” se expandió en 2025 con destinos que aceptaron recibir nacionales de otros Estados, entre ellos Panamá, Costa Rica, El Salvador y Eswatini, con derivaciones judiciales y reclamos por garantías de defensa y evaluación de riesgos.
Organismos de Naciones Unidas advirtieron sobre el riesgo de traslados forzosos sin resguardos suficientes, en especial cuando la persona puede enfrentar persecución o tratos prohibidos si queda varada o si se encadena una expulsión posterior.
La lectura estratégica en Washington es doble: acelerar el volumen de remociones y enviar una señal de disuasión. La lectura jurídica es más áspera: cuánto margen existe para convertir un atajo operativo en un estándar, sin erosionar el debido proceso que exigen las cortes federales.
El espejo doméstico en Buenos Aires
En la Argentina, la negociación con Estados Unidos convive con una agenda interna que endureció el discurso y las herramientas de control migratorio. En los últimos días, el gobierno celebró un “récord histórico” de expulsiones y vinculó la política migratoria con el acceso a servicios públicos y con mayores condiciones para la residencia.
Además, avanzó la reubicación institucional del área migratoria bajo un enfoque de seguridad, con anuncios sobre una nueva Agencia de Seguridad Migratoria.
Ese contexto introduce una tensión práctica: aceptar deportados de terceros países supone capacidad administrativa, protocolos de alojamiento, controles sanitarios y coordinación consular, además de un marco de garantías. La ley argentina de migraciones define causales de expulsión y mecanismos de control, pero también establece procedimientos y derechos que, en un esquema de tránsito forzoso, podrían abrir frentes judiciales y políticos.
En términos diplomáticos, el borrador del acuerdo se lee como otra pieza del vínculo con Washington. El dato relevante no es solo la cooperación, sino el tipo de cooperación: una que traslada costos operativos y reputacionales al país receptor, en un tema que suele encender debates internos y externos.
