El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en la Patagonia por el plazo de un año, a través del Decreto 73/2026 publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero de 2026, y Greenpeace cuestionó el alcance de la medida al señalar que la ayuda anunciada llega tarde y que el instrumento no incluye una partida económica específica.
La emergencia abarca a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y declara zona de desastre al territorio afectado por los incendios. El decreto reconoce que las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por la sequía y los vientos intensos, generaron daños ambientales significativos, superaron la capacidad de respuesta estatal y pusieron en riesgo a la población.
En ese marco, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 9 de diciembre. Greenpeace sostuvo que, antes del inicio de ese foco, distintas organizaciones ya habían advertido sobre el “riesgo extremo” de incendios forestales en la región. En septiembre pasado, la entidad alertó formalmente a gobernadores y autoridades nacionales sobre la gravedad de la situación.
Además, cuestionó públicamente el desfinanciamiento de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego y la falta de brigadistas. Esas advertencias se realizaron luego del peor verano de incendios en la Patagonia en los últimos 30 años.
El decreto encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de acciones de prevención, presupresión y combate de incendios, además de medidas de atención y mitigación de consecuencias sobre la vida, la integridad física y los bienes de las personas afectadas. También prevé asistencia a provincias y municipios para la recuperación y recomposición posterior.
Greenpeace incorporó otro eje de crítica al señalar una contradicción entre la declaración de emergencia y el impulso de modificaciones vinculadas con la Ley de Glaciares. “Es hipócrita declarar la emergencia ígnea y, al mismo tiempo, avanzar en medidas que habiliten la destrucción de glaciares”, dijo Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace.
La organización remarcó que las condiciones descriptas en el decreto son las que la Ley de Glaciares busca mitigar al proteger reservas estratégicas de agua dulce del país. “No se trata de una contradicción discursiva, sino de una decisión política concreta que puede agravar las condiciones de sequía, escasez de agua y vulnerabilidad ambiental”, agregó Rossi Serra.
