La preocupación por el déficit fiscal ocupa un lugar privilegiado en la agenda del nuevo gobierno. Esto quedó claro cuando, a los pocos días de asumir, anunció un fuerte paquete que incluía recortes en el gasto público y aumento de impuestos. La intención era inequívoca: enviar una señal de confianza a los mercados (calificadoras de riesgo, inversores institucionales, entre otros) que despejara la incertidumbre acerca de los equilibrios macroeconómicos fundamentales.
La situación pareció dar un vuelco dramático, al menos así lo expresó el presidente en un spot televisivo destinado a explicar los motivos del nuevo ajuste: la recesión se había prolongado más de los previsto y, en consecuencia, había caído la recaudación impositiva y se había incrementado el déficit fiscal.
En un contexto en el que los movimientos financieros internacionales son muy sensibles a estas variaciones, la acción se dirigió a producir un gesto de confianza que reactivara la economía, a través de un mayor ingreso de capitales.
La ortodoxia fiscal del gobierno redundó, un mes después, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que se establecieron las pautas para los próximos años en materia de déficit fiscal, lo que equivalió, en la práctica, a darle un marco internacional a la ley de convertibilidad fiscal, promulgada por el congreso a mediados del año pasado.
Equilibrio y algo más
Sin embargo, la cuestión del equilibrio fiscal es sólo una parte del problema. Puesto que un aumento sustancial de la recaudación y de la eficiencia del sector público son objetivos de mediano plazo, y mientras se mantengan las severas restricciones en materia de endeudamiento público, el nivel del gasto estatal (y, por lo tanto, la inversión social) quedará limitado por esos compromisos.
En este sentido, y según las estadísticas del Banco Mundial, el gasto público de la administración central (en términos de gravitación en el PBI) es uno de los más bajos del mundo. Equivale a un tercio del que exhiben países como Francia, Suecia o Israel, e incluso es inferior al de países catalogados por las Naciones Unidas como de bajo desarrollo humano (Bhután, Nepal, Yemen, Zambia, Burundi o Sierra Leona).
Este reducido nivel de gasto de la administración central responde, en parte, a la descentralización de funciones y recursos que se llevó a cabo durante la primera mitad de la década pasada. Entre 1990 y 1999, el gasto público consolidado, que incluye los tres niveles de gobierno, apenas superó 30% del PBI, una cifra igualmente baja en relación con el resto del mundo.
De esta forma, aun partiendo del consenso de que el equilibrio fiscal es una condición necesaria para el crecimiento, aparece una discusión menos urgente pero más relevante en términos del largo plazo: ¿cuál es el nivel deseado de ese equilibrio?
La composición del gasto
Por detrás de estas cuestiones estructurales, sin embargo, existen otros aspectos vinculados con la composición y evolución del gasto público del gobierno nacional que condicionan las decisiones en materia de política económica, en tanto se modifica su composición en una dirección que reduce la elasticidad a la baja y crecen las presiones estructurales en materia de inversión social:
- En los últimos años, aumentó la proporción
del gasto público destinado al pago de intereses. En los últimos
tres años, ese componente pasó de 11% a 13% del total, y se
estima que seguirá creciendo. - En el mismo período, la proporción destinada al pago de salarios
del personal de la administración central se redujo de 15 a 12%. - Esta tendencia se corresponde con la reducción de personal de la
administración central. Entre 1996 y 1999, el número de cargos
pasó de 290.000 a 255.000. - En cambio, los otros dos grandes componentes, el Sistema Nacional de Seguridad
Social y las transferencias (que incluyen las erogaciones a las provincias
en materia de coparticipación) se mantuvieron estables en torno a 30
y 45% respectivamente.
Por su parte, la evolución del gasto público consolidado durante la década refleja las siguientes tendencias:
- disminución significativa del componente Servicios Económicos,
que comprende el gasto público en bienes y servicios relacionados con
la actividad económica, como resultado de las privatizaciones de las
empresas públicas; - marcado incremento de los gastos en concepto de Servicios de la Deuda
Pública (pago de intereses). Entre 1993 y 1999, este componente
duplicó su participación relativa en el total; - tanto el gasto en Funcionamiento del Estado como el Gasto Público
Social se mantuvieron estables.
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