Razones y efectos de un éxodo fatal

El ambiente climatizado del recinto ayudaba a disimular el pegajoso calor húmedo del verano porteño cuando, en la tarde de un viernes de febrero, el socio de una conocida sociedad de Bolsa se acomodó en un costado de la sala para presenciar con desánimo una escena repetida.

El Mercado de Valores (Merval) había llamado otra vez a plaza tratando de dar con posibles interesados en adquirir dos de sus 250 acciones. Cada una de ellas implica una habilitación para que hasta dos operadores por firma hagan negocios desde el piso de la Bolsa porteña. Se trata de la misma licencia por la que siete años atrás el Banco Provincia desembolsó la friolera de US$ 2,1 millones.

Era la tercera vez en la semana, con resultado previsible. El traspaso se completó en cuestión de minutos, cuando las autoridades del Merval, ante la ausencia de interesados, salieron al rescate de ambas acciones, por las que pagaron US$ 297.000, un valor 40% inferior a los más de US$ 400.000 que figuran en libros e igual al que esos papeles costaban en febrero de 1991.

Esa tarde, como había ocurrido sólo 48 horas antes, cuando se habían subastado otras tres acciones, tampoco hubo siquiera un atisbo de puja. Y nadie se sorprendió por eso. No era para menos: el mismo trámite se repite desde hace 18 meses, cuando, en medio de una crisis de precios y volúmenes a raíz de los episodios de turbulencia financiera internacional, el Merval decidió crear un fondo para recomprar sus acciones, en un intento por dar garantía a los agentes de que tendrían una puerta de salida si la creían necesaria. El problema es que, desde entonces, 18 operadores echaron mano a ese recurso y se asegura que otros tantos lo habrían hecho si no hubiera caído tanto el valor de la acción.

Algunos vendieron porque creen que el mercado no tiene futuro y estiman que no tiene sentido seguir operando aquí “cuando los negocios emigran a Wall Street”, como explica un broker de la sociedad de bolsa Raymond James. Otros, simplemente, lo hicieron porque están achicando sus posiciones, siguiendo la contracción del mercado. “Son bancos o agentes que tenían más de una acción y, frente a la progresiva baja de los volúmenes operados y a la presunción de que se achatarán más por el éxodo de cotizantes, deciden ajustar su estructura a esta realidad del mercado”, indica Luis Corsiglia, un experimentado agente, titular de la casa de bolsa homónima.

Después del boom

En el medio quedaron nueve años de empate forzado con el dólar, traspaso masivo de empresas públicas a manos privadas y privatización del sistema jubilatorio (con el objetivo explícito de fortalecer el ahorro privado y crear un mercado local de capitales). También algunos años de promocionado boom bursátil, presentado entonces como parte de un capitalismo popular de mercado, lo que a esta altura puede sonar irónico.

Lo cierto es que las empresas que necesitan capitales ya ni siquiera analizan recurrir a la bolsa local para obtenerlo. En todo caso, algunas se mantienen operando marginalmente aquí por razones políticas. El resto ya eligió una nueva meca: Nueva York.

Ejemplos sobran: basta repasar lo que han hecho recientemente la tecnológica Impsat o el portal de Internet El Sitio, que optaron por recalar directamente en el Nasdaq. A juzgar por lo ocurrido en febrero pasado, no se equivocaron: allí negociaron por US$ 1.200 millones, 25% más que los US$ 892 millones que se transaron durante todo el mes de enero en el recinto porteño.

Con esos antecedentes se entiende por qué Coto estudia desembarcar en Wall Street, como lo hizo el 26 de enero pasado PC Holdings, el grupo que surgió de la reestructuración de Perez Companc, en busca de los US$ 2.000 millones que necesita para reconvertise y que le sería imposible captar en Buenos Aires, como reconoció su CEO, Oscar Vicente.

¿Qué sucedió en el medio? Las respuestas son muchas y variadas. En parte tienen que ver con una historia de enfrentamientos y mezquindades. También con una sorprendente incapacidad de los actores para interpretar los cambios de la economía y adaptarse a ellos, así como con la despreocupación que mostraron las autoridades sobre la suerte del mercado.

Las desconfianzas cruzadas

Algunas de esas respuestas pueden rastrearse en aquella penúltima semana de febrero. De las cinco licencias vendidas, tres correspondieron a bancos (el Francés, el Mariva y otra entidad extranjera cuyo nombre no trascendió). La movida fue la demostración de que algo estaba ocurriendo: los bancos que operan en el recinto y controlan el Mercado Abierto Electrónico (MAE) ­el escenario en el que, tras un acuerdo en 1994, se transan títulos públicos­ habían aprobado un plan de choque contra las autoridades de la Bolsa, encabezadas por Juan Bautista Peña.

Al presidente de la Bolsa ­que no atendió a MERCADO para esta nota­ lo culpan de bloquear la puesta en marcha de Argenclear, una cámara de clearing creada entonces por los banqueros, pero que jamás logró ponerse en funcionamiento “porque la Bolsa teme perder el control de la otra cámara compensadora, la Caja de Valores, que hasta aquí mantiene el monopolio del registro y la liquidación de las operaciones”, explica un banquero.

El plan consistía en comprarle al Merval su 40% de participación en Argenclear (el otro 60% es de los bancos) para dar un portazo, dejar la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, y armar una bolsa paralela. La opción B ya había sido negociada con las autoridades monetarias: en la presunción de que el Merval no aceptaría, los bancos se habían asegurado un guiño del Banco Central para usar a Cryll, la cámara compensadora que funciona en el interior de esa entidad. Pero el conflicto se hizo público y el gobierno inició una mediación entre todos los involucrados.

La historia de las peleas de los bancos con Peña se remontan al momento en que el veterano dirigente ganó las elecciones en la Bolsa porteña y decidió remover a los representantes de esa institución en la Caja de Valores. Con esa jugada truncó el acuerdo de complementación que la Caja estaba por suscribir con Argenclear y activó el enojo de los banqueros.

En enero ese enojo se transformó en ira, cuando una carta fijando la posición de la Bolsa sobre el proyecto de ley para combatir el lavado de dinero, suscripta por Peña y José Cirillo ­secretario de la Bolsa y dirigente de confianza de Mauricio Macri en Boca­, llegó a manos del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez. En ella daban su apoyo a la iniciativa en discusión y cargaban contra los bancos, sembrando sospechas sobre los crecientes negocios y los menores controles con que se negocia en el MAE.

Desde entonces, los bancos juraron vendetta. “No podemos seguir invirtiendo en la Bolsa sin garantías”, dicen que se quejó Luis Ribaya, representante de los bancos, en la primera reunión con el gobierno. Se refería al sistema electoral de la Bolsa, que todos los años renueva parte de sus autoridades, lo que dificulta negociar con ellas. Ribaya fue más allá y pidió que el gobierno ayude a transformar la estructura societaria de la Bolsa de una sociedad sin fines de lucro a otra de carácter anónima.

Esta historia está abierta y su resolución tomará tiempo. Un capítulo podría empezar a resolverse este mes, cuando la Bolsa vaya otra vez a elecciones. Peña deberá soportar la oposición electoral de los bancos que, de todas formas, necesitarían contar con otros aliados para dezplazarlo. Lo que sí podía anticiparse al cierre de esta edición es que habrá lucha.

La ausencia de cambios

Mientras en todo el mundo los mercados aggiornan su funcionamiento para captar nuevos negocios, Buenos Aires mantuvo una inexplicable actitud pasiva. La lista de ejemplos es larguísima. Madrid creó en diciembre el Latibex, una Bolsa específica para empresas de América latina, apostando a la influencia que sobre muchas de éstas tienen las propias firmas españolas. El mercado se ofrece como puerta de entrada para las compañías que busquen financiación en el mercado unificado del euro.

Arrancó con sólo cinco papeles (bancos de por aquí controlados por los de allá, como el BBV-Francés o el Santander de Puerto Rico), pero ganó su primera batalla al captar recientemente al gigante siderúrgico brasileño, Vale do Río Doce.

Un mes después, Londres relanzó el Easdaq, una plaza para las tecnológicas que sigue el ejemplo del Nasdaq estadounidense y en la que se puede operar a través de Internet.

A comienzos de febrero, México sentó las bases para un mercado similar, aunque más segmentado: no se aceptarán allí empresas que no hagan negocios on line. Una semana después, en Brasil se anunció la fusión de las operaciones de las bolsas de San Pablo y Río de Janeiro, con el objetivo explícito de ampliar volúmenes y bajar costos.

Y más recientemente, Chile puso en marcha una bolsa off shore que operó US$ 12,5 millones en su primer día de negocios, pese a que, por ahora, sólo cotiza un grupo de fondos suecos. La iniciativa apunta a atraer fondos de inversión que puedan ser adquiridos por los fondos de pensión chilenos. Mientras tanto, Buenos Aires sólo discute y pierde negocios.

La inacción gubernamental

En 1994 se privatizó el sistema jubilatorio. Uno de los objetivos era
fomentar la aparición de un mercado de capitales interno. De allí
que se reglamentaran casi en detalle las formas de inversión, favoreciendo
ampliamente las colocaciones en el mercado local y el Mercosur. Pero más
allá del festival de bonos, nadie hizo mucho para que aparecieran
nuevas opciones de inversión.

Si se cumple la convertibilidad fiscal, en 2003, cuando las AFJP acumulen fondos por más de US$ 40.000 millones, la Argentina tendría que tener equilibrio fiscal. En consecuencia, se reduciría la oferta de títulos públicos, que ocupan hoy casi 50% de las carteras de las AFJP.

Además, si la tendencia actual se mantuviera, en la Bolsa habrá menos acciones. No sólo no estarán las que ya se fueron (Terrabusi, Minetti, Cía. Química, Odol, Saint, Bieckert, Ipako, Termas Villavicencio, Fric-Rot, Papelera del Plata, Galimberti, Disco y Bagley, por citar algunas); tampoco las que ya están en trámite de irse (Canale, CEI Citicorp, Sevel), las que quedarán reducidas a nada por los canjes (Telefónica y Banco Río) y las que todos apuestan a que seguirán igual ruta en poco tiempo (Astra, rescatada por Repsol, y el Francés, por el BBV).

¿Qué harán entonces las AFJP, con tanta plata y sin alternativas para colocarla? “Lo peor ­expuso en un artículo reciente el economista Mario Brodersohn­ sería autorizarlas a exportar el ahorro local. Sería una ironía que la Argentina, que necesita del flujo externo de capitales para vivir, termine además llevando afuera sus ahorros”.

Los juristas admiten que es una especie de fraude legal la norma que da derecho a las compañías a rescatar sus títulos a valor de libros, aunque la cotización de mercado sea muy superior.

“Hay fallas en la calidad de la información, en la reglamentación de los rescates, en no ampliar la legislación para diferentes clases de acciones”, señala un informe de Santander Investment que colocó a la Argentina entre los mercados que ofrecen menos protección legal a los inversionistas en toda la región.

¿Las soluciones? De la comisión negociadora, que coordinan el secretario de Finanzas, Daniel Marx, y el subsecretario de Servicios Financieros, César Deymonnaz, debieran aparecer algunas salidas. “No estamos en condiciones de dar desgravaciones para que más empresas vayan a la Bolsa”, advierte Marx. Y explica: “No nos lo permite la situación fiscal. Pero, además, no creemos que sea aconsejable. Lo que debemos hacer es pulir los mecanismos de transacciones, mejorar la transparencia y la competitividad del mercado, revisar el sistema legal, saber que vamos a tener un rol más activo en algunas transacciones y menos activo en otras, mejorar el sistema de pagos y crear instrumentos para que se puedan financiar desde allí proyectos y obras de infraestructura”.

La traducción es la siguiente: la Bolsa se encargará de negociar cada vez más papeles de deuda, pero abrirá ruedas para títulos específicos (como fideicomisos y la próximamente relanzada factura de crédito, a imagen de la duplicata brasileña), deberá crear índices y opciones para operar a futuro, concentrar y coordinar toda la negociación bursátil del país (interconectándose con las plazas del interior; ver recuadro en pág. 112) y reformar sus normas operativas para facilitar la creación de un nuevo panel (una especie de nasdaquito) donde se permitirá cotizar a las empresas tecnológicas y de Internet sin que tengan que presentar, como el resto, tres años de balances con niveles de ganancia o rentabilidad determinada, ni deban presentar el caudal de información que se les exige a las que operan en la rueda común.

Paralelamente, se revisarán las leyes y se gestionará financiamiento
internacional para llevar a cabo la reforma.