El episodio se inscribe en una dinámica de desgaste acumulado: inflación persistente – comparte con Argentina el top ten de las economía con mayor variación del índice de precios del mundo-, sanciones, restricciones financieras, deterioro de servicios públicos y una creciente distancia entre sociedad y élites políticas. A diferencia de otras olas, la actual combina demandas económicas con consignas contra la conducción clerical, sin que aparezca un liderazgo interno capaz de articular una alternativa.
Economía y calle
El detonante inmediato fue el tipo de cambio. La caída del rial operó como señal de alarma para comerciantes, asalariados y sectores informales, que trasladan la incertidumbre al precio de alimentos, transporte y alquileres. Aun con diferencias entre mediciones y canastas, el escenario inflacionario se mantiene como un rasgo estructural: el FMI proyecta para 2026 una suba de precios elevada y un crecimiento real bajo, lo que sugiere un margen estrecho para políticas de estabilización sin costo social.
La respuesta oficial apuntó a recomponer credibilidad mediante anuncios económicos. Según Reuters, el presidente Masoud Pezeshkian prometió reformas, habló de cambios en la conducción del Banco Central y de un esquema de subsidios para amortiguar el impacto en los hogares. El mensaje buscó contener el deterioro del ingreso real sin alterar la arquitectura del poder.
El problema de fondo excede la coyuntura. La economía opera con restricciones externas, dificultades para atraer inversión y un entramado de controles que tiende a exacerbar la brecha entre mercado formal e informal. Cada salto cambiario acelera la indexación de hecho y refuerza la dolarización defensiva, un mecanismo social de protección que, a la vez, debilita la capacidad de la autoridad monetaria para estabilizar expectativas.
El aparato de seguridad como columna
En el corto plazo, el factor decisivo vuelve a ser la cohesión del aparato de seguridad. Las fuerzas policiales, milicias asociadas y organismos de inteligencia operan como red de contención territorial, con capacidad de disuasión y represión rápida. Reuters reportó muertos y más de mil detenidos según organizaciones que monitorean la represión, mientras las autoridades reconocieron bajas en fuerzas de seguridad y atribuyeron las protestas a “disturbios” fomentados desde el exterior.
La comparación inevitable es 2022, cuando el caso de Mahsa Amini catalizó un ciclo de protestas de mayor escala. La nueva ola se presenta, por ahora, como más vinculada a la economía que a un evento simbólico, aunque muestra el mismo patrón: rápida extensión territorial, consignas que desbordan la agenda original y un Estado que prioriza el control del orden público.
El régimen conserva, además, herramientas de control informativo. Cortes parciales de conectividad y presión sobre medios y plataformas digitales forman parte de la caja de herramientas observada en crisis previas. En esa lógica, la represión no se limita al espacio físico: busca también desorganizar el flujo de coordinación y evidencia pública sobre abusos.
Oposición fragmentada y el factor Pahlavi
El segundo límite, menos visible pero igual de relevante, es la ausencia de una alternativa política capaz de convertir protesta en transición. En el exterior, distintas figuras intentan capitalizar el descontento. El Financial Times señaló que parte de los manifestantes expresa apoyo a Reza Pahlavi, hijo del último sha, como símbolo de recambio, aun cuando ese respaldo no equivale a una estructura política operativa dentro del país.
El diagnóstico de falta de oposición viable aparece también en la cobertura europea del episodio: la protesta se multiplica, pero no termina de consolidar un “centro” de coordinación con capacidad de negociar, disputar poder o garantizar gobernabilidad. Esa carencia reduce la probabilidad de un quiebre rápido y, al mismo tiempo, incrementa el riesgo de espiral represiva: sin interlocutores claros, el régimen tiende a tratar toda movilización como amenaza existencial.
En ese marco, el exilio funciona más como caja de resonancia que como comando político. La fragmentación ideológica, la distancia territorial y el temor a la infiltración limitan la capacidad de articulación. En paralelo, la propaganda oficial utiliza ese vacío para sostener un argumento recurrente: la alternativa sería el caos o la tutela extranjera.
La dimensión regional y el expediente nuclear
La crisis interna convive con una agenda externa que condiciona cualquier salida económica. El programa nuclear y la relación con el sistema de sanciones siguen operando como variables que inciden sobre expectativas, comercio y acceso a financiamiento. Informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) registraron, en 2025, tensiones en el esquema de verificación y monitoreo y señalaron limitaciones en la provisión de información por parte de Teherán en distintos momentos del año.
A esa discusión se sumó el impacto de ataques sobre instalaciones y el consecuente aumento de incertidumbre sobre capacidades y cronogramas. En junio de 2025, el OIEA informó que no detectó incremento de radiación fuera del sitio tras los ataques notificados por la autoridad regulatoria iraní, un dato que evitó un salto inmediato en riesgo sanitario, pero no despejó el riesgo geopolítico.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) analizó el escenario posterior a esos episodios y advirtió sobre la complejidad de evaluar el estado del programa en un contexto de fricción política y técnica con los organismos de control. La lectura dominante en los mercados y cancillerías es que el expediente nuclear mantiene su capacidad de disparar sanciones adicionales o, en el extremo, nuevas acciones militares, con efectos directos sobre la economía doméstica.
Washington, aliados y riesgo de escalada
El frente externo incorpora un componente político adicional: el tono de Washington. Reuters consignó declaraciones del presidente Donald Trump en apoyo a los manifestantes, con reacción pública del liderazgo iraní. En crisis previas, ese cruce funcionó como munición para la narrativa oficial de “injerencia”, útil para cohesionar fuerzas propias y justificar endurecimiento interno.
El dilema para Teherán se resume en una tensión clásica: reprimir para sostener el orden, con el costo de legitimidad que eso implica, o habilitar reformas que podrían abrir grietas en el entramado de poder. El Financial Times planteó que los “carriles de salida” se reducen, mientras la combinación de sanciones, degradación ambiental y malestar económico recorta márgenes de maniobra.
En el corto plazo, el régimen parece apostar a la administración del conflicto: concesiones económicas acotadas, control territorial y mensajes de disuasión. En el mediano, la estabilidad dependerá de dos variables que no se resuelven con anuncios: la capacidad de recomponer ingresos y moneda, y la posibilidad —hoy remota— de un acuerdo externo que alivie restricciones sin que el sistema perciba que pone en riesgo su continuidad.
La secuencia de enero deja, por ahora, una constatación: cuando el rial cae, la protesta vuelve; cuando la protesta vuelve, el régimen se sostiene en el aparato de seguridad; y cuando todo se tensa, el expediente nuclear vuelve a pesar sobre cualquier salida económica.
