El acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur marca un punto de inflexión para la integración birregional, al abarcar un mercado de 780 millones de personas y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La implementación final del tratado enfrenta actualmente etapas complejas de ratificación y adaptación técnica tanto en Europa como en Sudamérica.
Las negociaciones, iniciadas formalmente en el año 2000, culminaron en diciembre de 2024 con la estabilización del texto definitivo durante la Cumbre del Mercosur en Montevideo. El acuerdo está estructurado en dos pilares: político y de cooperación, orientado a sostenibilidad y gobernanza, y comercial, enfocado en la liberalización arancelaria y la integración productiva.
En 2024, el comercio de bienes entre ambos bloques superó los €111.000 millones, con exportaciones de la UE al Mercosur por €55.200 millones e importaciones desde Mercosur por €56.000 millones. Europa adquiere productos agrícolas (42,7%), minerales (30,5%) y pulpa/papel (6,8%), y exporta principalmente maquinaria y aparatos (28,1%), productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (12,1%).
El informe ‘Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur’, elaborado por LLYC, destaca que el tratado eliminará o reducirá más del 90% de los aranceles bilaterales. Este cambio permitirá ahorros anuales de hasta €4.000 millones para empresas europeas y otorgará acceso preferencial al Mercosur, en especial para su agroindustria y minerales críticos. Además, se estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa europea en la región podrían duplicarse tras la entrada en vigor del acuerdo.
Sin embargo, el documento también advierte sobre los desafíos que enfrentarán las empresas del Mercosur, que deberán ajustarse a estándares europeos estrictos en materia ambiental, de trazabilidad y derechos laborales, lo que demandará inversiones adicionales. La apertura arancelaria incrementará la competencia en sectores industriales sensibles del Mercosur, mientras que en Europa genera resistencias en el ámbito agroalimentario.
Para evitar demoras en la implementación, se ha propuesto un Acuerdo Interino (iTA) que permitiría aplicar la parte comercial de manera inmediata a partir de 2026, sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los países del Mercosur. La ausencia de institucionalidad supranacional en este último obliga a una ratificación individual por cada Estado miembro, lo que podría impedir la entrada en vigor si uno solo rechaza el tratado.
“El éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación”, aseguró Juan Ignacio Di Meglio, director senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina.
La agenda para las empresas incluye monitorear el entorno político y regulatorio, identificar sectores con potencial, adaptar procesos a los nuevos estándares y planificar inversiones en tecnología y sostenibilidad, según informó LLYC.
