La National Security Strategy of the United States of America redefine el alcance de la política exterior estadounidense. El documento reduce la ambición de sostener un “orden liberal” global y establece un conjunto acotado de intereses vitales: terminar con la migración masiva, reindustrializar la economía, recuperar “dominancia energética” y limitar la presencia de potencias rivales en el hemisferio, con mención explícita a China.
En este marco, la seguridad deja de ser un capítulo estrictamente militar. Se integra con la política comercial, la agenda de energía, el control de cadenas de suministro y el uso extensivo de sanciones financieras. Los aliados que acepten ese marco ingresan a un “círculo de confianza”; quienes se aparten deben asumir mayores costos de capital y presión regulatoria.
Un corolario explícito a la doctrina Monroe
El documento introduce un elemento novedoso: el llamado “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. La formulación sostiene que Estados Unidos tiene derecho a “resucitar” la doctrina de 1823, no solo para impedir presencia militar de potencias extrahemisféricas, sino también para condicionar su acceso a energía, minerales, puertos e infraestructura crítica en América Latina.
La doctrina original, anunciada por James Monroe en 1823, establecía que cualquier intento europeo de colonizar o intervenir en el hemisferio sería considerado una amenaza a la seguridad estadounidense. Con el tiempo, el corolario de Theodore Roosevelt (1904) amplió ese principio al justificar intervenciones directas de Washington en América Latina para asegurar el pago de deudas y el “orden interno”.
El corolario de Trump retoma esa tradición, pero la traslada a un siglo XXI atravesado por la rivalidad con China, la seguridad energética y la competencia por minerales críticos. Según análisis de centros de estudio como Brookings y Chatham House, el texto propone reforzar la presencia militar en el Caribe, aumentar los despliegues navales y usar el poderío económico para asegurar acceso preferencial a recursos y posiciones geográficas clave.
De la letra a los hechos: Operation Southern Spear
Ese marco se volvió operativo en 2025 con el lanzamiento de Operation Southern Spear, una campaña militar presentada como ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, pero progresivamente orientada hacia Venezuela. El dispositivo incluyó el mayor despliegue naval estadounidense en la zona desde la crisis de los misiles, con bases avanzadas en Puerto Rico y otras islas y un incremento de vuelos de reconocimiento y patrullas aéreas.
En diciembre, la campaña dio un salto cualitativo con la imposición de una cuarentena marítima sobre petroleros que transportaban crudo venezolano. Guardacostas y unidades de la Marina interceptaron y confiscaron buques como el Skipper y el Centuries en alta mar, bajo el argumento de violaciones a sanciones y sospechas de contrabando vinculado a Irán y China. La propia documentación oficial describe ese esquema como un “bloqueo” de hecho.
La economía venezolana, fuertemente dependiente de las exportaciones de petróleo, enfrentó así un nuevo nivel de presión. Para Washington, se trató de debilitar la capacidad financiera del régimen de Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a los compradores de crudo: operar con Caracas entra en conflicto con la arquitectura de seguridad hemisférica definida por la Estrategia 2025.
Caracas, enero de 2026: la doctrina en acción
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó el punto de mayor tensión. En el marco de Operation Southern Spear, Estados Unidos lanzó una ofensiva aérea y terrestre sobre objetivos militares y de mando en Caracas y otras localidades venezolanas, en la operación denominada Absolute Resolve. Más de 150 aeronaves –incluidos bombarderos y cazas furtivos– participaron en los ataques contra bases como La Carlota y Fuerte Tiuna.
En paralelo, comandos de fuerzas especiales, entre ellos unidades Delta Force y el regimiento de operaciones especiales de aviación, asaltaron el complejo donde se encontraba Maduro. El presidente venezolano y su esposa fueron capturados y trasladados primero a un buque estadounidense en el Caribe y luego a Nueva York, donde afrontarán cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas ante un tribunal federal.
La acción produjo decenas de muertos en Venezuela, daños severos en infraestructura militar y abrió un debate jurídico sobre la legalidad de capturar a un jefe de Estado en ejercicio mediante una operación unilateral sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Especialistas en derecho internacional la califican como una posible violación de la prohibición del uso de la fuerza y, en algunos análisis, como un caso de “crimen de agresión”.
Energía, petróleo y administración de facto
La dimensión económica apareció de inmediato en el discurso oficial. Fuentes del gobierno estadounidense indicaron que Washington aspira a “administrar” temporalmente Venezuela hasta garantizar una transición “segura”, con énfasis en la estabilización de su industria petrolera. Diversos análisis señalan que la captura de Maduro podría abrir la puerta a acuerdos de gestión conjunta o concesiones a compañías estadounidenses sobre reservas clave.
Este movimiento encaja con el énfasis de la Estrategia 2025 en recuperar la “dominancia energética” de Estados Unidos, ampliar su oferta de petróleo y gas y reducir el peso de proveedores considerados hostiles. En la práctica, se trata de reordenar el mapa de flujos de crudo del hemisferio, desplazar actores extrahemisféricos y reconectar a Venezuela con una arquitectura de seguridad y negocios liderada por Washington.
Para las compañías de energía y servicios, la nueva fase abre un escenario híbrido. El potencial de reservas venezolanas convive con una elevada incertidumbre jurídica, riesgo de represalias de aliados de Caracas y la posibilidad de que futuros gobiernos cuestionen acuerdos firmados bajo tutela externa. El dilema recuerda otras etapas de la historia regional en las que la intervención política precedió a una reconfiguración de la propiedad sobre recursos naturales.
Qué significa para América Latina y para Argentina
La combinación de Estrategia 2025, corolario Monroe y operaciones en Venezuela envía señales claras al resto de la región. Los países del hemisferio pasan a ser evaluados no solo por su estabilidad macroeconómica, sino también por su alineamiento en tres frentes: control migratorio, combate al crimen organizado transnacional y limitación de la presencia de potencias extrahemisféricas en infraestructura crítica y recursos estratégicos.
En términos de negocios, ese marco ofrece incentivos y restricciones. El nearshoring impulsado por Estados Unidos puede favorecer a aquellos países que se presenten como plataformas industriales y logísticas confiables, integradas a cadenas de suministro “seguras” y compatibles con los estándares estadounidenses de ciberseguridad y control de datos. Pero al mismo tiempo restringe el margen para combinar, sin costo, inversiones de origen chino, europeo o ruso en sectores como puertos, 5G, litio o espacio.
Para Argentina, el mensaje es directo. El potencial en gas no convencional, agroindustria y minerales críticos se vuelve aún más relevante en un hemisferio donde la seguridad energética y de suministros es prioridad. Sin embargo, cada decisión sobre concesiones, licitaciones de infraestructura, alianzas tecnológicas o acuerdos de defensa será leída a la luz de la competencia entre Washington y Pekín, y del marco de la doctrina Monroe revitalizada.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional y la intervención en Venezuela no solo redefinen la relación de Estados Unidos con un régimen específico. Reconfiguran el entorno en el que América Latina negocia inversiones, acceso a mercados y autonomía política. La doctrina formulada en 1823 vuelve al centro de la escena, ahora cruzada por satélites, cadenas logísticas globales y flujos financieros. En ese tablero, la región deberá decidir si se limita a reaccionar ante cada movimiento o si logra construir una posición propia dentro –y no solamente debajo– de la sombra alargada de la doctrina Monroe.
