El Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA publicó la edición 2025 del IGEC, una herramienta que busca traducir la “hipercomplejidad urbana” en un tablero comparable. El estudio releva cinco dimensiones, desagregadas en 31 variables y 159 indicadores, y analiza diez ciudades: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan, Resistencia y Mar del Plata.
El resultado global exhibe un promedio de 3,06 puntos (en una escala de 0 a 5), con un incremento interanual de 0,06 frente a 2024. La fotografía general sugiere un avance paulatino en la adopción de prácticas de gestión, aunque no uniforme: algunas dimensiones progresan y otras se estancan, con implicancias directas sobre el margen de maniobra fiscal, la capacidad de inversión y la legitimidad de la administración local.
Un índice para medir capacidad de gestión
El IGEC asume una premisa: la “ciudad inteligente” no se define por la cantidad de tecnología instalada, sino por la calidad de la decisión pública y su capacidad de sostener políticas en el tiempo. En esa línea, la dimensión político-institucional pone el foco en fortalecimiento institucional, participación ciudadana, planificación urbana, gobernanza y transparencia, innovaciones de gestión y alianzas estratégicas.
El relevamiento 2025 muestra que la dimensión político-institucional promedió 2,93 puntos (versus 2,85 en 2024), un avance de 0,08. La mejora es consistente con un patrón observable en gobiernos locales: el impulso a la digitalización de trámites y la publicación de datos suele ser más rápido que la reforma organizacional o la modernización normativa que exige continuidad política.
En desarrollo económico, el índice evalúa solvencia, eficiencia en la gestión, competitividad estructural, atracción de inversiones, radicación de industrias de punta, ecosistemas de emprendedores y proyección internacional. El promedio 2025 fue de 3,09, con una mejora interanual de 0,10. Allí se observa una lectura relevante para el sector privado: la competitividad urbana se construye, cada vez más, con regulaciones simples, infraestructura confiable y capacidad de coordinación público-privada.
El ranking global y sus matices
En el puntaje agregado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con 3,65, seguida por Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). Detrás se ubican San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16). San Juan y Santa Fe empatan en 2,98; luego aparecen Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54).
El informe destaca que Buenos Aires encabeza “la totalidad de las dimensiones” además de la tabla global, mientras que el resto alterna posiciones según el eje considerado. En términos de gestión pública, ese detalle importa: el desempeño agregado puede ocultar debilidades estructurales en una dimensión específica, que luego se expresan en problemas de ejecución presupuestaria, atrasos regulatorios o deterioro de servicios.
El IGEC también sugiere un ordenamiento en “grupos” de ciudades. Se observa paridad entre Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Rosario, Santa Fe y San Juan, y luego un escalón con Salta y Mar del Plata, con Resistencia por debajo. Esta estratificación introduce una discusión de política pública: la convergencia no depende solo del tamaño económico, sino de capacidades institucionales, continuidad de políticas y uso efectivo de información.
Dónde creció más y dónde aparecieron alertas
La dimensión que más mejoró en términos interanuales fue medio ambiente: alcanzó un promedio de 3,09, con un salto de 0,19 respecto de 2024 (2,90). En esa dimensión, Buenos Aires lidera con 3,76, seguida por Mendoza (3,65), San Miguel de Tucumán (3,37) y Córdoba (3,35). El informe incorpora en este eje variables como sostenibilidad, movilidad y transporte, espacios verdes, eficiencia energética, cultura ecológica y gestión de residuos.
En contraste, tecnología e infraestructura —la dimensión con promedio más alto— fue la única que retrocedió: promedió 3,14 en 2025, contra 3,24 en 2024 (-0,10). La caída, aunque leve, opera como señal temprana: cuando el componente tecnológico pierde tracción, suele anticipar problemas de mantenimiento, demoras en inversiones, restricciones presupuestarias o dificultades para sostener proyectos más allá del anuncio.
Aun así, el desempeño relativo sigue siendo elevado: seis ciudades superan los 3 puntos en esa dimensión. Buenos Aires alcanza 3,75; San Miguel de Tucumán, 3,47; Córdoba, 3,39; Mendoza, 3,38; Mar del Plata, 3,31; y Rosario, 3,27. El dato sugiere que el esfuerzo de digitalización y cobertura de servicios existe, pero convive con una pregunta de fondo: cuánta de esa infraestructura se integra a decisiones basadas en evidencia, y cuánta queda como una suma de iniciativas dispersas.
En sociedad, el índice se apoya en un consenso extendido: educación y acceso a la cultura como herramientas centrales para construir resiliencia urbana. El promedio fue 3,08, con mejora de 0,07. Buenos Aires (3,70) lidera, seguida por Córdoba (3,29) y Mendoza (3,25).
Qué deja el IGEC para la agenda 2026
El IGEC funciona como termómetro y, al mismo tiempo, como guía de priorización. La lectura de 2025 deja al menos tres consecuencias prácticas.
La primera es institucional. La mejora en política e instituciones (promedio 2,93) sigue por debajo de otras dimensiones. En la lógica del índice, eso implica que los avances tecnológicos y ambientales tienden a rendir menos si no se consolidan mecanismos de gobernanza, planificación y transparencia. En términos empresariales, se traduce en mayor incertidumbre regulatoria, tiempos administrativos más largos y costos de transacción altos para invertir, operar o expandirse.
La segunda es presupuestaria. El retroceso en tecnología e infraestructura, aunque pequeño, sugiere que la restricción fiscal empieza a sentirse en rubros donde el gasto de capital y el mantenimiento compiten con urgencias sociales. El riesgo no es solo “hacer menos”, sino perder continuidad: sin estándares, interoperabilidad y gestión del ciclo de vida de los sistemas, la tecnología se convierte en gasto y no en productividad pública.
La tercera es estratégica. El avance en medio ambiente abre una oportunidad: muchas inversiones urbanas con impacto climático (movilidad, eficiencia energética, residuos) admiten esquemas de financiamiento mixtos, métricas verificables y alianzas con el sector privado. Para ciudades con puntajes globales cercanos a 3 —San Juan y Santa Fe (2,98), por ejemplo— el salto cualitativo podría depender menos de grandes obras y más de consistencia institucional, datos y coordinación.
El IGEC no reemplaza la política: la ordena. En la discusión pública argentina, donde la agenda urbana suele fragmentarse en anuncios, el valor del índice reside en su capacidad de comparar y, sobre todo, de mostrar que la brecha principal no siempre está en la falta de ideas, sino en la ejecución sostenida.
