El año legislativo 2025 concluyó con el Congreso nacional sancionando apenas 11 leyes, la cifra más baja de los últimos diez años. El período ordinario cerró el 30 de noviembre en un contexto de escaso consenso entre fuerzas políticas y una agenda dominada por la oposición.
En total se llevaron a cabo 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, reflejando las dificultades para acordar iniciativas. Durante este período se registró un uso inédito de los emplazamientos a comisión: la oposición promovió 20, mientras que en años previos el máximo había sido de tres, buscando forzar el tratamiento de proyectos ante la reticencia del oficialismo a habilitar debates.
Entre las leyes sancionadas se incluyen tres acuerdos internacionales pendientes de la presidencia de Alberto Fernández y ocho propuestas impulsadas por la oposición, como la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No se aprobaron proyectos presentados por el oficialismo.
Siete de las 11 leyes aprobadas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo; en tres casos, el Congreso insistió y revirtió el veto. Además, la tensión entre poderes se reflejó en el rechazo de cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) sobre un total de 33 emitidos en 2025.
La estrategia legislativa del oficialismo estuvo limitada por su debilidad numérica. Tras las elecciones de octubre, la nueva composición del Congreso abre la posibilidad de un panorama más propicio para el Gobierno si logra construir alianzas.
El año cerró con un Congreso en el que la oposición sostuvo su agenda a través de herramientas legislativas y un nivel de producción de leyes históricamente bajo, según el balance anual.
