Si las consecuencias no fueran tan graves, hubiera sido una farsa divertida. Pero los argentinos no estamos de humor apropiado para apreciar las sátiras de nuestra vida institucional. En apenas 24 horas, se hizo renunciar al ministro de Economía que había atado su destino a lograr un convenio con el FMI; se insinuaron amenazantes medidas de ruptura con el organismo internacional; se barajaron infinidad de nombres para ocupar la vacante de Remes algunos rechazaron el ofrecimiento, otros fueron vetados y en medio de febriles negociaciones con gobernadores y líderes parlamentarios se firmó un convenio que promete acelerar las medidas que reclamaba desesperadamente el infortunado Remes. Ya estábamos de nuevo en el redil. Apenas una ligera nota de rebeldía: la decisión de utilizar un mecanismo de cambio fijo para el dólar (veremos cuántos días aguanta cuando el FMI vuelva a presionar).
Todo comenzó en el contexto de un feriado bancario y cambiario de duración indefinida, cuando el Congreso se rebeló contra el nuevo Plan Bonex. El significado de esta iniciativa de Remes Lenicov era doble: por un lado pretendía detener la fuga de depósitos, que durante la primera quincena de abril ya superaba los 220 millones de pesos diarios; por otro lado, era un reconocimiento de que la pesificación había fracasado.
En su lugar, el Congreso aprobó un proyecto de ley enviado de apuro por el Poder Ejecutivo que establece que no habrá devolución de depósitos hasta que no haya sentencia en firme. Un camino procesal que deberá contar, inevitablemente, con apoyo de la Corte Suprema.
Pero la historia no ha terminado. Si no reaparece el Plan Bonex con otro nombre y apariencia, habrá que buscarle un sustituto eficaz para evitar el drenaje del dinero depositado a la vista en cuentas corrientes y cajas de ahorro, que sin pausa se dirigen a convertirse en dólares.
Con el derrotado Plan Bonex se buscaba terminar en gran parte el problema del corralito. Pero todavía hubiera quedado un flanco importante por atender: el dinero depositado a la vista en cajas de ahorro y cuenta corriente que se estima en $ 25.000 millones (más 5.000 millones en “monedas provinciales”).
El dinero en circulación, el que está en la calle, en los bolsillos de la gente, lo que se llama la “masa transaccional” es del orden de los $ 13.000 millones. Esa suma seguirá cambiando de mano y de bolsillo, y es la mínima que se requiere para mantener en funcionamiento la economía cotidiana.
Pero lo que está depositado en cajas de ahorro y cuentas corrientes, es más de lo que técnicamente se considera base transaccional. Supongamos que los tenedores de estos depósitos por 25.000 millones decidieran masiva y unánimemente pasarse al dólar. Estarían demandando entonces (US$ 1 igual a $ 3) una suma del orden de US$ 8.000 millones.
He aquí el punto crítico. El Banco Central debe estar dispuesto (piense lo que piense el Fondo) a intervenir activamente en el mercado volcando sus reservas del orden de US$ 12.500 millones hasta donde sea necesario para absorber esos pesos y anular una demanda potencial.
Para ello hacen falta tres cosas: una, la decisión explícita y sin retroceso de intervenir activamente en política monetaria; recurrir a la flotación sucia (que tanto disgusta al FMI); y asumir una nueva actitud desafiante ante la misión del Fondo.
La misión del FMI que viene en mayo coincidirá con los vencimientos de cuotas de créditos a organismos multilaterales de crédito. Seguramente para ese momento varios de los requisitos exigidos estarán satisfechos. Por ejemplo, la modificación de la ley de quiebras y la redefinición de subversión económica. Algunos avances importantes habrá también en la pretensión de firmar acuerdos sobre reducción del déficit fiscal entre cada provincia y la nación.
El gran tema pendiente será el de la flotación totalmente libre exigida por la misión encabezada por Anoop Singh. Si Economía y el Banco Central están en medio de la batalla por domeñar la paridad cambiaria a partir de un cambio fijo, con activa participación en la política monetaria, el mensaje a transmitir será otro. Tal vez el Fondo esté dispuesto a dar un plazo para este experimento si se promete retornar a la flotación libre en un lapso cercano.
En un aspecto, los legisladores tenían razón: los bancos salían favorecidos con el frustrado Plan Bonex. Por un lado se sacaban el peso de los ahorristas en asamblea permanente; en segundo lugar, descargaban de su activo la deuda pública, de muy difícil cobro. Por último, mantendrían la cartera privada contra un pasivo que se limitará a las cuentas a la vista.
Ahora bien. Si no hay Bonex tendrá que haber un sustituto. Si así no fuera hay dos caminos: o se deja caer el sistema financiero; o se sobreemite para salvarlo y avanzamos a toda velocidad hacia la hiperinflación. ¿Y cuál podría ser el plan alternativo? Cada banco emitiría sus propios certificados sobre su deuda, con la garantía de sus activos ( para lo cual deberán recuperar los créditos otorgados). Esos certificados tendrían un valor de mercado acorde con la calidad de la garantía que se le atribuya a cada banco. Eso podría crear una situación muy difícil para los bancos oficiales, cuyos certificados podrían tener la más veloz depreciación.