El 19 de noviembre de 2025, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron el informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”. El documento, elaborado a 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, expone que la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de atención que contraviene la normativa y vulnera derechos humanos.
La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, estableció la obligación de cerrar manicomios y neuropsiquiátricos, promoviendo un sistema de atención comunitaria en salud mental. Su decreto reglamentario fijó 2020 como fecha límite para sustituir estos establecimientos por dispositivos en el primer nivel de atención, salas en hospitales generales y servicios de apoyo a la vida en comunidad.
De acuerdo con el informe, en la Ciudad de Buenos Aires continúan funcionando los cuatro hospitales psiquiátricos públicos históricos, sin planes de adecuación. En 2024, estas instituciones concentraban el 94,4% de las camas de internación, mientras que los hospitales generales solo el 5,6%. El documento señala que no se registra una reducción progresiva de internaciones; por el contrario, según datos oficiales, en 2024 aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos respecto a 2023.
Las condiciones en estos centros, según el informe, impiden vivir dignamente, exponiendo a las personas a infraestructuras precarias, aislamiento, diversas formas de violencia física y psicológica, y prácticas de sobremedicación. Además, las muertes en estos espacios no suelen investigarse en profundidad.
El informe también indica que la Ciudad dispone de solo siete residencias asistidas con capacidad para setenta y siete personas y cuatro grupos familiares, sin vacantes disponibles. El 75,6% del presupuesto ejecutado en 2024 se destinó a los hospitales psiquiátricos, mientras que el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) fue desfinanciado.
“Dejar atrás los manicomios no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social”, concluye la publicación de ACIJ y CELS.
