Meses después de la apertura del primer dispensario legal en la ciudad de Nueva York, el balance del programa estatal de cannabis sigue lejos de las expectativas iniciales. El mercado formal crece, pero lo hace sobre un terreno poblado por cientos de comercios ilegales, reglas cambiantes y una carga impositiva que deja márgenes estrechos. La experiencia neoyorquina se convirtió así en un caso de estudio para gobiernos y empresas que miran el negocio del cannabis en el mundo.
Un arranque lento y desordenado
Nueva York aprobó el uso recreativo de marihuana en 2021, con la promesa de crear una industria regulada que generara empleo, recaudación y oportunidades para emprendedores afectados por la política prohibicionista. Sin embargo, la implementación fue lenta. Cuando abrió el primer local autorizado, ya operaban miles de puntos de venta informales en la ciudad y el estado.
El diseño normativo priorizó las licencias para pequeños comerciantes y para personas con antecedentes por delitos vinculados al cannabis. El objetivo social fue reconocido, pero la ejecución mostró demoras administrativas, criterios de evaluación poco claros y la intervención de múltiples agencias, lo que encareció y alargó los plazos de habilitación, según coinciden análisis de despachos legales y cámaras empresarias.
Aun así, el mercado empieza a tomar volumen. En 2025, las autoridades estatales celebraron la apertura del dispensario número 500 y ventas acumuladas por unos US$ 2.300 millones desde el lanzamiento del programa de uso adulto. La comparación con los casi 2.000 comercios ilegales que llegaron a operar en paralelo muestra la magnitud del desafío para formalizar la oferta.
Regulación severa y presión fiscal
El marco regulatorio neoyorquino combina impuestos estatales y locales con tasas específicas sobre la potencia del producto. A eso se suma un obstáculo que comparten todos los estados de EE.UU.: al nivel federal, el cannabis sigue clasificado como sustancia de la lista I, lo que impide a las empresas descontar gastos normales en el impuesto a las ganancias y limita su acceso al sistema bancario tradicional.
El resultado es una estructura de costos elevada para los operadores legales frente a un mercado informal que no paga impuestos ni cumple normas sanitarias. Dispensarios pequeños señalan que el peso regulatorio y las tarifas de alquiler en zonas comerciales reducen el margen de rentabilidad y obligan a competir por precio con negocios no registrados.
La administración federal inició en 2024 un proceso para reclasificar el cannabis en una categoría menos restrictiva, lo que, de concretarse, aliviaría parte de la carga fiscal y financiera sobre el sector. Sin embargo, la decisión aún no se materializó y la industria opera en un entorno híbrido: legal a nivel estatal, pero todavía cuestionada en la legislación nacional.
Estados Unidos: un mosaico de modelos
La experiencia neoyorquina se inserta en un mapa estadounidense fragmentado. A mayo de 2025, 24 estados y Washington D.C. legalizaron el uso recreativo de cannabis, mientras que 38 estados lo permiten al menos con fines médicos. El resultado es un mosaico regulatorio que va desde mercados maduros, como Colorado o California, hasta jurisdicciones donde el consumo sigue penalizado.
Esta heterogeneidad genera oportunidades comerciales, pero también complejidad operativa. Las compañías no pueden trasladar libremente producto entre estados, los requisitos de trazabilidad varían y la situación federal condiciona el acceso a capital. Para los inversores, el sector combina alto potencial de crecimiento con riesgos regulatorios difíciles de anticipar.
En ese contexto, Nueva York funciona como termómetro de una segunda ola de legalización: una etapa en la que ya no se discute sólo si permitir el consumo, sino cómo diseñar marcos normativos que logren desplazar al mercado ilegal sin provocar una expansión descontrolada del uso problemático.
Pioneros globales y nuevas incorporaciones
Más allá de Estados Unidos, el cannabis legal avanza con distintas velocidades. Uruguay fue el primer país en regular integralmente la cadena de producción y venta con fines recreativos, a partir de 2013. Canadá siguió en 2018 con un modelo de licencias comerciales y fuerte rol de las provincias. Ambos se convirtieron en referencias para reguladores y consultoras.(Naciones Unidas: Oficina de Drogas y Crimen)
En Europa, el hito más reciente fue Alemania, que legalizó el consumo adulto en 2024 bajo un esquema mixto: autocultivo limitado, clubes de cannabis sin fines de lucro y planes piloto para la venta comercial en determinadas regiones. Malta, Luxemburgo, Georgia, la República Checa, México, Sudáfrica, Chile y otros países también avanzaron con esquemas de legalización o despenalización del uso recreativo.(cannabusinessplans.com)
En paralelo, el uso medicinal de cannabis se expandió con rapidez. Informes sectoriales estiman que más de 40 países cuentan con algún tipo de marco legal para la prescripción médica, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Israel, Italia, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y buena parte de Europa occidental. Estos programas permiten la importación o el cultivo controlado de flores, aceites y derivados farmacéuticos, con distintos niveles de regulación y cobertura de seguros de salud.
Repliegues y señales de cautela
El avance no es lineal. Tailandia se convirtió en 2022 en el primer país asiático en despenalizar la marihuana casi por completo, lo que generó la apertura de miles de comercios orientados al turismo. Sin embargo, en 2025 el gobierno decidió reclasificar el cannabis como narcótico, restringir su venta a usos médicos y establecer sanciones para el consumo recreativo.
El giro tailandés refleja un movimiento más amplio de reconsideración. En varias jurisdicciones donde se ampliaron los permisos, las autoridades enfrentan debates sobre la edad mínima de acceso, la publicidad, el impacto en la seguridad vial y la concentración empresarial del negocio. Organismos de salud pública reclaman sistemas de monitoreo más estrictos y campañas de información sobre riesgos de consumo intensivo.
Al mismo tiempo, en regiones como Medio Oriente y buena parte de Asia central y del sudeste asiático, la posesión de pequeñas cantidades de cannabis sigue castigada con penas severas de prisión. El mapa global es, por ahora, una mezcla de liberalización en América y Europa con regímenes estrictos en otras zonas.
Negocio emergente, reglas en construcción
Desde la perspectiva de negocios, el cannabis legal conforma una industria en transición. Consultoras especializadas destacan el crecimiento de segmentos asociados —cultivo industrial, ingredientes para alimentos y bebidas, productos de bienestar, logística y tecnología de seguimiento— como espacios de inversión con menor exposición política que la venta minorista.
Las decisiones regulatorias moldean la estructura competitiva. Modelos como el uruguayo, con monopolio estatal de la venta en farmacias, limitan la escala empresarial pero dan previsibilidad normativa. Otros, como el canadiense, habilitan la participación de grandes grupos listados en bolsa, sujetos a reglas de transparencia, pero expuestos a volatilidad en precios y cambios de legislación.
En mercados incipientes, la definición del nivel de impuestos es uno de los puntos críticos. Una carga fiscal elevada desalienta al consumidor a migrar desde el mercado ilegal, mientras que una presión demasiado baja resta recursos para financiar campañas de prevención y control sanitario. Nueva York ilustra esa tensión: el estado busca aprovechar una nueva fuente de ingresos, pero si el diferencial de precio con el circuito informal es demasiado amplio, la formalización se vuelve lenta.
Lo que deja la experiencia neoyorquina
Para los responsables de política pública, el caso de Nueva York deja varias lecciones. La primera es que la mera legalización no elimina de inmediato el mercado clandestino: se requieren tiempos de adaptación, incentivos económicos claros y capacidad de fiscalización. La segunda es que los objetivos de equidad social y de desarrollo empresarial pueden entrar en tensión si los requisitos para obtener licencias son complejos o cambian con frecuencia.
Para las empresas, la conclusión es similar. El cannabis legal aparece como un negocio de alto potencial, pero no como un sector de rentabilidad garantizada. La viabilidad depende de la escala, de la eficiencia en la cadena de suministro y, sobre todo, de la estabilidad regulatoria. Los movimientos recientes en Alemania, el repliegue en Tailandia y el ajuste constante de normas en Estados Unidos confirman que el marco jurídico está lejos de estar cerrado.
En ese escenario, Nueva York funciona como un espejo de los desafíos globales del cannabis legal: una industria que busca institucionalizarse entre la presión fiscal, la competencia de la economía informal y un debate social que todavía no termina de resolverse. Para gobiernos e inversores, el mensaje es claro: el negocio del cannabis ya es parte de la economía formal en buena parte del mundo, pero su consolidación dependerá menos del entusiasmo inicial y más de la capacidad de diseñar reglas sencillas, previsibles y sostenibles en el tiempo.
