EE.UU. marcha alegremente hacia un megadéficit alucinante

La disyuntiva se explica en un trabajo de Kent Smetters, profesor en gestión
de riesgos –Escuela de Negocios Wharton, Universidad de Pennsilvania–
y Jagadish Gokhale, analista de la Reserva Federal (Cleveland). Ambos sostienen
que el sistema contable del gobierno central –y de muchos estados de la
Unión– mira hacia atrás y es incapaz de cuantificar siquiera
aproximadamente futuras erogaciones. En particular, las atinentes a seguridad
social y asistencia médica.

Proyecciones apocalípticas

El documento, “Desequilibrios fiscales y generacionales: nuevos parámetros
presupuestarios para nuevas prioridades”, estima el desequilibrio potencial
acumulable –deuda pendiente más déficit previsibles en el
futuro– en una cifra alucinante: US$ 45,47 billones (millones de millones),
a valores del ejercicio fiscal 2003 (cierra en septiembre). Si no se adoptan
correctivos inmediatos, la proyección alcanzará US$ 53,96 billones
hacia 2008. Si bien se trata de “acumulables” en los próximos
75 años, ambas cifras –respectivamente 4,4 y 5,3 veces el producto
bruto interno del corriente año– ponen en ridículo la actual
deuda global (US$ 3,8 billones), un acumulado “hacia atrás”.
Estadísticamente, la primera hipótesis implica un déficit
mínimo de US$ 606.267 millones cada año a valores constantes.
La segunda eleva esa cota a US$ 719.467 anuales. Debe recordarse que, en los
últimos cálculos, el rojo de 2003 (US$ 425.000 millones) es ya
un récord absoluto en Estados Unidos y en el mundo.
En la proyección “inicial”, US$ 37,59 millones del rojo (casi
80%) provendrán de erogaciones previstas para asistencia médica.
Esto refleja el creciente costo de atender una población cuya edad promedio
aumenta constantemente (por lo mismo, grandes empresas como General Motors se
hallan ya en mora previsional). En cuanto a seguridad social, sus US$ 7,2 billones
representan apenas 20% del rubro anterior. El resto del gasto federal muestra
un desequilibrio relativamente insignificante, US$ 676.000 millones. Poco más
relevantes parecen los dos paquetes de recortes tributarios citados al principio
(US$ 1,08 billón entre 2001 y 2012).
La clave del problema reside en el concepto de “valor actual”, necesario
para convertir futuros egresos e ingresos a dólares corrientes vía
ajuste por inflación. También sirve para descontar el valor de
dólares futuros en función de lo que paga el gobierno por los
fondos a largo plazo.

Misión imposible

Todo intento de corregir el desequilibrio fiscal que no emplee el concepto de
valor actual arriesga omitir más de 90% de las obligaciones futuras.
En términos de operaciones a valor actual, pues, el gobierno debiera
ir neutralizando de antemano aquellos US$ 45,47 billones si en verdad quiere
corregir desde ya el desequilibrio fiscal. Dado que eso es imposible –la
cifra cuadruplica el PBI nacional y equivale a un tercio del PBI global–,
será preciso programar a futuro drásticos recortes de gastos y
fuentes de ingresos que, en conjunto, igualen ese desequilibrio potencial en
dólares corrientes de 2003.
En materia de asistencia médica (“medicare”), el desequilibrio
potencial –de hoy a 75 años– orilla los US$ 22 billones y supera
el desajuste originado en los últimos 75 (15,7 billones). La diferencia
expresa el creciente costo por beneficiario individual. Eliminar ese desequilibrio
exigiría incrementos tributarios o bien, reducción de prestaciones
por un total de US$ 37,59 billones. A esta altura, hay que insistir en que billón
–trillion en inglés– equivale, para nosotros, a millón
de millones (mientras la denominación inglesa billion es equivalente
a mil millones en castellano).
El estudio reconoce que el gobierno estadounidense proyecta un horizonte de
75 años para calcular futuros déficit en seguridad social y asistencia
médica. Vale decir, un lapso similar al de la vida humana promedio en
las economías desarrolladas. Según estas pautas, el desequilibrio
potencial superará los US$ 17 billones a dólares de 2003, o sea
1,55 vez el PBI anual, para las próximas tres generaciones.
Ahora bien, Smetters había presentado este informe, en marzo, al comité
de Legislación de la cámara baja, durante una audiencia sobre
una posible enmienda constitucional, que impondría nuevas normas de equilibrio
presupuestario. Para ilustrar la magnitud del problema (un piso anual de US$
606.267 millones para el déficit fiscal a precios constantes de 2003),
el experto señaló que ese desajuste requeriría descontar,
a partir de 2004, 16,3% en sueldos y salarios, o sea el doble de lo que hoy
se destina a cobertura social, pensiones, etcétera.
Si se esperase hasta 2008 para adoptar una medida tan draconiana, el descuento
no debería ser menos de 17,4%. Si, en cambio, se optara por medidas no
centradas en los aportes sociales, el impuesto a los réditos debería
subir 66% o, de lo contrario, tendría que eliminarse todo gasto federal
no indispensable.
Una tercera posibilidad sería suprimir la mitad de partidas presupuestarias
ajenas a seguridad social y asistencia médica. Semejante opción
implicaría eliminar todo tipo de subsidio –empezando por el sector
agrícola– y reducir casi a cero las partidas para seguridad interna
(¡precisamente!), educación, obras públicas, etc. Aun en
esa hipótesis, subsistiría un desequilibrio potencial de US$ 3,4
billones; esto es, 3,3% del PBI a dólares de 2003. “Ni siquiera
eliminar para siempre la mitad del estado federal alcanzaría para sanear
del todo las cuentas federales”, sintetizó Smetters ante los legisladores.

Papeles que queman

Ese informe era al principio un documento para discusión interna, elevado
en 2002 –con cifras basadas en el presupuesto para el ejercicio siguiente–
a Paul O’Neill, entonces secretario de Hacienda. Por entonces, Smetters
era subsecretario de Políticas y Gokhale actuaba como consultor. Al momento
de la audiencia en el Congreso, reveló tiempo después el Financial
Times, el gobierno había excluido el documento del debate en torno del
presupuesto 2004.
El motivo era obvio: los compromisos presidenciales, centrados en la reelección,
exigían un segundo paquete de rebajas impositivas. Exactamente al revés
de lo sugerido por ambos técnicos. El senador Joseph Lieberman, precandidato
presidencial demócrata, también acusa a Hacienda de cajonear el
trabajo. En carta a su titular, John Snow, el legislador afirma que “esos
datos fueron eliminados poco antes de tratarse el presupuesto 2004” y exige
respuestas. Hasta fines de julio, no las había obtenido.
Poco después, Robert Inman –cátedra de economía y
finanzas, Wharton– se hizo eco de esa misiva e ignorando la “desmentida
de compromiso” por parte de Smetters y Gokhale, confirmó el artículo
del Financial Times. Obviamente, el trabajo de ambos expertos (en su texto final,
difundido por Wharton misma) demuestra que el fisco no puede afrontar las rebajas
impositivas dictadas por Bush, “a menos que se desmonten paulatinamente
el sistema de seguridad social y la red de asistencia médica. Temo que,
en un lapso relativamente corto, sea preciso adoptar decisiones muy duras”.
El informe Smetters-Gokhale es un factor tan esencial como ineludible y llama
la atención que los medios se ocupen tan poco del asunto. Especialmente
en el Río de la Plata, donde insumen tanto espacio en ventilar internas
del FMI o en columnas de opinadores a medida del sector financiero y bursátil.

¿Qué pasa con los aportes jubilatorios?

“La renuencia del gobierno a encarar gastos y obligaciones a largo plazo
refleja una actitud típica del electorado: no mirar más allá
del corto plazo y mostrar actitudes ingenuas respecto del presupuesto y los
impuestos”, puntualiza Olivia Mitchell, otra profesora de Wharton. “En
lo tocante a seguridad social y pensiones, mucha gente cree que sus aportes
van a una cuenta de banco, de donde los retirarán luego de jubilarse.
Pero eso no es así, ni siquiera en el sector privado. En realidad –explica
esta especialista en riesgos–, no saben que los fondos recaudados entre
quienes trabajan se usan para pagarles a los pasivos. No se acumulan con vistas
a los actuales aportantes y futuros beneficiarios.”
Mitchell integraba, en 2001, el comité presidencial para seguridad social,
un panel bipartidario que analizaba las futuras obligaciones federales respecto
del sistema jubilatorio. Tras apoyar el informe Smetters-Gokhale, la experta
trazó una comparación entre dos tendencias paralelas. Una, surgida
en el último decenio del siglo XX, es la ola de fusiones y adquisiciones,
con frecuencia sin sustento real. La otra ha sido fomentada por este gobierno
de Bush: privilegiar tributariamente a grandes empresas y ricos, en desmedro
del equilibrio fiscal.
La primera creó conglomerados hoy responsables por crisis en telecomunicaciones,
multimedios y vanguardia tecnológica. La segunda está promoviendo
crecientes déficit anuales en el presupuesto, máxime tras la aventura
bélica en Irak, por exceso de gastos improductivos. Hay un punto de contacto
entre ambos fenómenos: agotada la euforia posbélica, Wall Street
trata de recrear burbujas… anunciando otra ola de fusiones y adquisiciones
(negocio sólo para los intermediarios bursátiles).

Un asunto con varias historias

Una vez en circulación el estudio resumido arriba, el comité de
mercado abierto (Sistema de Reserva Federal) lo incorporó a su base de
datos. Por ende, en la reunión de junio para decidir tasas referenciales,
algunas estimaciones de Smetters-Gokhale confirmaron un secreto miedo del emisor:
la vuelta a los “déficit gemelos” en el mediano plazo, con
sus vastos riesgos macroeconómicos.
A la inversa de la gestión Clinton –que trocó el déficit
primario en superávit–, la actual llega al ejercicio 2003 (cierra
en septiembre) con proyecciones negativas entre US$ 425 y 475.000 millones.
En tanto, el déficit en cuenta corriente, o sea el nuevo endeudamiento,
se acerca a US$ 6,6 billones (65% del PBI). Hace cinco semanas, Goldman Sachs
–una cultora de la “nueva economía” y el optimismo reelectoral
en Wall Street– preveía para 2007 un rojo de US$ 769.500 millones.
Cabría preguntarse por qué, en ese momento, la Reserva Federal
no parecía sorprendida, aunque sí preocupada por esos números.
Tal vez porque el tema estaba sobre el tapete desde principios de diciembre
y hasta tuvo efímero estado público, vía un breve texto,
aparecido en el sitio de The Wall Street Journal una mañana y borrado
a la tarde. Era el resumen de un informe donde se proyectaba, para 2012, un
déficit cercano a 5% del futuro PBI.
¿De dónde había salido ese suelto?… Pues de una comunicación,
fechada 4/12/02, entre Daniel L. Crippen –director de la oficina presupuestaria
del Congreso– y el senador republicano George V. Voinovich. Crippen respondía
consultas del legislador resumiendo inquietantes proyecciones sobre el déficit
fiscal federal de 2003 a 2012. El trabajo incluía cinco series hipotéticas
con dos factores en común. El primero, que el gasto global siguiera expandiéndose
a razón de 8,5% anual acumulativo. El segundo componente residía
en mantener o ampliar las desgravaciones tributarias a sectores de altos ingresos,
clave del programa Bush (refleja el ofertismo tipo Jack Kemp, que en los años
’80 llevó a una crisis financiera).
En esas condiciones, había riesgo de que el rojo alcanzase de US$ 759.000
a 866.000 millones hacia 2012. Esto es, al terminar el segundo paquete de rebajas
impositivas, finalmente aprobado –con severas restricciones– en mayo.
Pero Voinovich ya había guardado violín en bolsa, a cambio de
una partida especial de fondos para el estado que representa, Ohio, uno de los
más ricos de la Unión. Como se ve, el intercambio de favores entre
el gobierno federal y el Poder Legislativo no es exclusividad de países
periféricos. M