El análisis del Reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET) ofrece una lectura crítica del proyecto de Presupuesto 2026 recientemente presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El informe sostiene que, aunque el Gobierno busca consolidar los logros fiscales obtenidos en 2024, los supuestos macroeconómicos utilizados resultan excesivamente optimistas y podrían tensionar la ejecución presupuestaria durante el próximo año.
El primer punto destacado es la proyección de crecimiento económico. El proyecto oficial prevé una expansión del 5,4 % en 2025, atribuida al rebote posrecesión y a una mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el IIEP advierte que esa meta es difícil de alcanzar: los indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración en el tercer trimestre del año, lo que implica que el cumplimiento de la proyección dependería de un repunte inusualmente fuerte en el cuarto trimestre. En contraste, el reporte estima un crecimiento más realista del 4,6 %.
El optimismo también se refleja en las hipótesis sobre inflación y tipo de cambio. El Presupuesto proyecta una inflación del 24,5 % para 2025 y del 10,1 % para 2026, mientras que el consenso de mercado la sitúa en 28,2 % y 18 %, respectivamente. Alcanzar los niveles previstos por el Ejecutivo implicaría reducir las tasas mensuales a menos del 1 %, algo poco compatible con la inercia inflacionaria actual y con la reciente suba de precios regulados.
Asimismo, el informe del IIEP subraya que el Presupuesto asume una apreciación nominal del peso —de AR$ 1.460 por dólar a AR$ 1.325 a fines de 2025— y una estabilidad cambiaria hasta 2026. Este escenario, según los autores, implicaría una apreciación real que podría deteriorar la competitividad de las exportaciones y limitar la capacidad de recuperación del sector productivo.
En materia fiscal, el proyecto mantiene la meta de un superávit primario del 1,5 % del PIB en 2025 y 2026. Si bien esa cifra muestra continuidad con la política de equilibrio fiscal impulsada por el presidente Javier Milei, es inferior al 2,2 % proyectado por el Fondo Monetario Internacional en su primera revisión del programa. La diferencia obedece, de acuerdo con el IIEP, a supuestos menos expansivos sobre los ingresos tributarios y no tributarios, aunque el gasto público se mantiene prácticamente sin cambios en ambos escenarios.
Del lado de los ingresos, se espera un aumento de 0,3 % del PIB por la normalización de los impuestos a los combustibles y la mejora en Ganancias y en el impuesto a las transacciones financieras. Sin embargo, la caída de 0,2 % en ingresos no tributarios deja una mejora neta marginal. En cuanto al gasto, tras el ajuste histórico de 5 % del PIB en 2024, el Presupuesto 2026 solo prevé un incremento de 0,1 % del PIB, destinado principalmente a transferencias corrientes, jubilaciones e inversión pública.
Entre los aspectos más sensibles, el informe del IIEP destaca la eliminación de la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. El artículo 73 del proyecto deroga las normas que vinculaban esos beneficios a la inflación. Si bien la medida otorga flexibilidad presupuestaria y refuerza el compromiso de equilibrio fiscal, también genera un riesgo social elevado. En palabras del informe, “la reforma podría agravar las condiciones de vulnerabilidad de los hogares con niños en un contexto donde el 52 % de ellos vive bajo la línea de pobreza”.
Otro punto relevante es la evolución de los pagos de intereses de la deuda. El Presupuesto prevé que representen solo el 1,2 % del PIB, cifra baja que se explica por la emisión de bonos capitalizables que difieren los pagos hasta el vencimiento. El IIEP advierte que esta estrategia, si bien mejora los resultados fiscales en el corto plazo, traslada obligaciones significativas hacia el futuro. Según la última revisión del FMI, los intereses capitalizados —registrados “por debajo de la línea”— equivalen ya a 1,5 % del PIB anualizado a mediados de 2025.
En síntesis, el Reporte de Política Fiscal concluye que el Presupuesto 2026 reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad fiscal, pero lo hace apoyándose en supuestos que podrían ser difíciles de sostener sin una recuperación económica sólida. La aparente solidez de las cuentas públicas descansa en un equilibrio delicado entre disciplina y vulnerabilidad social.
La historia argentina muestra que los presupuestos demasiado optimistas suelen enfrentarse a la realidad antes de cumplir su primer trimestre. El desafío del 2026 será mantener la coherencia fiscal sin resignar cohesión social. Solo si la estabilidad económica se traduce en bienestar tangible, la consolidación fiscal podrá dejar de ser un objetivo contable para transformarse en una verdadera política de Estado.
