El gobierno de Yamandú Orsi formalizó el domingo la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. El anuncio, encabezado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, junto a legisladores y funcionarios del Ejecutivo, se realizó en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Más allá de las prioridades señaladas —crecimiento económico, seguridad y protección social—, lo que distingue al presupuesto uruguayo es su estructura temporal: cada gobierno lo presenta una sola vez, al inicio de su mandato, y rige por cinco años.
Presupuesto y mandato presidencial
La Constitución uruguaya establece que el presupuesto debe ser enviado al Parlamento dentro de los seis meses posteriores a la asunción del presidente. Su duración coincide con el período de gobierno, que es de cinco años, sin reelección inmediata. El mismo plazo rige para los legisladores: tanto los 99 diputados como los 30 senadores son electos junto con el presidente y se renuevan en su totalidad cada período.
De esta manera, el presupuesto aprobado en los primeros meses de la gestión abarca toda la administración. No habrá una nueva instancia presupuestal hasta que un nuevo gobierno asuma, lo que convierte a esta ley en la herramienta central de planificación y gobernabilidad.
El rol del Parlamento
El Poder Legislativo uruguayo, de carácter bicameral, debate el presupuesto inicial con intensidad, dado que sus efectos se extienden sobre todo el período. El Senado es presidido por el vicepresidente de la República y la Cámara de Representantes funciona con el mismo mandato de cinco años. Este diseño sincronizado reduce el riesgo de bloqueos entre Ejecutivo y Legislativo, y concentra las tensiones políticas en el momento de la discusión inicial.
Una vez aprobado, el presupuesto quinquenal da previsibilidad: los grandes lineamientos de gasto, inversión y acuerdos salariales quedan establecidos. Las rendiciones de cuentas posteriores pueden introducir ajustes, pero no alteran la estructura general.
Una lógica de estabilidad
A diferencia de países como Argentina o Brasil, donde el presupuesto se aprueba anualmente, el esquema uruguayo ofrece un horizonte de mediano plazo. Esto permite diseñar políticas de infraestructura, educación o protección social con continuidad y sin depender de negociaciones constantes. También obliga a la oposición a plantear sus discrepancias de manera global, ya que la próxima oportunidad de incidir llegará recién con un cambio de gobierno.
El reciente acuerdo salarial con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que asegura dos años sin pérdida de poder adquisitivo, se inscribe en esta lógica. No se trata de un entendimiento anual, sino de una pieza dentro de un marco de cinco años que ordena las relaciones entre Estado y trabajadores.
Un engranaje institucional
El presupuesto uruguayo es más que un plan financiero. Es, en los hechos, un contrato político entre el gobierno electo y la ciudadanía. Traducido en cifras, consolida las prioridades expresadas en campaña y las dota de respaldo parlamentario. El sistema, al vincular presupuesto, mandato presidencial y renovación legislativa, otorga al país un rasgo distintivo: la previsibilidad institucional como base del funcionamiento democrático.
