El incremento de ataques de ransomware en Latinoamérica se ha consolidado como un desafío relevante para empresas y organismos públicos. Estos incidentes, caracterizados por el secuestro de datos y exigencia de rescate, generan paralización operativa y daños económicos significativos en toda la región.
De acuerdo con un estudio de Akamai, el 29% de las organizaciones latinoamericanas reportaron un ataque de ransomware en 2024, con una tendencia en ascenso, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. El tiempo promedio de inactividad posterior a un incidente asciende a 21 días, lo que implica riesgos para la reputación empresarial, la confianza de los clientes y el cumplimiento normativo.
Transformación digital y vulnerabilidades
Especialistas en ciberseguridad advierten que la acelerada transformación digital, sumada a la proliferación de sistemas interconectados, aumenta la exposición de las organizaciones regionales. Oswaldo Palacios, experto de Akamai Latinoamérica, sostuvo que “la rápida transformación digital de Latinoamérica, unida a las vulnerabilidades de los sistemas cada vez más conectados, convierte a la región en un objetivo atractivo para los ataques de ransomware”.
El anonimato que ofrecen las criptomonedas facilita el accionar de las bandas dedicadas a este tipo de delito informático, ya que los pagos son difíciles de rastrear y pueden convertirse en efectivo con rapidez.
Debate sobre el pago y respuesta institucional
La decisión de pagar el rescate para recuperar datos divide a las organizaciones. Si bien en ocasiones se utiliza para mitigar el impacto inmediato, no existen garantías de recuperación de información ni de ausencia de nuevos ataques. “Si bien el pago de un rescate puede parecer una solución inmediata frente al ransomware, en la práctica no ofrece garantías de recuperar los datos ni de evitar futuras amenazas. Además, fortalece el modelo criminal y genera dependencia”, afirmó Palacios.
El informe de Akamai revela que el porcentaje de entidades que rechazan el pago creció del 50% en 2022 al 64% en 2024, en línea con la postura de la mayoría de los gobiernos de la región.
Prevención y resiliencia como claves
La recomendación de los especialistas se orienta a fortalecer capacidades de prevención, resiliencia y respuesta, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa sin recurrir a pagos extorsivos.
El impacto económico proyectado a nivel global para 2031 supera los 276.000 millones de dólares anuales, según estimaciones recogidas en el informe.
