Opinión |

La intención parecería ser tener regulación inteligente que ofrezca seguridad pero que no ahogue la innovación. Reglas que inhiban el juego irresponsable sin anular la sensata toma de riesgos. Limitar los excesos durante las bonanzas y anticiparnos a la liquidación de empresas cuando las cosas andan mal. Demasiado pedir.
En verdad, la idea de que estos problemas surgen de poca regulación y podrían ser resueltos con más regulación no encaja en todas las realidades. La actual crisis financiera se centra alrededor de bancos de inversión altamente regulados, mientras que a los fondos de cobertura, con muy poca regulación, no les está yendo tan mal. Dos de los más grandes villanos fueron Fannie Mae y Freddie Mac, que, en teoría, “eran probablemente las instituciones financieras más supervisadas del mundo”, según dijo Jonathan Kay en Financial Times.
Y sin embargo no hay consenso sobre qué causó esta burbuja.
Algunos culpan a las políticas monetarias de la Reserva Federal, pero otros dicen que la Fed sólo tuvo un efecto marginal. Algunos argumentan que una ola enorme de inversiones fue lo que permitió que viviéramos por encima de los medios existentes, mientras otros dicen que malas regulaciones contables después de Enron crearon una reacción en cadena de pérdidas.
No hay una explicación clara sobre el pasado, y sin embargo se pondrá el acento en regulaciones que interpretarán el presente y diagnostiquen el futuro. Será interesante comprobar cómo va a ser el próximo modelo de negocios de Wall Street, y en qué se diferenciará la próxima crisis de la actual.
Entre tantas voces, algunas antiguas reclaman por el mito perdido: los mercados se regulan solos. Allan Meltzer (viejo conocido de la Argentina durante la década pasada), inflexible a sus 80 años, sostuvo que los malos banqueros “no deben ser financiadas por los contribuyentes”. No estaba solo.
“Estos problemas no les caben a los contribuyentes. EE.UU no dispone de superávit para permitirse estos planes y eso es socialdemocracia en su peor expresión”, proclamaba el experto en historia de la política monetaria y coautor, en 1995, de una propuesta para instituir la figura de quiebra soberana.
Para George W. Bush, esta ola de turbulencias signa un final de mandato peor que el de otro republicano, Herbert C. Hoover, en 1933. Su largo gobierno, tras inaugurar otra fase de capitalismo estatal –liquidando el modelo anglosajón pergeñado por el monetarismo neoclásico–, no logra explicarle al público qué hace o por qué.
Esta tarea les cabe a Henry Paulson (hombre de Goldman Sachs en el Tesoro) y Benjamin Bernanke, experto universitario en crisis financieras antes de llegar a la Reserva Federal.
El drama queda agudamente ilustrado en una viñeta que el Corriere della sera puso en primera página el jueves 18 de septiembre. La efigie de George Washington, desde un billete de dólar, le alcanza a Bush una pila de billetes. “Acá tiene el préstamo ¿y la garantía?”, inquiere. “Una hipoteca sobre la Casa Blanca –replica el Presidente–, pero no le diga nada a McCain”.
Más allá de amplias diferencias entre 1929 y 2008 (entonces no había jugadores como Japón, China, India, Brasil, Rusia o los exportadores petroleros, todavía no acoplados a este desmadre), lo sucedido en Wall Street y Londres es un clásico. El negocio financiero –hoy le dicen “industria”, una ironía cruel: sólo fabrica globos– produjo dos burbujas en 12 años, la puntocom y la inmobiliaria. La segunda desembocó en una doble crisis de malas hipotecas e iliquidez. La causa final remite a los tulipanes holandeses del siglo 17: es la codicia, en contextos mal o no regulados. Los grandes pensadores de los siglos 19 y 20 llamaban a eso “capitalismo salvaje” o, sencillamente, especulación pura.
Un plan incierto y costos dudosos
¿Cuánto pagaría alguien por una casa que nadie quiere y en un mal vecindario? Esta situación afrontaba el Tesoro estadounidense mientras armaba un gigantesco rescate de entidades financieras víctimas de sus malas apuestas.
El titular de la cartera, Henry Paulson, Benjamin Bernanke (Reserva Federal) y el propio George W. Bush se proponían gastar US$ 694.000 millones –si no 1,1 billón– para tomar activos tóxicos que hasta Wall Street tiene dificultades para justipreciar. Entretanto, el Congreso y los ciudadanos del común temían y temen que ese tipo de iniciativas termine con el fisco pagando mucho más de cuanto esos activos valen. En beneficio, claro, de los banqueros y en perjuicio de los contribuyentes.
Cualquiera que haya intentado comprar o vender esa clase de activos cuando se caen los mercados sabe cuán arduo es ponerse de acuerdo sobre precios. Pero evaluar los títulos que Paulson pretende es mucho más difícil: cada paquete está atado a miles de hipotecas individuales y muchas colapsan a medida como se desinfla el mercado. Éste es uno de los mecanismos que el FBI y la comisión de valores (SEC) escrutan en pos de fraudes.
“Probablemente no podamos por años definir valores subyacentes”, señala Andrew Feltus, de Pioneer Investments. “Durante largo, largo tiempo no sabremos si el precio real será 20, 40 ó 60 centavos por cada dólar nominal”. Mientras el valor de una acción no es misterio –se ve en pantalla día y noche–, las colocaciones tóxicas no se negocian de ese modo, su mercado es opaco, opera por teléfono y pasan días sin transacciones.
Por ejemplo, el rescatado Bear Stearns empaquetó los préstamos en 37 tipos diferentes de títulos, clasificados según grados de riesgo, para recolocar entre bancas de inversión, fondos de cobertura –ahí aparecen los derivativos– y aseguradoras. Cuando las hipotecas básicas entran en cese de pagos, primero sufren los bonos en la base de cada paquete. Después, los siguen los demás, en escala descendente de riesgo.
El mecanismo genera carteras tóxicas. Inicialmente calificados AAA, los bonos más antiguos han sido degradados a categoría chatarra durante los últimos días. Para peor, valuar títulos hipotecarios implica adivinar cuántos propietarios se atrasarán en las cuotas o, si el banco los embarga, a qué precios revenderán las viviendas.
Los costos estimados
¿Cuáles son los costos de largo plazo de que Washington intervenga para restaurar el orden después de que muchos acaudalados financistas se hicieran mucho más ricos mediante lo que ahora aparece como temerarias apuestas a los inmuebles, apuestas que ahora son cubiertas por dineros públicos?
Algunos cuestionan la conveniencia de aumentar la deuda nacional en un momento en que la Tesorería depende de la buena disposición de extranjeros para pagar las cuentas. Aun así, hay amplio acuerdo en cuanto a la necesidad de una intervención como la que propone la Tesorería.
El plan encontró mucho escepticismo. La idea es que la Tesorería podría gastar hasta US$ 700.000 millones para comprar inversiones ligadas a hipotecas, luego vender lo que pueda mientras sortea los complicados detalles de los préstamos. Pero nadie sabe realmente cuánto saldrá esta compleja telaraña cósmica y así el precio final para el contribuyente todavía no se conoce.
Además, ¿qué mensaje envía eso al próximo banco de inversión atrapado en la próxima burbuja especulativa y contemplando los riesgos de saltar mientras se pregunta quién paga el pato si las cosas salen mal?
Muchos economistas dicen que esas cuestiones no vienen al caso. La nación se encuentra en las garras de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. “El riesgo de terminar como Japón, con 10 años de estancamiento, es ahora mucho menor”, dijo Nouriel Roubini, un economista de la universidad de Nueva York. “El tren de la recesión dejó ya la estación, pero van a ser 18 meses en lugar de 5 años.”
Si el plan funciona, atacará la causa central de los problemas económicos de Estados Unidos: la prolongada caída en los precios de los inmuebles. Si los bancos vuelven a dar crédito, las hipotecas volverían a estar a disposición. Eso daría a más gente la posibilidad de comprar un hogar, elevando los precios de las viviendas o al menos impidiendo que sigan cayendo. Eso impediría que fracasaran más inversiones ligadas a hipotecas, y aliviaría la presión sobre los bancos. Como resultado, terminaría la actual espiral hacia abajo y comenzaría a subir.
Interrogantes sin respuestas
El programa de rescate propuesto exige que el Gobierno invierta hasta US$ 700.000 millones para comprar hipotecas malas. ¿Cómo se llegó a esa cifra? ¿Hay posibilidad de que sea mayor?
El paquete de recuperación no puede ir más allá de US$ 700.000 millones sin legislación adicional. En cuanto a esa cifra, se encuentra a mitad de camino entre el cálculo optimista de US$ 500.000 millones y el pesimista de US$ 1 billón sobre el costo de desembrollar esta madeja increíble.
¿Quién va a poner los US$ 700.000 millones? Los contribuyentes estadounidenses aportarán el dinero, aunque si uno es optimista sobre Estados Unidos a largo plazo, hay razones para esperar que la cuenta sea inferior. Después de que el Tesoro compre esas hipotecas malas, tratará de revenderlas a inversionistas. La participación del Tesoro en la crisis podría generar optimismo y elevar el valor de esas hipotecas, aunque es imposible decir en cuánto.
Lo cierto es que la administración y el Congreso, que no intentaron buscar dinero para mejorar el sistema de salud del país o reparar puentes y túneles, están dispuestos a poner US$ 700.000 millones para salvar el sistema financiero.

