Opinión |
Foto: DYN
Su muerte movió a la honra masiva. No resulta extraño. Raúl Alfonsín fue un gran demócrata y dio lecciones de probidad política.
Sin embargo, hay una faceta de este ilustre difunto que pocos han registrado.
El fundamentalismo neoliberal de los 90 hizo creer que el Estado no debía regular, siquiera, la actividad de los bancos o la de los servicios públicos. Fue el tiempo en que se izó e hizo flamear la bandera del “Estado mínimo”, ocupado apenas de la seguridad, la salud y la educación. Nada más. Y en competencia con el sector privado.
Semejante posición, que ha llevado al mundo a las desdichas actuales, hizo aparecer a Alfonsín –durante el Gobierno de Carlos Menem– como un “estatista”, empeñado en defender una economía “anacrónica”.
La realidad fue otra:
Definición de principios
En la plataforma electoral de la UCR (1983), Alfonsín hizo poner: “El Estado argentino es altamente ineficiente; en la actualidad realiza actividades que no le corresponden, mientras deja de cumplir otras, como la de contribuir a la mejor distribución del ingreso y la eliminación de la pobreza”.
Con más exactitud, la plataforma proclamaba que “la producción de bienes debe estar a cargo del sector privado”. Este principio no podía tener más excepciones que la fundadas en “razones de orden estratégico”.
Acciones concretas e inmediatas
Apenas asumió el Gobierno, en diciembre de 1983, Alfonsín convocó al ejecutivo de una gran empresa privada y lo puso al frente del monopolio estatal Gas del Estado. Se trataba de Roberto Gazzani, gerente de Grupo Bridas.
El 24 de julio de 1985 se creó la Secretaría de Promoción del Crecimiento, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, y designó al frente de esa secretaría a un profesional sin filiación política: Manuel Tanoira, a quien Alfonsín le impuso la tarea de entregar, en 60 días, un “Proyecto de Ley de Privatización de Empresas y Bienes en Poder del Estado Nacional”. El proyecto encontró resistencias en la oposición y, pese a contar con el apoyo del propio Presidente, también en sectores del oficialismo. Tanoira renunció y fue reemplazado, en 1986, por Norberto Bertaina, economista y asesor de empresas.
La reforma del Estado
Llevaba solo 51 días en el poder cuando, el 30 de enero de 1984, Alfonsín creó por decreto la Comisión 414 (llamada así por el número del decreto), con una misión precisa: elegir las empresas del Estado que se privatizarían o liquidarían. El presidente de la Comisión era Germán López.
La primera empresa que privatizó la Comisión 414 fue SIAM Di Tella, que se había vuelto estatal cuando –imposibilitada de cancelar en efectivo sus deudas con el Banco Nacional de Desarrollo– lo hiciera con acciones. Se privatizaron, separadamente, las distintas unidades de SIAM:
La Comisión 414 privatizó, también, empresas menores, como Opalinas Hurlingham o Sol Jet.
El Estado vendió al grupo Bunge & Born la parte que tenía en la empresa química Atanor y la Petroquímica Río III.
En 1985 se lanzó la “Reforma del Sector Público” y se anticipó: “El Estado deberá desprenderse gradualmente de aquellas actividades y servicios que, injustamente, funcionan en su órbita”.
Los esfuerzos conjuntos
Saburo Okita –artífice del “milagro japonés”– recibió en 1985 una solicitud del Presidente argentino: preparar un “Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina”. Ese estudio (Plan Okita, 1987) inspiró varias reformas económicas, y definió una estrategia para irrumpir en los mercados del sudeste asiático. Crucial a ese proyecto eran el desarrollo de la ciencia y la irrupción en los mercados asiáticos, todo como parte de una asociación entre el Estado y el empresariado argentino.
El autoabastecimiento petrolero
Desde Houston, Estados Unidos, Alfonsín anunció el 25 de marzo de 1985 un plan destinado a “intensificar la prospección minera para aumentar las reservas comprobadas de petróleo”, ello “con la participación del capital extranjero”. En ocasión de lanzar el llamado Plan Houston, Alfonsín se atrevió a decir que había sido un “error histórico” la anulación de los contratos petroleros firmados por el Presidente Frondizi, que se realizó durante la gestión del Presidente Illia.
El Plan Houston derivó en un concurso público para explorar 185 áreas, con una superficie total de 1.337.000 kilómetros cuadrados. Hubo cuatro rondas licitatorias, se firmó medio centenar de contratos y la inversión comprometida bordeó los US$ 1.000 millones.
Dos años más tarde, se firmó el Petroplan, que permitió la formación de joint ventures para la explotación. Hubo cientos de uniones transitorias de empresas. YPF tenía la mayoría, y decidía dónde operar; pero los socios privados aportaban el capital de riesgo y la tecnología. El plan tuvo resultados óptimos: en 10 meses, las inversiones aprobadas sumaron US$ 350 millones. Pese a la crisis económica nacional, YPF no tuvo déficit y el país alcanzó un récord histórico de producción. Volvió, así, el autoabastecimiento.
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Las grandes empresas públicas
Estas empresas no podían privatizarse si, antes, no se las ordenaba. Para hacerlo fue nombrado, como secretario de Control de Empresas Públicas, el economista Marcelo Kiguel. Luego, la Secretaría se transformó en el directorio de Empresas Públicas (DEP), a cargo de Enrique Olivera.
Un independiente, Rodolfo Terragno, fue nombrado, en 1987, secretario de Gabinete y (en septiembre), ministro de Obras y Servicios Públicos, al tiempo que titular transitorio del DEP. Este nuevo funcionario, sin ninguna filiación política hasta entonces, se hizo cargo así de más de la mitad del presupuesto y de liderar el proceso de privatizaciones.
En noviembre, un empresario independiente, traído de Caracas –donde era CEO de uno de los mayores grupos industriales de Venezuela– se hizo cargo del DEP. Se trataba de Horacio Losoviz.
• Telefonía celular. El 14 de noviembre se privatizó la telefonía móvil, que hasta entonces se consideraba un área a desarrollar exclusivamente por la empresa estatal ENTel. Resultó adjudicataria la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. (MOVICOM) integrada por Bell South, Motorola, Citicorp y, como socios locales, BGH y SOCMA, de Grupo Macri.
• Accesos a Internet. También se privatizaron los accesos a Internet, otra actividad que ENTel reclamaba para sí en condiciones monopólicas. Cinco empresas, entre ellas IMPSAT, recibieron entonces las respectivas licencias para operar. Poca gente sabe, cuando hablar por celular o entra en Internet, que esos fueron servicios privados abiertos por el Gobierno de Alfonsín.
• Austral. Semanas después, Terragno y Losoviz privatizaron Austral Líneas Aéreas, adjudicándola a Grupo Pescarmona.
La desmonopolización
El Decreto 1842, del 20 de noviembre de 1987, estableció como principio general la “libre concurrencia del sector privado en el área de actividad de las empresas del MOSP, a excepción de las de hidrocraburos”.
Cualquier interesado en prestar un servicio público podía presentarse y el Estado estaba obligado a aceptar (o a rechazar fundadamente) el proyecto, dentro de los 60 días. Si no se pronunciaba, el proyecto quedaba autorizado (“aprobación ficta”).
Alfonsín escuchó siempre a los empresarios, y un grupo de ellos (los llamados “Capitanes de la Industria”) tuvo siempre acceso directo al Presidente. Lo formaban, entre otros, Roberto Sanmartino, Vittorio Orsi, Oscar Vicente, Carlos Bulgheroni, Amalia Fortabat.
Los empresarios sabían que de Alfonsín no se podía obtener prebendas, pero sí propuestas, oportunidades y, sobre todo, algo que en la Argentina se extraña cada vez más: seguridad jurídica y continuidad.
