INFORME |
Por Mauro Maciel
Ernesto San Gil
El año 2010 no les ha dado respiro a las grandes firmas de auditoría establecidas en la Argentina. Dos días antes de que terminara 2009, la Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió como obligatorio que, a partir del 1° de enero de 2012, las empresas emisoras de acciones deberán considerar al presentar sus estados financieros la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, también llamadas normas de convergencia o IFRS, de acuerdo a sus siglas en inglés.
Es decir, que aquellas compañías que deseen acceder al mercado de capitales internacionales, en lugar de tener que traducir sus cifras a los distintos tipos de principios contables, correspondientes al lugar donde se quieran registrar, no necesitarán hacer ninguna especie de trabajo adicional. Entonces las big four de auditoría, entre cuyos clientes están los regulados por la CNV, debieron hacer un fuerte trabajo de formación y capacitación de sus recursos humanos con el fin de estar preparados para comenzar a analizar con los clientes los cambios necesarios y el modo en que impactarán las nuevas implicancias profesionales en los sistemas de información. Aunque la fecha de entrada en vigencia parezca lejana, lo cierto es que quienes deban emitir sus informes lo tendrán que hacer en forma comparativa con el ejercicio precedente. Es decir, que el trabajo de conversión deberá comenzar a partir de este año.
Pero al hablar de normas de convergencia es correcto además hacer referencia a las Normas Internaciones de Auditoría (NIA), que responden a la medición utilizada por los auditores para concluir una opinión acerca de la presentación de la situación de las empresas sobre sus estados contables, y que serían aplicables desde el inicio del año 2013.
“Esto sucede como producto de la globalización de los mercados que lleva a la convergencia de las IFRS y hacia la convergencia de las NIA”, considera el socio a cargo de auditoría de KPMG, Ricardo De Lellis, quien rescata el avance del proceso que se está desarrollando en el país y que contiene dos etapas. “La primera es contar con el establecimiento de las normas de convergencia y la segunda es definir quiénes deben aplicarlas”.
En tal sentido, corresponde comenzar por las casi 130 empresas registradas en la CNV que realizan oferta pública de acciones, seguido por los entes financieros de interés público, tales como los bancos, y por último el resto de las empresas. “El beneficio será fenomenal porque ayudará a la homogeneidad de las normas y favorecerá a la trasparencia. Es por eso que nosotros impulsamos fuertemente a la adhesión por parte de las compañías”, expresa el Country Manager Partner de Ernst & Young, Ernesto San Gil.
La categoría “el resto de las empresas” también considera a las pequeñas y medianas empresas (Pyme), que podrían verse favorecidas al momento de solicitar créditos sin la necesidad de depender de una garantía real. “Esto no deja de ser importante en la medida en que se avance hacia el crecimiento de la economía –sostiene De Lellis–. Brasil, por ejemplo, está impulsando una escala de empresas, de envergadura mediana hacia arriba, precisamente por el interés de dar mayor trasparencia a sus estados contables para poder acceder a los mercados de capitales. Todo el mundo está trabajando en la búsqueda de mayor transparencia, sobre todo después de la crisis financiera internacional. Y esto es transparencia”.
Ricardo De Lellis
Detección y prevención de fraudes
Si bien no es un tema central de la auditoría, entre sus normas se encuentra incorporada la problemática del fraude. Es decir, que aunque la búsqueda de actividades fraudulentas no forma parte de sus propósitos exclusivos, tiene provistos ciertos procedimientos dirigidos a su detección. De cualquier modo, “con ciertas limitaciones, se ha avanzado en la materia, y con la actualización de las normas de auditoría se han incorporado mayores precisiones”, señala Miguel Urus, socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers.
Por su parte, San Gil remarca la existencia de cuatro áreas o herramientas que se han incorporado, inexistentes hace 15 años, y que ayudan a disminuir el riesgo de que el fraude pase inadvertido. “La primera es un programa antifraude que incluye métodos que permiten identificar la existencia de fraudes. Esto permite incorporar denuncias que se reciban a través de la web, ya sea de empleados o terceros. Otra área de trabajo es la investigación de lo que no es frecuente o que es distinto de la normal operatoria de la compañía, que podría derivar en cuestiones vinculadas al fraude. Un tercer aspecto se refiere a la revisión física y patrimonial de las sociedades, y responde a la adecuada protección de los activos, sean estos físicos, lógicos o digitales de propiedad intelectual. Por último, está la cuestión netamente informática, que por medio de programas auditores o lenguajes de consulta estructurado, es posible recorrer los sistemas y tratar de identificar áreas inusuales, no autorizadas o que están fuera de los parámetros de seguridad de las compañías.
Es decir que hay una batería de elementos que ayudan a disminuir riesgos de fraudes que, sin embargo, no son infalibles. Siempre puede haber personas que se ponen de acuerdo para defraudar y lograr hacerlo de tal forma que pase inadvertido”, comenta el máximo responsable de Ernst & Young.
En el mismo sentido, De Lellis reconoce que el avance de las tecnologías no es indiferente a las empresas, las cuales incorporan equipos de software que entre, otras cosas, facilitan el trabajo de control de proveedores al cruzarlos con bases de datos de proveedores inexistentes. Y señala dos aspectos a considerar: “Tanto en la Argentina como en el mundo se le presta mucha atención al fraud reporting, que es el fraude relacionado con el estado financiero, cuando la alta gerencia tiene ánimo de estafar, y por supuesto que eso hace a los objetivos directos de un auditor, donde se requiere demostrar cierto escepticismo profesional. Por otra parte, en los momentos en que surgen crisis vinculadas al fraude, existen profesionales que se cuestionan si no sería conveniente volver a 30 años atrás, cuando el auditor chequeaba celosamente todo, en lugar de otorgar tanta confianza al sistema”.
Según el experto de KPMG, volver a actuar como hace tres décadas no es una alternativa factible, puesto que la explicación está en la complejidad que han adquirido las empresas actuales, lo que significaría una enorme inversión en tiempo de trabajo de parte del auditor, y a un costo que nadie estaría dispuesto a pagar. “La realidad es que uno se plantea estas situaciones cuando aparecen casos fraudulentos, pero se trata de una cuestión de confianza, que por supuesto no es a ciegas”.
Por decantación, vale preguntarse cuán favorable resulta el avance de las tecnologías informáticas a las tareas de auditoría o si, por el contrario, perjudican la labor de los profesionales. “Yo no creo que perjudiquen. Hoy en día es rarísimo que una empresa no cuente con un sistema de información más o menos sofisticado y el auditor, en lugar de ir a ver papeles y hojas escritas a mano, se encuentra con software, con sistemas de información. Ya no hay manera de hacer una auditoría como hace 30 años y seguro que dentro de cinco años se hará diferente al modo en que lo hacemos hoy”, indica la socia de PricewaterhouseCoopers, Silvia Giordano. “Los equipos de auditoría hoy pasaron a ser multidisciplinarios, con una fuerte presencia de especialistas de sistemas con un entrenamiento adicional en auditoría”, completa al identificar la observación como una tendencia, su colega Urus.
Miguel Maxwell
Semilleros de auditores
La cualidad multidisciplinaria es un requerimiento que hace a la profesión del auditor, cuyos clientes conforman un amplio abanico de actividades económicas, en general. Ante semejante variedad de negocios, el conocimiento profundo necesita de una especialización por rubros de parte de los auditores, de manera tal que les permita anticiparse, planificar el trabajo y concentrarse en los puntos de riesgo más críticos.
“Es fundamental que el auditor conozca bien el negocio, la industria a la que pertenece el cliente”, enfatiza el socio director de auditoría del estudio Deloitte, Miguel Maxwell. “Nuestro departamento está organizado por industrias o sectores de modo que los profesionales, desde que se incorporan a la firma, además de capacitarse en normas de auditoría y contables, lo hacen también en las diferentes áreas. Luego, una vez que llegan al cliente se especializan aún más en la empresa en particular”.
Esta formación y capacitación permanente convierte a los cuatro grandes estudios de auditoría en una especie de escuelas de auditores, donde la inversión continua en planes de entrenamiento resulta un gran atractivo para los jóvenes profesionales recién egresados de la universidad. “Nosotros somos formadores de recursos. Incluso a veces nos parece que somos semilleros de CEO y CFO de muchas compañías del mercado. El año pasado incorporamos a más de 300 profesionales y lo seguiremos haciendo. En parte porque hay mucha demanda de trabajo y también porque hay personas que luego eligen continuar su carrera en otra organización, lo que nos lleva a reclutar mucha gente cada año”, analiza San Gil.
Por su parte, De Lellis dice que la alta rotación de recursos obliga a la incorporación constante de nuevos recursos. “Creo que nuestra profesión debería ser un poco más sexy y atraer un poco más a la gente, pero por otro lado existe el concepto de que acá se trabaja mucho y se gana poco, lo que me parece relativo. Yo digo que sí se trabaja, pero como se lo hace en todos lados. Y en cuanto a lo que se gana, nosotros tenemos una política de promoción continua, que no se da en otras compañías. Entonces, me parece que se trata de una carrera muy formativa”.
Asímismo, cree que la universidad debería profundizar sus contenidos en materia de auditoría, como una manera de mirar hacia adelante. “Por lo general, los recursos ingresan por el escalón inferior, ya que son estudiantes o recién graduados de diferentes universidades, que llegan con los conocimientos básico y nosotros los capacitamos en las distintas etapas del proceso de auditoría”.
En la misma línea, Urus expresa que, en la universidad, la materia Auditoría es obligatoria en la carrera de contador público, pero es solo una de las 30 y tantas asignaturas. “Nosotros tenemos un plan de estudios, que contempla cursos anuales y obligatorios, que nunca está por debajo de las 50 horas y puede llegar hasta 100 horas de capacitación”. “Es una inversión que tiene que hacer la firma para mejorar la calidad de su personal. Además, según la cartera de clientes, hay especialidades de acuerdo al negocio o la industria, porque creemos que el auditor no puede auditar algo que no conoce”, apunta Giordano.
El conocimiento del negocio exige además la actualización de los procedimientos de trabajo, cuyas tareas permanecen estables, puesto que la base, en esencia, es siempre la misma. “Lo que se adapta son las normas a los cambios que surgen en el contexto, en los procesos de información. Pero también hay cambios en algunos negocios –observa Maxwell–. Hoy existen negocios que antes no existían, como por ejemplo las empresas de comercialización a través de Internet, que es fundamental que cuenten con un esquema de seguridad muy rígido y de actualización permanente para evitar filtraciones o problemas operativos”. “Es cierto que a partir de la evolución de los negocios, de las necesidades de información, ya sea por las empresas o los usuarios, los procedimientos de auditoría acompañan y se aggiornan a la par”, coincide Urus.
Silvia Giordano y Miguel Urus
Ajuste por inflación
En plan de actualizaciones y adaptaciones con el marco contextual, el proceso inflacionario en aumento exige a la profesión replantearse la necesidad de volver a introducir el criterio del ajuste por inflación en los balances contables. Se trata de un tema en el que la Argentina ha demostrado ser proactiva durante la década de 1980 hasta el surgimiento de la convertibilidad.
En su apreciación, Maxwell cree que se trata de una discusión que debe darse de manera necesaria. “La inflación, en especial cuando se presenta durante un plazo medianamente prolongado, afecta la exposición de los resultados de las empresas, la determinación de los impuestos, sea a favor o en contra. Me parece que es un debate necesario para que los estados financieros reflejen al menos en forma parcial los efectos de la inflación”.
Sin embargo, San Gil reconoce que el tema de la inflación es un debate entre los colegas de la profesión que debería ser tratado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. “Hoy en día tenemos restricciones legales para aplicar el ajuste por inflación, así que se trata de un tema que debe resolverse al nivel de los consejos que tiene la profesión, en su conjunto, y no en forma individual. Es un tema de la profesión”.
Para De Lellis el de la inflación es más bien un tema político que considera algo complicado de resolver en lo inmediato. “No se puede negar que la inflación es un impuesto, pero también es cierto que, de acuerdo a las normas internacionales, no estaríamos en la obligación de aplicar el ajuste en los balances”. Además, existe el problema acerca del tipo de información, relacionada con la inflación, que debe proveerse al usuario y, por otra parte, si este confía en dicha información. “También está el cliente que no quiere que se muestren los resultados ajustados por inflación, pese a que se le explica que hace a la mejor exposición del balance”.
Demandas judiciales
Los juicios o demandas por auditorías realizadas en empresas que colapsan en forma imprevista son riesgos que todo auditor debe asumir como propios de la actividad, que en ciertos casos puede expresarse en forma de temor. No es el caso de Maxwell: “Yo no hablaría de temor, pero sí es cierto que es parte de nuestra profesión y lo debemos tomar como tal. Para eso desarrollamos las auditorías conforme a los procedimientos y emitimos nuestras opiniones una vez que estamos satisfechos de que los estados financieros reflejan, en forma razonable, la situación patrimonial y financiera de un ente. Y si hubiera limitaciones habría que poner salvedades o, incluso, abstenerse. Así mismo, tengo mucho respeto por la calidad del trabajo en auditoría que se hace en la Argentina, no solo de nuestra firma sino también de la competencia. Creo que se trabaja realmente bien y que no hemos tenido problemas serios respecto de afectar a los mercados”.
“En el país es mínimo el riesgo de esta naturaleza. Además, todas las firmas tienen prácticas de revisión interna donde pares nuestros revisan el trabajo. A eso se suma que nosotros, al ser una compañía que audita balances que son presentados en la Bolsa de Comercio de Nueva York y otras bolsas del exterior, tenemos también la revisión del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) que es un órgano independiente de EE.UU., y que ya nos revisó dos veces y en ambas ocasiones remitió un informe limpio, que es público y no tiene observaciones en ninguno de los capítulos evaluados”, cuenta San Gil.
“Temor puede existir, pero creo que en ese sentido podemos estar tranquilos. Primero, porque es baja la probabilidad de que una empresa colapse y produzca un impacto social semejante. Nosotros aún aplicamos métodos de la vieja escuela, con herramientas de revisión sustantiva y, por lo tanto, es difícil que ocurra. En consecuencia, tampoco tenemos un sistema jurídico legal que esté agazapado a la espera de un colapso para iniciar. De todos modos, es interesante notar que en nuestro país, por una resolución legal, ha sido mucho más riesgosa la tarea del síndico que la del auditor”, teoriza De Lellis.
Por último, los socios de PricewaterhouseCoopers estiman que la mejor garantía o protección con que cuentan los profesionales es la correcta aplicación de la metodología y de los principios de auditoría. “Nuestra tranquilidad se basa en hacer bien el trabajo y manifestar a terceros en el informe lo que corresponde. De esa manera, no es posible que existan temores”, dice Urus. “De hecho, si hubiera empresas que puedan atravesar alguna asfixia financiera o alguna situación transitoria, internamente tenemos como política que más de un socio con experiencia participe de la auditoría, con el objetivo de compartir ideas, opinar y obtener conclusiones en forma colectiva”, concluye Giordano.
