PORTADA |
El primer desafío está relacionado con el acceso de todas las personas a la Justicia. En nuestro país, la poca eficacia y las barreras de acceso a Justicia magnifican las desigualdades sociales y profundizan la huida a mecanismos informales y a veces violentos de resolución de conflictos que incrementan la impunidad de la criminalidad más grave y compleja, enmascaran la discreción judicial y no oponen ningún dique a los abusos del poder o a la corrupción.
Son muchas las barreras de acceso a Justicia. Existen barreras económicas, como el costo de un abogado, la tasa de justicia, los costos de traslados hacia los tribunales, el costo de oportunidad o duración de los procesos; barreras socio-culturales, desconocimiento de derechos y cómo hacerlos valer y falta de confianza en la Justicia; geográficos, como la lejanía de los tribunales o la falta de descentralización; y procesales, que refieren a la complejidad del proceso y al lenguaje técnico que emplea la Justicia, que es inaccesible para el ciudadano común.
En consecuencia, y según estudios de Cippec, las necesidades jurídicas insatisfechas de la población superan 98%, y 69% de los hogares no accede a servicios jurídicos en algunas regiones del país, particularmente entre los sectores menos aventajados.
Por otro lado, los tribunales están sobrecargados. Atienden gran cantidad de causas con recursos y procedimientos obsoletos, lo que aumenta la ineficacia y demora la resolución de los conflictos. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2009 (las últimas disponibles), de 413.992 expedientes tramitados ante los 110 juzgados nacionales en lo Civil de la Capital Federal durante ese año solo se resolvieron 60.610. Una cultura judicial todavía conservadora y resistente al cambio dificulta la apertura e inmediatez de la Justicia y el acercamiento de los jueces a la gente.
Una de las medidas destacables alcanzadas en los últimos años fue la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la consolidación de la independencia del máximo tribunal. No obstante, existen problemas vinculados con la transparencia de la Justicia. Una institución clave como el Consejo de la Magistratura ha sufrido reformas de dudoso resultado.
En 2006, la Ley 26.080 cambió la composición del cuerpo, lo que afectó el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución. El consejo no ha demostrado aún que puede ser un órgano eficaz e independiente del Poder Ejecutivo y los procesos para designar y remover jueces son poco transparentes y lentos. Subsisten en la Argentina numerosos juzgados vacantes, con jueces subrogantes. La transparencia y la celeridad de los procesos de nombramiento de jueces siguen siendo temas no resueltos en nuestro país y, en este punto, la responsabilidad recae tanto sobre el Consejo de la Magistratura como sobre el Poder Ejecutivo Nacional.
Sandra Elena
Contra la corrupción
Además, la Argentina todavía carece de un conjunto de políticas clave para consolidar el rol de la Justicia en la lucha contra la corrupción. De 178 países, la Argentina se ubicó en el puesto 105 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) elaborado en 2010.
Esta situación se agrava si tomamos en cuenta a las justicias provinciales. En algunas jurisdicciones, la falta de profesionalismo, la lentitud, los favoritismos y la falta de independencia de las cortes son moneda corriente. A esto se suma la muy escasa capacidad para producir información sobre el estado de la Justicia, por lo que es muy difícil realizar acciones de monitoreo y evaluación de los sistemas. Aunque se produjeron avances en algunas provincias, aún hay un enorme trabajo de reforma provincial para realizar.
Este diagnóstico revela que las reformas necesarias para consolidar el estado de derecho en la Argentina responden tanto a la oferta como a la demanda del servicio de justicia, en los niveles nacional y provincial.
El primer desafío remite a la transparencia e independencia de la Justicia. Es clave que el Ministerio de Justicia, en consulta con los principales actores judiciales y de la sociedad civil, elabore un proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establezca mecanismos de protección para la independencia judicial, herramientas claras de evaluación y sanción e instrumentos para transparentar y agilizar los concursos de magistrados.
Denuncias frecuentes sobre los concursos judiciales evidencian la necesidad de promover un sistema más transparente y participativo de selección. La creación de una academia judicial independiente formada por docentes que evalúen a los aspirantes a magistrados en sucesivos momentos puede ser una forma de resolver la cuestión.
Una reforma como esta debería estar orientada a propiciar la independencia del consejo frente al poder político y a garantizar la transparencia en los procesos de designación, sanción y remoción de jueces. No es posible que los mecanismos institucionales previstos para sancionar a jueces por mal desempeño sean usados como instrumentos de disuasión para jueces que toman decisiones que no se alinean con los poderes de turno.
Además, es necesario que promueva la transparencia de todos los procesos internos y de contrataciones en el consejo. Para ello, es clave precisar los límites de las funciones y atribuciones del consejo respecto de las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para lograrlo, el ministerio podría actuar como mediador entre ambas instituciones, y así lograr zanjar las disputas de competencia entre ellas. Por otro lado, también es importante dotar al consejo de atribuciones que le permitan convertirse en un actor clave en el diseño de políticas judiciales en materia de gestión, información y formación judiciales.
Mecanismos eficientes
Un segundo desafío está vinculado con el acceso de todas las personas a mecanismos eficientes de resolución de conflictos. La creación de un Centro de Acceso a Derechos coordinado por las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, que tenga como objetivo detectar necesidades jurídicas insatisfechas, la educación en derechos, la creación de Casas de Justicia, la promoción de la mediación y la negociación, y la simplificación de los procedimientos civiles en casos de menor cuantía permitiría incrementar el acceso de los sectores más desaventajados de la sociedad, hoy casi excluidos de la Justicia formal.
La desproporcionada demora en los procesos judiciales es otra barrera de acceso. Reducir los tiempos de tramitación de los procesos, mejorar la atención a los usuarios y aumentar el acceso a la información judicial con un rediseño de los procesos es un desafío pendiente. El éxito de estas medidas requiere acciones coordinadas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como la adhesión de los poderes judiciales provinciales para garantizar el alcance de la política a todas las regiones del país.
A su vez, sería necesario que el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura acuerden objetivos comunes, y trabajen conjunta y coordinadamente en los contenidos y funcionamientos esperados. La elaboración de un informe público de diagnóstico o “Mapa de la Justicia” sobre el estado de la Justicia nacional y de las provincias que adhieran al programa, y de recomendaciones a partir de sus conclusiones, son metas que ayudarían a mejorar la calidad de los diagnósticos para el diseño de políticas judiciales.
En este esquema, el Ministerio de Justicia debería ser el responsable de invitar a las provincias, con la participación de la Junta Federal de Cortes, para que repliquen a escala provincial un programa de mejora de la calidad del servicio de justicia. Para ello, debería brindar asistencia técnica a las provincias acerca de cómo producir la información y realizar el monitoreo y la evaluación del sistema de justicia.
Agilizar procesos
Para fortalecer el acceso a la información judicial impulsamos la aplicación de medidas tendientes a agilizar los procesos de solicitud y respuesta de información, y las medidas para satisfacer las demandas de la sociedad en materia de acceso. Entre ellas, no pueden faltar la publicidad y transparencia de las estadísticas judiciales, de las cifras de ejecución presupuestaria, de los procesos reglamentarios internos, del estado de algunas instituciones del sistema de justicia claves como las cárceles, y datos sobre los jurados de enjuiciamiento de magistrados.
Es vital, además, que el próximo Gobierno impulse y el Congreso debata y apruebe reformas procesales y estructurales que den mayor horizontalidad al funcionamiento del sistema judicial. Es impostergable, en tal sentido, impulsar una reforma del Código Procesal Penal para establecer un sistema acusatorio pleno, y reformar el Código Procesal Civil y Comercial para establecer un sistema más flexible y oral. Estas modificaciones deberían ir acompañadas por una reforma del Ministerio Público que modernice y democratice su estructura, y dé lugar a una efectiva descentralización de los fiscales y defensores por especialidad.
Por otro lado, es fundamental diseñar políticas para dotar a la Justicia de recursos que permitan combatir la corrupción. Ente otras cuestiones, es clave rediseñar la Oficina Anticorrupción para que tenga una composición plural e independencia presupuestaria. Es necesario, además, elaborar un proyecto de ley que redefina el rol de procurador general de la Nación, así como su forma de designación, y regule las competencias y recursos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, órgano que investiga casos de corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Aunque es evidente que en materia de Justicia el próximo Gobierno tiene grandes desafíos por delante, el principal aliado de las reformas necesarias será la sociedad civil. Personas educadas en sus derechos, activas en cuanto a exigir su efectivo cumplimiento y conscientes del deber de la Justicia de brindar un servicio de calidad son el mejor antídoto a la opacidad y la ineficacia. Así, una política de transparencia, acceso amplio a derechos y una reforma judicial podrán convertirse en la manera que la Justicia encuentre para relegitimarse ante los ciudadanos y consolidar su poder institucional.
Es posible iniciar el camino de las reformas con una estrategia de comunicación centrada en la ampliación del acceso a una Justicia de calidad, y en el rol activo de los jueces en la fijación de políticas. Estos dos ejes discursivos, inscriptos en las tendencias predominantes de cómo debe ser la Justicia en el siglo 21, no podrán ser rechazados, al menos de forma explícita, por los actores judiciales.
La viabilidad de la reforma de la Justicia depende de la capacidad de quien la lleve adelante para que la red de acceso a derechos sea una alternativa seria a las manifestaciones violentas; y para que la política de transparencia judicial, acceso a derechos y la reforma judicial se conviertan, para las profesiones del Derecho, en la manera de legitimarse ante los ciudadanos y aumentar su poder institucional.
Finalmente, es fundamental que el Poder Judicial de la Nación y los provinciales y los Ministerios de Justicia debatan el rol que debería tener los diferentes actores para definir una agenda estratégica de justicia para los próximos años.
(*) Sandra Elena es directora del Programa de Justicia de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
