En este contexto, – afirma el último Economic GPS de PwC Argentina- será clave la correcta identificación de aquellas erogaciones que deberán ser ajustadas y, en particular, calibrar la administración de los gastos sociales, indispensables para sostener y contener a amplios grupos de la población que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Entre los principales desafíos a ser encarados por el nuevo equipo de gobierno que entrará en funciones en diciembre, se pueden citar la dinámica inflacionaria, la carencia de dólares, el stock de pasivos (remunerados y no remunerados) del Banco Central y la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Estas materias pendientes, sumadas a otras, están, de alguna u otra manera, relacionadas con los consecutivos resultados deficitarios que registra el Gobierno nacional y, como contrapartida, a los niveles de emisión (y esterilización) a los que se ha recurrido para hacer frente a dicha brecha fiscal.
Administrar el gasto social: Uno de los desafíos del nuevo gobierno Si bien la brecha se explica, tanto por los ingresos como por los gastos, y dentro de estos últimos se encuentran diversos rubros; en esta ocasión pondremos el foco en los gastos sociales, los cuales se destinan a la población para que pueda hacer frente a escenarios económicos complejos y adversos, como el que probablemente tenga lugar en el corto plazo, mientras se rebalancean los desequilibrios macroeconómicos antes mencionados.
En el año 2022, las prestaciones sociales representaron 55,6% de los gastos primarios del sector público nacional no financiero, y estuvieron compuestas en un 73,9% por jubilaciones y pensiones (jubilaciones y pensiones contributivas, pensiones no contributivas y prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 15,6% por otros programas (Progresar, Argentina Trabaja, otros) y 10,5% por asignaciones (familiares y por hijo). Entre el año 2016 y el 2022, las prestaciones sociales registraron una tasa de crecimiento real anual compuesta (CAGR) de 0,5%.
Asimismo, al observar la evolución histórica de los gastos en políticas de ingreso1 , se puede afirmar que la participación de estos en el producto interno bruto se fue incrementando con el correr de los años. En 2004, estas erogaciones representaron 5,9% del PIB, para luego ir aumentando gradualmente su participación hasta 7,7% en 2010. Para 2015, año de cambio presidencial, los gastos alcanzaron el 10,4% del producto, y dos años después, en 2017, el porcentaje llegó a 11,3%.
En los años siguientes, 2018 y 2019, se registraron reducciones (10,5% y 10,3% del PIB respectivamente), ante un panorama de delicada situación económica a nivel nacional. Sin embargo, en 2020 se alcanzó un pico como resultado de las medidas de asistencia aplicadas en un contexto de pandemia, y la participación llegó a 11,6% del PIB. En los dos años siguientes el porcentaje mostró una leve tendencia a la baja, para reducirse a 9,8% en el transcurso de 2022.
Otro punto interesante para tener en cuenta es el carácter contra cíclico que en teoría deberían tener las medidas de asistencia. Esto significa que, los gastos de políticas de ingresos deberían reducirse en etapas de expansión económica para hacer más eficiente la utilización de recursos, e incrementarse en periodos de contracciones, para así fomentar la actividad y auxiliar a los sectores más vulnerables ante la presencia de situaciones adversas.
Sin embargo, la participación de las erogaciones en cuestión en el producto aumentó entre los años 2004 y 2011, periodo de crecimiento económico, mientras que en los últimos años el porcentaje de los gastos en políticas de ingresos como parte del PIB se redujo, en un escenario de estancamiento, dado que en términos reales la economía se mantiene en niveles similares a aquellos registrados diez años atrás.
