Por Rubén Chorny
¿Contribuir durante más años? ¿Darle más presión a la caldera impositiva? ¿Universalizar y dejar algún margen al seguro privado?
Antes de abandonar este mundo, la baronesa Margareth Thatcher entreveía, casi por la mirilla que le dejaba la demencia senil que la había confinado en la mansión de Knighbridge, una reivindicación que los conservadores que hoy ocupan Downing St. estaban ofrendando a su férrea lucha de 30 años antes: la reforma del Estado de bienestar.
Hubiese querido correr y abrazar a tories de la nueva generación, como los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith, cuando leía en el periódico que argumentan lo que le hubiera gustado escuchar de boca de sus propios contemporáneos: "Es una decisión ‘justa’ para incentivar el empleo, reducir la dependencia de la Administración de quienes ‘deberían regresar al mercado laboral’ y ‘ayudar a quienes realmente lo necesitan’".
Hasta a los daneses y suecos les tocó realizar recortes en lo que son su fuerte, las prestaciones sociales.
Alemania, Francia, Italia y España también metieron el bisturí en la seguridad social pergeñada en la posguerra para "proteger" a los sobrevivientes, en lo que parece la liquidación del "Estado de bienestar".
"No hay otra alternativa que prolongar la vida laboral", se resignó el ministro del Trabajo galo al estampar el réquiem al régimen benefactor por antonomasia.
América latina vio al vecino rico rasurar y no le queda otra que poner las barbas a remojar. "En toda la región hubo reformas: en Chile, Uruguay, Perú, Colombia, en Centroamérica, El Salvador, pero lo que se dice sistemas puros de reparto quedan cada vez menos: Cuba, Guatemala", enumera el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour.
Al respecto, la directora de Retiro de Mercer Argentina, Ana María Weisz, acota que "en nuestras reuniones con funcionarios de seguridad social de Chile y Uruguay no vemos que la idea de eliminación de los sistemas de capitalización haya prendido".
Añade que "el Gobierno de Bachelet había agregado el pilar social a su sistema previsional y que Uruguay nunca abandonó el sistema de reparto, que tiene un peso específico bastante importante dentro del beneficio previsional, a lo cual se agrega que, si bien las administradoras pueden ser privadas, quien brinda el beneficio de renta vitalicia es un asegurador estatal, con lo cual la discusión sería genuinamente sobre sistemas de previsión y no sobre agentes (Estado, privados)".
Juan Bour
Crisis en ciernes
Pero lo que es en la Argentina se batieron todos los récords de reformas pendulares en breves lapsos: recaló en el reparto hace cinco años, después de 15 años de abrevar en capitalización y provenir de uno mixto, que tenía un componente de reparto (la prestación básica universal) y un sistema vinculado a los ingresos y la expectativa de vida. El Plan Bonex de 1992 (o sea, una emergencia) terminó siendo bisagra.
Y apenas transcurridos cinco años de la última reforma estatizadora, Jorge Colina, economista jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), avizora una nueva crisis en ciernes: "La mitad aporta, 90% se beneficia. Es porque la población envejece y genera menos trabajadores. Encima, un tercio del 75% activo no aporta; hay más jubilados que cobran más años por haber aumentado la expectativa de vida, e inclusive una megamoratoria amplió la nómina en casi 2 millones que no acreditaban aportes ni años de servicio. Y será el Estado, y no un fondo de reparto, el que deberá poner la plata cuando ya no alcance".
Coincide Juan Luis Bour de FIEL, en el mal presagio: "Habíamos hecho algunas proyecciones, que en su momento preveían problemas en el sistema para 2019, 2020, pero creemos que se revelarán en forma notoria, según los aumentos que se den y cómo vayan subiendo los ingresos, hacia 2016. No nos salvamos en 10 años de tener una nueva reforma previsional".
En realidad, no es nuevo que las arcas fiscales terminen tapando los agujeros y así lo advierte la economista de FIEL, Nuria Susmel: "El sistema previsional no se autofinancia desde la década del 70 y el déficit actual (que no incluye los impuestos específicos afectados al sistema) es similar al que existía en 1996 luego de la reforma, ya que ronda los 2,5 puntos del producto, en tanto que las proyecciones muestran un crecimiento de 1 punto adicional hacia fines de la corriente década".
Eso no es todo: "El porcentaje del gasto en pensiones es muy superior: 5% del PBI en 1996 versus 8% del PBI en la actualidad", agrega.
Si el balance previsional aún no entró en rojo es gracias a la ayuda que le transfieren rubros colegas tributarios: 20% de Ganancias, el 11% de IVA y el 15% de la masa coparticipable, que representan nada menos que 42% de la caja de los jubilados.
Tampoco la Tesorería dispone de demasiado margen para desvestir a algún otro santo del gasto público para cubrir al previsional, previene Susmel.
Solito, le ocupa la cuarta parte del consolidado (nación, provincias y municipios). Y se lleva 39% del rubro social. Detrás vienen las asignaciones familiares, tanto las contributivas como la universal por hijo, lo cual no deja demasiada tela para cortar de ahí.
Lo ratifica desde una óptica estrictamente presupuestaria la directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC, Luciana Díaz Frers: "El pago de jubilaciones y pensiones ha sido y sigue siendo el número más abultado del Presupuesto nacional. Desde los 80, cuando representaba alrededor de 20% del erario público nacional, fue avanzando hasta llevarse 40% en 1996, y asentarse a partir de 2000 un poco por encima de 30%".
Jorge Colina
Presión al límite
Colina ve complicado pensar en equilibrios por el lado de más impuestos, porque la presión fiscal ya está en 37% del PIB, la más alta de Latinoamérica y de la historia argentina. "La población ha mostrado signos evidentes de resistencia a seguir pagando con el ingreso y lo estamos viendo con ganancias, que es uno de los que financian el sistema previsional. El IVA es uno de los más altos de la región, con 21%, y además tiene un techo, dado porque las industrias tienen que pagar por encima el impuesto a los ingresos brutos que colocan las provincias y los municipios", analiza.
Sobre el impuesto al trabajo, entiende que si bien se podría aumentar un poco, "hoy lo que está causando que la mitad del mercado laboral no aporte son precisamente los altos costos que tienen las cargas sociales: por cada 100 pesos de salario que el trabajador se lleva a su casa, el empleador tiene que pagar 150".
De todos modos, Susmel supedita una mejora en el corto plazo en el financiamiento del sistema, a que la Argentina reduzca el alto grado de informalidad (de hecho, el aumento de la formalidad laboral logró una reducción del déficit durante los 2000), aunque a la larga los mismos que ingresen al sistema formal y aporten, adquirirán derecho a los beneficios mañana.
Más allá de las consecuencias del envejecimiento de la sociedad y de lo que se haga para estirar edades de retiro o años de aportes que redunden simétricamente en menos beneficiarios, Luciana Díaz Frers alerta que "no todos los que reciben jubilaciones aportaron lo suficiente. Fueron varias las moratorias previsionales que se hicieron en la Argentina desde los albores del sistema. Y la más reciente, comenzada en 2006, permitió un significativo aumento de la cobertura: el porcentaje de mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 que reciben una jubilación o pensión pasó de menos de 60% en 2005 a más de 90% en 2010.
Casi 2 millones de personas aprovecharon la oportunidad que les dio el Gobierno para "comprar años" y acceder a la jubilación mínima. Se sumaron a la retahíla de excepciones de retiro a temprana edad y a las pensiones no contributivas acumuladas.
Bour pone como ejemplos de los regímenes especiales a los de militares, policías, diplomáticos, investigadores, docentes, magistrados, miembros de la Justicia y obreros de la construcción.
Tras identificarlos como "agujeros, filtraciones", reflexiona: "Siendo que solo la mitad de los 7 millones y medio de jubilados contribuyó para adquirir el derecho, ¿qué pasaría políticamente si se intentara eliminar la mitad de esas pensiones contributivas, o sea a 3 millones de tipos?" Se resigna: "En el futuro, la Argentina tendrá que seguir sosteniéndolas".
Advierte Weisz que toda presión sobre los egresos por nuevos beneficios que no quedan financiados afecta la sustentabilidad de los sistemas previsionales y que una persona que haya accedido a la moratoria con 20 ó 30 años de autónomo bonificados no llegará a una prestación mínima (hoy algo más de $2.000) por lo que el Estado tendrá que poner la diferencia.
"Las razones son loables y nadie puede negarse –reconoce–. Pero mi primera reacción sería que esto es asistencialismo, por lo que debe quedar en manos del Estado, sin duda, si bien los fondos adicionales a lo que resulte de la contribución no deberían salir del sistema previsional, que en la Argentina está ligado al trabajador aportante. Es decir, usted queda alcanzado por los beneficios previsionales si trabaja y aporta", redondea.
Ana María Weisz
Poco más de dos aportantes por beneficiario
Díaz Frers destaca la situación real a la que llega el país en marzo de 2012, cuando 4,6 millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones reciben un haber promedio de $2.259 financiado con el aporte de 10,5 millones de trabajadores, es decir 2,28 aportantes por beneficiario".
Y en este aspecto, Susmel pone en la picota al sistema de reparto porque el "sostenimiento desde hace muchos años depende del aporte del Estado, y hasta el momento los impuestos específicos asignados alcanzan para cubrir el déficit. Pero cuando no sea suficiente, el Estado deberá derivarle fondos".
Desde un enfoque más sesgado a lo social, a Rubén Lo Vuolo, investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) en Buenos Aires, no le preocupa que el sistema de previsión social argentino tuviera que acudir a otros recursos, además de los impuestos sobre la nómina salarial, porque está convencido de que a eso se tiende, indefectiblemente, en casi todo el mundo.
"Las relaciones técnicas entre aportantes y beneficiarios del sistema de reparto actual son muy críticas, al crecer la base de la recaudación menos que la de los pagos", puntualiza.
Pero previene que, en cualquier caso, "la presencia de otros impuestos pone en cuestión la idea general de que solo tienen derecho a las jubilaciones los trabajadores formales a quienes se les realiza un descuento sobre el salario, con lo cual si el sistema se financia con recursos de todo tipo, el derecho al acceso también debería modificarse".
Reivindica al reparto porque involucra a toda la población, aunque aclara que para ello debe adecuarse diversificando las fuentes de ingresos y el modo en que se calcula el beneficio.
A lo que Díaz Frers refuerza: "Un sistema contributivo en el que solo percibieran haberes los que han aportado previamente (y de manera proporcional a lo que pusieron) profundizaría en el universo de los mayores las desigualdades de la vida activa, lo cual implicaría un fracaso para nuestro sistema previsional, que busca subsanar la falta de ahorro necesario para cubrir las necesidades en la tercera edad en hogares de bajos recursos".
Asocia la directora de CIPPEC los altos niveles de informalidad laboral en la población de menores recursos con el importante componente distributivo que requiere el sistema previsional.
"Deliberadamente o no –razona–, la estructura de haberes ha evolucionado en este sentido. Ha habido un paulatino achatamiento de la pirámide previsional, tanto por efecto combinado de la inflación como por los ajustes de la jubilación mínima, la imperfecta actualización del resto y la reciente moratoria previsional".
Carlos Grushka
Pirámide achatada
Bour no cree que haya mucho más para hacer con la maniobra de achatar la pirámide, porque además se sancionó una ley de movilidad que dice que se ajustarán dos veces por año.
"Pensémoslo en términos de flujos: se van cambiando los jubilados baratos de hace 10, 20 años, que se mueren, por los nuevos que ya entran con la ley de movilidad y no se les puede achatar porque cada seis meses el haber seguirá el salario en actividad. Si imaginamos que se sigue cumpliendo esta ley en los próximos 30 ó 40 años, lo que sucederá es que se reemplazarán los jubilados que entre 2002 y 2008 fueron perjudicados por haber quedado afuera de esos ajustes, por los que ya entran con la ley de movilidad". Siguiendo la evolución en el tiempo, el sistema se vuelve más caro que el actual, porque el nivel de jubilaciones es más alto a medida que viejitos que fueron estafados mueren y entran viejitos a los que no se pudo estafar.
El punto es que algún día algún Gobierno va a hacer trampa. No sé cuál, pero lo que está claro es que el actual, al haber hecho esto, estableció las bases para que en el futuro –esté él o el que lo reemplace–, se achate el sistema jubilatorio. Pero para eso tendrá que cambiar la ley jubilatoria de movilidad.
A lo que Lo Vuolo agrega: "El cumplimiento de las normas legales, sin duda, generaría graves trastornos financieros al sistema, cuestión que incluso ha sido admitida oficialmente".
En la práctica existe un doble problema legal –especifica–, mientras no se cumple la ley para ciertos derechos, al mismo tiempo un gran número de beneficios se otorga por medidas legalmente excepcionales, como la "moratoria" previsional, que ha permitido la incorporación de muchos beneficiarios que no podían acceder conforme a las normas legales "normales".
Ambos elementos son claves para entender el modo en que opera financieramente hoy el sistema y son prueba suficiente de la necesidad de modificar sus reglas normativas: "Hoy funciona en base al incumplimiento de ciertas normas y la aplicación de excepcionalidades cuyo plazo es difuso", sintetiza.
Luciana Díaz Frers
Foto: Gabriel Reig
Bajo cumplimiento
Colina consigna que "el régimen jubilatorio exige 30 años de aportes y la contribución mensual supera 40% del salario, por lo que poca gente llega a cumplir este requisito. Solo cuatro de cada 10 trabajadores podrían hacerlo".
Señala que "la Argentina tenía una cobertura previsional baja (63% aproximadamente) hasta que se hicieron las moratorias. Ahora 90% tiene jubilación, pero como fue por única vez, ese porcentaje no se repetirá, a menos que haya otra moratoria. Más de la mitad de los activos no aportan. En el caso de los asalariados, 34/35% son informales. Habría que ir preparando un sistema previsional que brinde la cobertura universal pero sustentablemente", aconseja.
Según Díaz Frers, "la situación actual muestra el déficit sistemático del pilar contributivo y solo puede agravarse con la evolución demográfica que implicará un continuo deterioro de la relación aportante-beneficiario, y con un nivel de informalidad y precariedad laboral que limitan la cobertura previsional (sobre todo en hogares de menores ingresos), generando pasivos contingentes que, inevitablemente, se sumarán al gasto previsional futuro, probablemente en la forma de moratorias".
Además, recuerda que el sistema previsional está expuesto a pasivos contingentes (juicios) asociados a rezagos o actualizaciones imperfectas de los haberes de los últimos años, que suelen materializarse en importantes volúmenes de deuda nueva. Hay 350.000 juicios y actualizaciones de haberes mal hechas que equivalen a $69.000 millones, equivalente al 5% del PIB.
Bour prefiere extrapolar semejantes cargas judiciales pasadas y los eventuales efectos demográficos futuros para destacar que "lo que puede suceder de acá a cuatro o cinco años es que el sistema deje de estar en superávit, ya que las contribuciones más impuestos no alcanzarían y el Estado debería echar mano al fondo de garantía y sustentabilidad".
Años de aporte y expectativa de vida
Díaz Frers vuelve a apelar a las planillas demográficas para ver qué deparan las sumas y restas de nacimientos, muertes, trabajo y retiro: "En 1950 había 10 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse. Esa relación habría llegado ahora a 4,3, en el marco de una mayor sobrevida a la edad jubilatoria, con una esperanza de vida al nacer que creció desde los 61 años en 1947 a los 74 de la actualidad, tendencia que, se estima, continuará en el futuro".
El analista previsional, Carlos Grushka –actuario, docente e investigador–, ilumina la variante calidad de vida: "Si bien en los años 50 el mayor de 65 años se enfermaba más y como que estaba en una etapa casi terminal, ahora hay un buen estado de salud que abre otras expectativas, tanto de sobrevida como jubilado cuanto para los que no quieren retirarse y tienden a buscar mejores condiciones de vida, de vejez, porque probablemente no sienten que estén en una antesala del final".
El efecto de que haya una mayor proporción de viejos que pueden seguir trabajando incide favorablemente en el gasto de atención de la salud, dada la característica de "concentrárseles las enfermedades a los que viven más de 70 a 80 años en los últimos dos años de vida".
Y en aras de la posibilidad de extender voluntariamente la edad de jubilación, "¿qué sucedería si se implementara para los años previos un esquema flexible que coordine el retiro con el trabajo?", desafía Grushka.
Weisz le da la bienvenida a alguna nueva ley de retiro anticipado.
"En el mercado actual se habla de escasez de talento (siempre relacionado este concepto a jóvenes), pero se siguen buscando por parte de las empresas soluciones para retirar a los mayores", remarca la contradicción.
Apunta que "de los cientos de jubilables que pasan por nuestras manos año a año, diría que 80% preferiría no jubilarse. Y esto obedece a variadas razones: la gente se siente bien y útil, sin duda, y esto hace que físicamente no necesite el retiro, pero también está aferrada a un sistema de vida que transcurre bajo el paraguas protector del trabajo: ingresos, acceso a la salud privada, acceso al mercado financiero, etc.".
Advierte sin embargo que, cuando se observan las proyecciones de adultos mayores como porcentaje, no solo se explican por la menor tasa de mortalidad, sino también por la menor tasa de natalidad.
"Habría que analizar cuándo la postergación del retiro se transforma en una necesidad laboral (porque no haya jóvenes suficientes para ocupar puestos de trabajo), pero si quisiéramos inscribir esto en la Argentina de hoy, con un desempleo entre 7% y 7,5%, tasa estable, menor inversión, menor productividad, etc., no veríamos que sea posible postergar la edad de retiro".
Aclara que "más bien lo que se ven son acciones para ayudar a las personas a retirarse: asesoramiento previsional con honorarios del trámite incluido, financiación del plan de salud por un período de entre uno y tres años a partir de la desvinculación, una gratificación cuya fórmula obedece a la antigüedad en la empresa y al salario".
Decisión ineludible
Colina juzga ineludible aumentar la edad de jubilarse. Lo fundamenta en el carácter estructural que representa, y además en que responde a una dinámica demográfica natural: "Es algo que no podemos evitar: es bueno que la gente viva más pero tiene un costado malo, que hay que trabajar más para poder mantenerla".
Descalifica el argumento de que extender la edad quitaría empleos a los más jóvenes, "porque ello presupondría que hay una cantidad dada de puestos de trabajo y que entonces los trabajadores compiten por ocuparlos, cuando lo real es que, en una economía que se expande, se crean cada vez más puestos de trabajo. Y si entra más gente a trabajar la economía va a expandir su capacidad de producción. Y ahí es cuando pueden convivir una persona cerca de jubilarse con un joven".
Hace la salvedad de que sí se podría atenuar el efecto del envejecimiento si en lugar de estar cinco años lanzando decretos con disminución de la edad para jubilarse, se empezara a pensar en aumentarla en dos o tres meses por cada año, de modo tal que al cabo de cinco años se la pueda haber extendido dos o tres años. Y eso le daría estabilidad acompañando a la expectativa de vida.
Bour, en cambio, prioriza ampliar el número de años de contribución antes que extender la edad para que la ecuación del sistema rinda, como hizo Francia.
Dice: "Usted tiene que contribuir 30 años, 35, 42 años, que es hasta donde lo levantaron. Ahí ya no importa tanto la edad, porque el que empezó a contribuir a los 25 no se jubila hasta los 67, siempre y cuando durante todo ese tiempo haya estado ocupado y aportando al sistema formal. El que haya estado tres años desocupado tendría que esperar a los 70".
"No es lo mismo ser jubilado a los 65 que a los 70, sencillamente porque en aquel caso, pagará cinco años menos a los sobrevivientes y hasta se convertirá en uno de ellos. Como la expectativa de vida aumenta, ese número de edad jubilatoria también debería aumentar", sentencia el jefe de FIEL.
En reuniones casuales o informales con personal técnico de la Secretaría de Seguridad Social de la época de Walter Arrighi, Weisz recuerda a una actuaria mostrando el cálculo en materia de sustentabilidad financiera que comparaba la postergación de dos años en la edad con una mejora de pocos puntos en la recaudación.
"Mi opinión coincide con la suya: debemos trabajar en la recaudación antes de postergar la edad. Porque, además, hay que pensar que la economía tiene que generar empleo suficiente para no taponar el ingreso laboral a los jóvenes debido a que los mayores se queden más tiempo. Si no, vestimos un santo desvistiendo a otro", sostuvo.
Cuentas nocionales
Lo Vuolo está persuadido de que la disminución de los tiempos de empleo y su mejor distribución entre más personas constituyen una tendencia que será inevitable en un capitalismo que cada vez genera menos ocupación por unidad de capital.
Otra cuestión sería discutir cómo se hace racionalmente esa mejor distribución. Y recomienda mirar a los sistemas de cuentas nocionales aplicados, por ejemplo, en Suecia, donde se construyen sistemas públicos de reparto equilibrados, con garantía de mínimos, ajustables según la situación financiera, que estimulan el ahorro colectivo.
Bour aclara que, en última instancia, adoptar la alternativa sueca impondría una enorme institucionalidad y la garantía de que no se meterá la mano en las cajas.
El esquema que decidieron desarrollar algunos países, como Suecia y Brasil, "aunque los mecanismos no hayan sido exactamente los mismos", es el de las llamadas "cuentas nocionales", que son sistemas administrados por el sector público con beneficios que se calculan sobre la base de fórmulas más relacionadas con la capitalización que con los cálculos tradicionalmente propuestos por los regímenes de reparto.
Con estos esquemas, este sistema comparte el modelo de financiamiento, ya que por lo general se sigue el principio de la solidaridad entre generaciones.
Explica esas cuentas nocionales Lo Vuolo en su libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación. Dice: "Deberían ser complementarias de una jubilación ciudadana garantizada a toda la población independientemente de su situación laboral en la vida activa.
La idea de coberturas universales parece estar cada vez más instalada en la sociedad. Tal vez un sistema universal financiado de rentas generales podría coexistir con un sistema de capitalización voluntario u optativo para aquellos que participen en el mercado de trabajo".
Admite Susmel que se pueda diseñar un sistema universal, con la salvedad de que el punto es si los ingresos que genera la sociedad son suficientes para financiar el "todo para todos".
De todos modos, volviendo sobre la hipótesis de que el sistema fuese universal –como está tendiendo el actual–, "los impuestos al trabajo que generan distorsiones no serían los más apropiados. Si la cobertura es para todos ¿por qué la deberían financiar los que trabajan?", se plantea.
Weisz acuerda que "nuestro sistema es contributivo, es decir cubre a trabajadores que aportan", y evoca a un gran experto del tema, que fue en su momento funcionario de la provincia de Santa Fe, quien sostiene que ser "viejo" es condición suficiente para recibir un beneficio previsional, como ser "enfermo" sería condición suficiente para ser atendido en un hospital público.
Cambios sustanciales
"Todo esto implicaría un cambio radical del sistema", señala, y prosigue que de alguna manera, hoy el Estado protege al que no "puede hacer aportes suficientes" (que entrecomillo porque habría que precisar numéricamente qué significa), con lo que "el Estado considera que si no se llega a la jubilación mínima hay subprestación y complementa la diferencia. La moratoria no equipara. Le da una prestación a quienes no hubieran accedido por falta de años en el sistema", reflexiona.
Colina también aspira a generar un pilar universal, pero en consonancia con la idea de que, teniendo en cuenta la tabla del mercado laboral al que está aportando, pensar en llegar a jubilarse con aportes de 30 años no sea posible.
Estima que habría que darle algo sustentable a los que no ha hecho los aportes y que no sea igual al beneficio que reciben los que sí los hacen y sin haber aprovechado ninguna moratoria.
Propugna asimismo definir el beneficio: a qué va a tener derecho a acceder la gente cuando se jubile. Y acá es donde insta a jugar con los topes. "A las personas de muy altos ingresos hay que decirles que el sistema les va a garantizar solamente parte del salario, y vamos a tener un tope relativamente bajo para que lo que vaya por encima pueda suplementarse con mecanismos privados de ahorro".
Redefinir el sistema previsional no agota los desafíos que se ciernen sobre el futuro de las naciones.
El envejecimiento de las sociedades, que se combina con una declinación de la tasa de mortalidad en el mundo desarrollado, inspira una de las megatendencias que afectará de diversas formas a los usos y costumbres del consumo: qué productos va a necesitar más la gente y qué exigencias de salud traerá aparejada, según se desprende de lo expuesto por el presidente y CEO de Novartis AG, Daniel Vasella, en la serie de "Conversaciones de McKinsey con líderes globales".
Desde ese tema el círculo vuelve a cerrarse sobre las jubilaciones. "¿No deberíamos trabajar más años que los que se fijaron en la década del 60?", se pregunta.
Distintas voces
Mercado consultó a especialistas de distintos signos: Juan Bour y Nuria Susmel (de FIEL), Jorge Colina (de IDESA), Carlos Grushka, Ana María Weisz (de Mercer), Luciana Díaz Frers (CIPPEC) y Rubén Lo Vuolo (CIEPP).
De moratoria en moratoria
Los especialistas Oscar Cetrángolo y Carlos Grushka publicaron en su libro Encrucijadas en la seguridad social argentina un gráfico elocuente, que abarca desde 1944 hasta 2010, e ilustra claramente la existencia de tres períodos en la evolución del financiamiento contributivo, el gasto en las prestaciones y el déficit resultante, que debió ser solventado por el Tesoro nacional y recursos tributarios adicionales. Desde los años 40 a los 60, el sistema daba excedentes, si bien al principio solo estaban comprendidos los aportes de 7% de la población económicamente activa.
Las moratorias ya desde aquellos años dejaron sus huellas marcadas: reforzaron en primera instancia los ingresos, pero terminaron siendo una "hipoteca", que explotó a partir de los 70.
Desde entonces jamás retornó el equilibrio genuino, salvo uno transitorio en los años 74,75 y 76, un período pletórico de planes estabilizadores, inflación, paritarias salvajes, "Rodrigazos" y convulsiones de toda índole.
Juan Bour hace cuentas: "Hace 10 años, hasta 2003-2004, había 3,7 millones de beneficiarios entre jubilados y pensionados y si no recuerdo mal el número de pensiones contributivas no llegaba a 600.000, y hoy entre todos suman 7,2 millones", desgrana para preguntarse: "¿De dónde salen las contribuciones para duplicar el número de pensiones? Simplemente de dar moratorias para jubilar a todos los que tuvieran la edad, lo mismo las pensiones y las no contributivas por las dádivas oficiales, lo que hace que muy probablemente, para sostener este sistema político, se tenga que mantener este nivel de pensiones en el futuro. 7,2, 7,5 millones de jubilaciones en 40 millones de población (incluidos los bebés), representan casi 20%".
El ahorro voluntario, la pata que falta
El jefe de FIEL no pierde la esperanza de que en algún momento se quiera volver a incorporar a los regímenes privados: "hasta los chinos ya hicieron algo". Pero recuerda que cuando se estableció el sistema mixto había tres pilares: uno público, uno privado obligatorio y uno voluntario. Y que si este último siempre fue muy pequeño es porque la gente desconfiaba de cuánto le iban a devolver.
Colina ensaya que "sería mucho más inteligente por parte del Estado decir vamos a poner un tope de $15.000/20.000 del salario y por encima de eso se puede ahorrar en un seguro de retiro. Obviamente que el Estado lo puede incentivar con alguna exención al impuesto a las ganancias y proteger que el seguro de retiro no pierda los ahorros.
En los países avanzados, apunta, la jubilación es universal a partir de determinada edad con una jubilación mínima, y por encima de ese monto, la gente complementa con planes de pensiones que se pactan como mejora salarial durante la actividad.
Weisz considera que los ahorros voluntarios "no precisamente tienen que usarse para financiar al sistema de reparto". Opina que generar ahorro interno airea la economía y destaca que en muchos países existen siempre con un incentivo impositivo.
Cuenta que AVIRA (Cámara de Aseguradoras de Vida y Retiro) está llevando adelante un proyecto interesante junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación e incluso lo tuvo al ministro Hernán Lorenzino en su seminario anual en 2012.
"Se trata de un monoproducto en compañías de seguros de retiro y vida que permita ahorrar en pesos hasta un tope con deducción impositiva. Por ahora, más que esto, no he escuchado en el plano de iniciativas nacionales. Y ya lleva mínimo dos años de conversaciones y trabajo", detalla.
Se pregunta cómo hará el mercado asegurador para hablar de beneficios impositivos en sistemas de ahorros voluntarios si el Estado aún no cumple con el texto del SIPA (Sistema Integrado de Previsión Argentino), de diciembre de 2008, en lo relativo a la jubilación extraordinaria proveniente de los aportes voluntarios realizados al ex sistema de capitalización. Brama: "¡No se trata de aportes mandatorios, sino del ahorro privado de quienes quisieron y pudieron y cuya reglamentación quedó incluida en la nueva ley!"
Un fondo de dudosa sustentabilidad
¿Y qué sucedería si los fondos previsionales no alcanzasen para cubrir las jubilaciones y pensiones y debiera echarse mano al fondo de garantía y sustentabilidad que absorbió los depósitos de las AFJP estatizados?
Colina y Díaz Frers desalientan mayores ilusiones. Para el economista de IDESA, "60% está compuesto por títulos públicos, pero a la vez que el Estado usa el excedente circunstancial del sistema previsional para financiar su déficit. Cuando se le termine va a tener que ser el propio Estado el que ponga la plata al sistema previsional y no veo que vaya a ser posible".
La directora de CIPPEC cuantifica: "De los $227.000 millones reportados oficialmente a septiembre de 2012, 63,5% corresponden a instrumentos de deuda pública y 14,4% a proyectos productivos o de infraestructura, mayoritariamente también asignados a entes estatales, por lo que la suma con la que el Estado efectivamente cuenta para fondear gasto previsional (acciones, plazo fijo y otras disponibilidades) sería de solo $50.000 millones (22% del total).
Aparece Lo Vuolo con un enfoque más conceptual del ahorro previsional y niega que este se haya terminado. "No hay sistema de previsión que pueda funcionar sin ahorro. Lo que desapareció fue la capitalización financiera en cuentas individuales –aclara–. Pero el sistema tiene un fondo de ahorro colectivo muy importante que está siendo mal administrado y mal invertido para garantizar una capitalización adecuada".
Pone de relieve que "los fondos de la seguridad social se están utilizando de manera discrecional y con finalidades ajenas, además de los propios problemas de los malos retornos de algunas inversiones".
Un par de generaciones más, y
habrá más viejos que jóvenes
Datos de las Naciones Unidas dan cuenta que en 2009 el número de personas con 60 años o más superaba los 737 millones en todo el mundo representando 10,8% de la población mundial; el número de personas de 65 y más llegaba a los 512 millones, 7,5% de la población del planeta); y había más de 100 millones de personas con 80 años y más (1,5% de la población mundial).
"Las proyecciones indican que hacia la mitad del presente siglo el número de adultos mayores de 60 años alcance la cifra de 2.000 millones (22% de la población mundial)", concluye.
Resalta que "por primera vez en la historia, hacia 2050 los adultos mayores en el mundo superarán a los jóvenes".
Pero, cifras aparte, la directora de Retiros de Mercer advierte que el fenómeno del envejecimiento de la población, en todo caso, es un proceso que trasciende los balances previsionales para afectar a la sociedad global toda, con significativos impactos en:
• Lo económico, en el crecimiento, el ahorro, la inversión, el consumo, el mercado de trabajo, la tributación, las transferencias intergeneracionales y por supuesto en las pensiones.
• Lo social, en la salud y su atención, la composición de la familia, las condiciones de vida, la vivienda, la migración.
• Lo político, en los patrones de voto.
Debate fuera de agenda
Lo Vuolo plantea serios (y en muchos casos viejos) problemas:
1) Dificultades para ampliar cobertura más allá de medidas "excepcionales" como la moratoria;
2) Desbalances financieros entre recursos corrientes y gastos comprometidos conforme a las leyes;
3) Incumplimiento de normas legales;
4) Convivencia de distintos sistemas en el país con normas diferentes;
5) Fragmentación de beneficios conforme a las normas y a la situación laboral de las personas;
6) Tendencias demográficas, financieras y del mercado laboral que auguran mayores problemas a futuro.
Y argumenta que como en la Argentina se cambió integralmente el sistema de previsión social dos veces en 15 años, al haberse estatizado el anterior en muy poco tiempo y con amplia mayoría parlamentaria, "debería ser más fácil revisar algunos de sus parámetros".
Susmel por el contrario es escéptica en cuanto a la factibilidad de que se revise el actual sistema "antes que la sangre llegue al río".
También rememora que la Argentina reformó el sistema de pensiones hace muy pocos años (a fines de 2008), pero para interpretar que, si bien la reforma no era menor en ese momento, ya que implicaba un cambio radical de sistema, "prácticamente no hubo discusión, o si la hubo fue muy superficial, lo que no hace prever una revisión seria del sistema de pensiones en el futuro cercano".
