Por Pascual Albanese (*)
La atención de la opinión pública alterna entre los esfuerzos del Ministro de Economía, Sergio Massa, por impulsar un viraje en la política del gobierno y las iniciativas de Cristina Kirchner para enfrentar al “Partido Judicial”, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, y frenar el incesante avance de las causas penales en su contra.
El gran ausente en esas imágenes es el presidente Alberto Fernández, salvo por su ocasional aparición en actos protocolares o ensayos aislados de sobreactuación que a veces resultan contraproducentes porque acentúan la percepción generalizada sobre la debilidad del poder político.
El resultado del viaje de Massa Estados Unidos marcó la confirmación política del giro económico gubernamental. La visita certificó el respaldo de la Casa Blanca, a través de la Secretaría del Tesoro, que influyó en el comportamiento amistoso de los organismos financieros internacionales, en especial del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La contrapartida fue el compromiso de Massa con las metas estipuladas en el acuerdo suscripto con el FMI.
Tal vez exageradamente impresionado por lo ocurrido con Donald Trump y el asalto al Capitolio de enero de 2021, y frente a la probabilidad de que algún episodio semejante, aunque en mayor escala, pueda registrarse si el ex presidente republicano vuelve a postularse y es nuevamente derrotado en las elecciones de 2024, el equipo de Joe Biden está preocupado por la estabilidad en Brasil.
Teme que si Lula triunfa en la segunda vuelta de las elecciones Jair Bolsonaro impugne el escrutinio y desencadene una crisis institucional de incierto desenlace. Esa prevención acrecienta hoy el interés estadounidense por la Argentina, que más allá de las obvias diferencias de escala es el segundo país de América del Sur.
Massa pudo acreditar lo que más ansiedad generaba en Estados Unidos: el grado de respaldo político a su gestión. Sus anfitriones pudieron ratificar las impresiones transmitidas por el embajador norteamericano en Buenos Aires, Mark Stanley, acerca de que, forzada por las circunstancias adversas, un gobierno puesto al borde del abismo y la ausencia de otra opción viable, la vicepresidenta habría terminado finalmente por aceptar un cambio de rumbo en la política económica.
Ese aval le otorgó a Massa un grado de autonomía mucho mayor del que gozaron sus predecesores, inclusive superior al otorgado en 2019 al mismo Fernández. Pero ese apoyo, que más que en palabras se traduce en un prudente silencio, tiene tres condicionamientos.
El primero, y único en términos de política económica, es evitar una devaluación masiva que implique un nuevo salto en la espiralización inflacionaria.
El segundo es la preservación de las “cajas” manejadas por La Cámpora en el aparato del Estado, entre ellas la ANSES, el PAMI, YPF y Aerolíneas Argentinas. El tercero es la continuidad del financiamiento del Tesoro Nacional a la provincia de Buenos Aires, concebida como el bastión del “kirchnerismo” para después de 2023.
Esa aceptación de lo inevitable por parte de Cristina Kirchner generó una postura más contemporizadora del conjunto del oficialismo. La inédita gira a Estados Unidos de los gobernadores de las provincias del Norte Grande, incluido el presidente del radicalismo Gerardo Morales, acompañados por el Ministro del Interior, Wado de Pedro, constituyó un síntoma inequívoco de que el peronismo territorial secunda el viraje impulsado por Massa.
Más inesperadas fueron las entrevistas de Stanley con Roberto Baradel y Hugo Yasky, máximos dirigentes de la Central Autónoma de Trabajadores (CTA), que demostraron que esa dolorosa comprensión de que “el fuego quema” involucra a una amplia franja del “kirchnerismo”. La conducción de La Cámpora envió a su militancia un mensaje elocuente: “aguantar para sobrevivir”.
Desde un principio, Massa contó con el activo respaldo de los principales grupos empresarios, interesados en evitar un estallido hiperinflacionario y garantizar, como mínimo, un tránsito político ordenado hasta las elecciones presidenciales. El acuerdo con el sector agroindustrial rubricado en torno al “dólar soja”, con el consiguiente ingreso de divisas en las reservas del Banco Central, representó una exitosa señal de fortaleza.
Pero este viento favorable no disipa los nubarrones políticos. El espacio de maniobra del Ministerio de Economía está severamente limitado por los condicionamientos impuestos por tres actores centrales de la coalición oficialista: los gobernadores, el sindicalismo y los movimientos sociales.
Los mandatarios provinciales no aceptan una reducción de las transferencias de fondos a sus jurisdicciones ni la lentificación del ritmo de ejecución de la obra pública. La CGT defiende a rajatabla el mecanismo de las convenciones paritarias para preservar el poder adquisitivo de los salarios ante el avance de la inflación. Los movimientos sociales resisten cualquier reducción de los programas asistenciales.
La “agenda paralela
La “agenda paralela” impulsada por Cristina Kirchner no modifica la ecuación de poder. Contra las suposiciones iniciales de la mayoría de los analistas políticos, las encuestas revelaron que el repentino protagonismo adicional brindado a la vicepresidenta por el fallido atentado en su contra no mejoró en absoluto su imagen en la opinión pública, con el agravante que un elevado porcentaje de los consultados manifestó sospechar de la existencia misma del hecho.
Esa constatación causó una inocultable aprensión en el Instituto Patria: si un episodio de características tan dramáticas como una tentativa de asesinato no generó una simpatía que le permitiera disminuir el nivel de rechazo a la figura de la vicepresidenta, parecería imposible encontrar una respuesta efectiva a ese déficit que impone un techo infranqueable a su futuro político.
Pero el análisis del fallido atentado y la información recogida hasta ahora en la investigación judicial pusieron bajo la lupa un fenómeno inédito y de todavía inciertas dimensiones: la existencia de una incipiente red de jóvenes unidos en torno a un visceral repudio al “kirchnerismo”, extensible incluso a la totalidad de la “clase política”, desencantados de las prácticas partidarias tradicionales y dispuestos a tomar el camino de la acción directa para hacerse oír.
Más allá de las interpretaciones conspirativas sobre una conspiración de los “poderes fácticos”, o de un auto-atentado, y de las críticas al operativo de seguridad y los comentarios humorísticos acerca de la “banda de los copitos”, la visibilización de agrupaciones contestatarias como Revolución Federal y otros nucleamientos afines expresa la aparición de una nueva forma de rebeldía, encarnada por jóvenes de clase media baja del conurbano bonaerense ajenos al sistema de asistencialismo estatal y alejados por lo tanto de los movimientos sociales y de la maquinaria electoral de los intendentes del conurbano.
Esta franja juvenil es parte de la base de sustentación de Javier Milei pero con una tendencia abiertamente “antisistema”. El ominoso fantasma de la década del 70 vuelve a sobrevolar la política argentina, caracterizada por la fragilidad de las instituciones y por la memoria de las sucesivas etapas de violencia, agravadas hoy por el vacío de autoridad derivado de la disolución del poder presidencial.
Esta irrupción alarma lógicamente al “kirchnerismo”. La verificación de que una cantidad tal vez estadísticamente insignificante pero numéricamente nada despreciable de jóvenes apruebe el asesinato de la vicepresidenta implica la aparición de un riesgo de vida inédito en la política argentina desde la restauración de la democracia en 1983.
Medidas de seguridad
Como reza un viejo refrán criollo, “el miedo no es zonzo”. Esa percepción llevó, ahora sí, a la adopción de medidas excepcionales de seguridad en los desplazamientos de Cristina Kirchner. Explica también la súbita apelación a la retórica contra los llamados “discursos de odio” y sobre la conveniencia de abrir canales de diálogo con la oposición, incluido Mauricio Macri.
No hace falta extremar la suspicacia para suponer que el “kirchnerismo” está preocupado por su futuro después de las elecciones presidenciales de 2023.
Pero estos atisbos de mensajes conciliadores emitidos por Cristina Kirchner y sus voceros chocó rápidamente con la imperiosa necesidad del “kirchnerismo” de focalizar su prédica casi exclusivamente en la derrota del enemigo como única forma eficaz de mantener la unidad del Frente de Todos y relegar a un segundo plano el fracaso de la gestión presidencial.
En ese sentido, la renovada embestida contra el Poder Judicial, reflejada en la aprobación por el Senado de la ley de ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia exceda la obvia y comprensible intención de defender por todos los medios a su libertad personal y la de su familia para transformarse en la búsqueda de una consigna unificadora del conjunto del oficialismo y en un eje discursivo que oculte las controversias internas sobre el rumbo económico impuesto por Massa y su acercamiento con Estados Unidos.
El otro posible proyecto unificador del Frente de Todos, impulsado por los gobernadores peronistas con el apoyo del Frente Renovador y compartido por La Cámpora, es la eliminación del mecanismo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, fijado en 2010 durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuya aprobación parlamentaria favorecería al oficialismo en el tránsito del difícil camino que tendrá que recorrer hasta las elecciones presidenciales.
La desaparición de las PASO colocaría en riesgo la supervivencia de Juntos por el Cambio, que está condicionada por la posibilidad de dirimir a través de ese sistema la discusión sobre las candidaturas y por el debate abierto sobre el perfil de la alianza opositora, cuya unidad está amenazada por la agudización del conflicto entre “halcones” y “palomas”, por la disputa por la hegemonía desatada entre el PRO y un radicalismo envalentonado que pretende desplazarlo del liderazgo de la coalición y por el ascenso de la figura de Massa en el Frente de Todos.
Pero más allá de las especulaciones sobre alianzas y candidaturas el futuro electoral está subordinado al devenir de una coyuntura determinada por la implementación del viraje protagonizado por Massa, que intensifica las contradicciones tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio.
En el ”kirchnerismo”, la postura contemporizadora de la vicepresidenta tropieza con la necesidad de preservar a toda costa el “capital simbólico” de un “relato” ideológico cada vez más alejado de la realidad, una exigencia que está incrementada por una creciente preocupación ante una “fuga hacia la izquierda” en una franja de su base de sustentación, atraída por el Partido Obrero, tal como se reveló en el conflicto del gremio de neumáticos y en el crecimiento de las movilizaciones callejeras en la ciudad de Buenos Aires.
Resulta extremadamente significativo el contrapunto entre las opiniones vertidas por Cristina Kirchner sobre el impacto de los excesivos márgenes de rentabilidad empresarial en el aumento de los precios de los alimentos y el señalamiento de Máximo Kirchner sobre que “las cerealeras nos pusieron de rodillas” con la didáctica pero lapidaria respuesta del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.
Rubinstein sostuvo que “hasta que no logremos la unificación cambiaria habrá ciertos desórdenes y márgenes empresarios más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto superávit fiscal y casi sin reservas, luce demasiado riesgoso”. En otros términos, y sin eufemismos, el viceministro subrayó que el principal “formador de precios” en la Argentina de hoy no es el sector empresario sino el propio Estado y que la prioridad ineludible es la consecución del superávit fiscal, lo que en el léxico económico suele llamarse, antipáticamente, “ajuste”.
Este diagnóstico explica que en la exposición parlamentaria del proyecto de presupuesto nacional para 2023, a cargo del propio Rubinstein, Luciano Laspina, principal vocero económico de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, celebrara “el marco de racionalidad en que el viceministro presentó todas las cifras, la visión general de la economía. La verdad es que ha sido un cambio drástico. Desde ya le digo que cuenten con Juntos por el Cambio en el objetivo de reducir aún más el déficit fiscal”.
La realidad, aquella “única verdad” a la que se referían Aristóteles y Perón, impone el alumbramiento de un novedoso consenso político, que traspasa las fronteras entre el oficialismo y la oposición, esbozado ya durante el tratamiento parlamentario del acuerdo entre el gobierno y el FMI, que tuvo el apoyo de la bancada de Juntos por el Cambio y el rechazo de Máximo Kirchner, acompañado en esa oportunidad por un núcleo de sus colegas “kirchneristas” y también por un puñado de legisladores de la oposición.
Aquella divisoria de aguas señala la línea que divide entre el “adentro” y el “afuera” de este nuevo consenso, cuya articulación política trasciende el horizonte electoral y demanda una reformulación integral del sistema de poder instaurado en la Argentina el 10 de diciembre de 2019.
Esa opción no admite caminos intermedios. Más temprano que tarde, todos los actores tendrán que elegir entre las fantasías ideológicas de cualquier signo y el peso incontrastable de la realidad.
(*) Es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario.
