Liberar el cepo, misión para el Gran Houdini

    Por Rubén Chorny


    Gabriel Caamaño Gómez y Evelin Dorsch
    Foto: Gabriel Reig

    La Administración K saliente se aferró a convenios con terceros países para pertrecharse de reservas “alquiladas”, usó al Banco Central para tomar deuda con los bancos, redujo límites a las posiciones en dólares del sistema financiero y dilató los tiempos para vender divisas demandadas por los particulares y los importadores. Sólo así logró cruzar la meta del mandato sin tomar medidas de ajuste macroeconómico que, más o menos graduales, se instalaron en la agenda preelectoral de los candidatos a sucederlo.
    Los socios de consultora Ledesma: Joaquín Rafael Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez y Evelin Dorsch, pasaron en limpio los siete desafíos macroeconómicos más importantes que enfrenta la Administración Nacional entrante desde el inicio mismo de la gestión y serían:

    1) reformular un megaestado nacional deficitario e ineficiente;
    2) refundar un BCRA devastado y manejar un alto nivel de volatilidad nominal inicial;
    3) desactivar el proceso inflacionario;
    4) recuperar la competitividad/rentabilidad transable perdida;
    5) levantar el cepo;
    6) reinsertar a la Argentina en el mundo, y
    7) generar las condiciones para el crecimiento sustentable.

    El orden de prioridades a resolver empieza por la corrección fiscal y tributaria; a continuación siguen refundar y reenfocar al BCRA; luego anunciar y comenzar a implementar un plan antiinflacionario creíble, sustentable y consistente con el resto de las políticas, y finalmente, recala en el ajuste cambiario destinado a reactivar el sector transable, teniendo en cuenta el efecto de la inercia inflacionaria, de los ajustes tarifarios asociados a la consolidación fiscal, de las reducciones o eliminaciones de derechos de exportación y del traslado parcial de parte de esa devaluación nominal a precios.
    O sea que el levantamiento del cepo sería –según esta visión– la consecuencia de la puesta en marcha de un programa macroeconómico y no el punto de partida, como hábilmente instalara el oficialismo en la agenda de campaña de los candidatos al balotaje para hacerle pisar el palito a la oposición, al arrinconarla sobre definiciones sobre devaluación.
    De paso, el kichnerismo empujó a Daniel Scioli a plegarse en la negación de la crisis de balanza de pagos y justificar, de ese modo, los artilugios que hiciera con las reservas del BCRA, primero, y luego mediante la administración de la velocidad de pérdida de divisas, además de las trabas que le impusiera, lo cual en la jerga recibió el nombre de cepo cambiario.
    Prácticamente agotadas las reservas y las fuentes de donde “raspar” dólares, analiza Ledesma, “el ajuste que se vino retrasando hasta ahora y el consecuente fin del cepo están a la vuelta de la esquina”.

    Comprar tiempo

    Advierte que, pese a la debilidad del BCRA y las generalizadas y altas expectativas devaluatorias desaconsejarían cualquier salida gradual: “un fin desordenado del cepo y un igualmente desordenado ajuste macroeconómico tampoco resultarían deseables, por los efectos negativos para el nivel de actividad, empleo y las variables sociales y porque el riesgo de dar pie a un proceso de retroalimentación entre tipo de cambio, precios y salarios es relativamente alto”.
    Introduce el informe, en este contexto, la necesidad de “conseguir dólares genuinos para comprar algo de tiempo”, para lo cual “en algo podría ayudar el shock de confianza asociado a un nuevo gobierno”.
    Y, como el ajuste cambiario iría a la par del levantamiento del cepo, aconseja un rápido avance en la reformulación fiscal y la puesta en control de la política monetaria para desacelerar el proceso inflacionario.
    Según la consultora, a esta cronología que las propias circunstancias imponen hay que atribuir que haya habido cada vez menos debate entre un ajuste gradual y un shock inicial fuerte seguido de pequeñas correcciones periódicas después.
    La magnitud de la corrección cambiaria está enmarcada por la lectura que se haga del promedio del tipo de cambio real (TCR) multilateral de la economía argentina, el que de un valor de 1,116 en septiembre de 2015 (Dic 01=1) y de 1,113 en octubre (proyectando), se ubicaba 40% por debajo del promedio 2002-2015, y solo 8,7% por encima del promedio 1998-2001.
    El tipo de cambio real entre el $AR y el US$ promedió un valor de 0,98 en septiembre de 2015 (Dic 01=1) y de 0,97 en octubre (proyectando), ubicándose 41% por debajo del promedio 2002-2015.
    En tanto, el tipo de cambio real oficial $AR vs R$ (Brasil) promedió un valor de 0,675 en septiembre de 2015 (1998=1) y de 0,684 en octubre (proyectando), con lo que se ubica 52% por debajo del promedio 2002-2015, perforando el promedio 1998-2001 y acercándose a los mínimos históricos.
    Los fundamentos técnicos sobre la existencia de un atraso cambiario se materializan en el sostenido deterioro del superávit comercial local, que arañará los US$ 2.000 millones al cabo de este año, más de 70% de retroceso respecto de 2014.
    Lo paradójico sería que Argentina se encuentra entre los cinco países que más devaluaron su moneda respecto del dólar entre 2007 y 2015. Solo superada por casos caracterizados por guerras abiertas o civiles y desastres climáticos.
    El dato clave es que el tipo de cambio real oficial respecto del dólar acumulara un alza de casi 200% desde fines de 2007 a la fecha. Es decir, se triplicó. Sin embargo, en ese período el tipo de cambio real respecto del dólar se apreció cerca de 40%.
    Una de las explicaciones que encuentra la consultora Ledesma es que, en ese lapso, Argentina acumuló un diferencial de inflación respecto de EE.UU. de casi 400%: la inflación en el plano local sumó 480% (se sextuplicaron los precios en pesos), frente al 14% registrado en EE.UU. Otra forma de verlo sería caer en la cuenta de que los precios locales medidos en dólares acumularon un alza de 190% en ese período. Es decir, casi se triplicaron en dólares.
    Pero uno de los ejemplos más contundentes del desfase lo proporcionó el agricultor a la hora de decidir la superficie destinada a la siembra de soja para la cosecha 2016, en función del tipo de cambio real efectivo que percibiría: la ubicó entre los tres más bajos de los últimos 25 años, pese a tratarse del producto básico del mayor complejo exportador local y el más favorecido por el contexto internacional, y aun cuando el precio externo (FOB) de la oleaginosa más que duplica el promedio de aquel lapso.
    Por eso se espera que la superficie agrícola total se reduzca en cerca de 2 millones de hectáreas para la campaña en ciernes, por lo que el valor de las exportaciones caerá en unos US$ 4.000 millones a los precios actuales.

    Inflación

    La consultora señala como el principal factor, detrás del encarecimiento de la Argentina respecto de sus socios comerciales, a la alta tasa de inflación doméstica, “la que a la larga no pudo ni puede ser compensada por ninguna tasa de devaluación nominal”. Y aduce que, en el contexto macroeconómico actual, la devaluación termina retroalimentando el proceso inflacionario.
    Resalta que “no hay que poner la carreta delante del caballo”. O sea que, hasta que no se corrija, al menos, una parte importante del sesgo expansivo de la política fiscal y no se fortaleza y enfoque al BCRA en la cuestión inflacionaria, “no hay margen de maniobra para permitir que buena parte de los efectos negativos asociados al proceso de fortalecimiento internacional del dólar, por un lado, y el propio proceso inflacionario local, por el otro, sean amortiguados vía un ajuste del tipo de cambio nominal oficial”.
    Y recuerda la experiencia devaluatoria del 2014, “que retroalimentó el proceso inflacionario y profundizó la recesión”.
    Pone de manifiesto el exiguo poder de fuego de la autoridad monetaria (bajísimas reservas netas) y las generalizadas expectativas de corrección cambiaria para alertar que cualquier intento de ajuste más o menos significativo del tipo de cambio no oficial podría dar pie a un proceso de ajuste desordenado, con el consiguiente alto riesgo de “overshooting” y espiralización.
    También previene sobre una eventual reducción generalizada de las alícuotas de derechos de exportación, la que “profundizaría el déficit fiscal, acelerando el ritmo de emisión destinado a financiarlo y, consecuentemente, también impactaría al alza sobre el proceso inflacionario local (erosionando rápidamente la mejora de rentabilidad por esa vía) y la tasa de devaluación administrada, incrementando el riesgo de ajuste desordenado y espiralización”.
    Recuerda que sólo algunos productos exportables tienen alícuotas de derechos de exportación lo suficientemente considerables como para que una reducción o eliminación solucionen problemas de rentabilidad en el corto plazo.
    Tampoco ve que el acceso al endeudamiento externo sirva para alterar ese diagnóstico en el mediano-largo plazo, pues la utilización de esos recursos para financiar el “agujero fiscal” primario necesariamente implica su monetización. Y esa expansión monetaria que se inyecta en la economía local directamente vía gasto público contribuiría asimismo en sostener o, incluso, acelerar las presiones inflacionarias.

    Reinserción en el mundo

    El relanzamiento del Mercosur o su remplazo por nuevos esquemas multilaterales o bilaterales de integración, la negociación con los holdouts, la finalización de los juicios y sentencias pendientes en el CIADI, el retorno al mercado internacional de capitales y la flexibilización de los controles de la cuenta capital de la balanza de pagos local serán asignaturas ineludibles para la Administración entrante, subraya Ledesma.
    La herencia de un mercado interno cerrado y la prescindencia de los flujos internacionales de capitales constituyen las muestras visibles del relativo aislamiento local respecto del resto del mundo en que coronó la gestión kirchnerista (2003-2015), por la combinación de dos elementos:
    1- El default y posterior negociación de la deuda pública, que disminuyó el stock y trasladó hacia adelante el perfil de vencimientos de la deuda pública local en moneda extranjera, reduciendo drásticamente la necesidad de divisas del Estado Nacional, en particular, y de la economía local, en general.
    2- Que Argentina haya disfrutado durante ese período del shock positivo de términos de intercambio más significativo y persistente de, al menos, sus últimos 100 años de historia económica.
    No es un dato menor en este sentido que la relación entre los precios de las exportaciones y de las importaciones se haya mantenido muy por encima del promedio histórico e, incluso, del de los últimos 25 años.
    En 2008-2015, los términos del intercambio promediaron un nivel 36% superior al promedio de los últimos 115 años, 28% más alto que el correspondiente a los últimos 25 años (1991-2015) e, incluso, 12% superior al de los últimos 14 años (2002–2015).
    El saldo comercial resultante de esos históricamente elevados términos de intercambio aportó en forma directa a la economía local en el período 2008-2015 unos US$ 106.220 millones. Equivalen a más de 3,3% del PIB en dólares acumulado durante esos ocho años, el cual promedió una tasa de crecimiento de 8,3% anual.
    Por lo tanto, el impulso directo aportado por los altos términos del intercambio explicó no menos de 42% de ese dinamismo. El extraordinario contexto externo implicó un apalancamiento no menos excepcional para el nivel de actividad local, incluso, si sólo se considera el aporte directo.
    Otra comparación odiosa surgiría de considerar que el ingreso de divisas aportado por los altos términos del intercambio del período 2008-2015 más que sextuplicó al aporte asociado a las privatizaciones realizadas en la década de los años 90, que implicaron la concesión, privatización o liquidación de 67 empresas para generar ingresos por US$ 18.174 millones entre efectivo y títulos de deuda pública a su valor de mercado.
    Asimismo, el aporte de divisas superó en casi 37% el flujo neto aportado por la Inversión Extranjera Directa (IED) en el período 1992-2001 (US$ 76.440 millones) y casi duplicó al flujo neto acumulado por la IED en el período 2008-2014 (US$ 58.833 millones).
    Aún más, esa cifra superó en más de 40% al incremento registrado por el stock de deuda pública entre 1990 y 2001 (US$ 70.715 millones). Es decir, al endeudamiento neto registrado durante la década de los años 90.
    Un viento de cola proveniente del cuadrante más deseado: de la balanza comercial.