sábado, 28 de diciembre de 2024

Menor comercio de granos por inestabilidad macroeconómica

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El foco del análisis está si las turbulencias en los mercados financieros y cambiarios de las últimas semanas han influido sobre el ritmo de comercialización de principales granos (maíz, soja).

Debe recordarse que la comercialización representa el momento de ingreso de los granos al circuito económico, posibilitando el arranque de los distintos procesos logísticos, industriales y comerciales que derivarán finalmente y en su gran mayoría en operaciones de exportación (generación de ingresos y divisas), como explica el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea..

De acuerdo a las estadísticas disponibles (MAGyP), las ventas de maíz se encontrarían en un patrón estacional normal, fluyendo al mercado en línea con lo que ha sucedido en últimas campañas, y no se detecta alguna influencia negativa de la volatilidad macroeconómica en la decisión de comercialización. Al cierre de junio se llevaban comercializadas unos 25 millones de toneladas de maíz del ciclo 2021/22, aproximadamente el 50% de la cosecha esperada de este cereal.

Por el contrario, sí se observa un ritmo muy lento de comercialización en el caso de la soja y una baja relevante en las últimas semanas, que tiene que ver al menos en parte con la volatilidad macroeconómica (tipo de cambio). De venderse casi 800 mil toneladas semanales de soja en mayo, se pasó a 540 mil en las últimas 5 semanas (4 semanas de junio y 1 de julio), es decir se redujeron en un 32% los volúmenes comercializados. Nótese que a fines de junio sólo el 27% de la cosecha de soja estaba comercializada, cuando el patrón histórico ubica este porcentaje en el 45% para esa misma fecha.

La Argentina se encarece en dólares, en parte por atraso cambiario, pero más por las restricciones a importar y la escasez. Los precios de bienes y servicios no regulados (o sujetos a regulaciones parciales) se han encarecido en el mercado interno un 24,6 % en dólares al tipo de cambio oficial, desde 2019 a junio de este año. Si se descuenta la inflación de Estados Unidos del período, entonces tendríamos que esos 24,6 puntos se explican en 3/5 partes por la suba de los precios internacionales y 2/5 por factores locales .

Los ítems catalogados como “protegidos” se han encarecido en dólares mucho más de lo que puede ser explicado por la inflación internacional. Tomando los precios promedio de 2019, se tiene que, a junio de 2022, la suba de estos productos ha sido de 68,9 % en dólares, siempre utilizando el tipo de cambio oficial. Se incluyen aquí los precios de los vehículos, de artefactos para el hogar, prendas de vestir y pasajes aéreos.

De la comparación de los precios de los productos “no regulados” vs los “protegidos”, se deduce que el encarecimiento en dólares del país respecto de 2019 es en parte por atraso cambiario, pero fundamentalmente por los efectos colaterales de las crecientes restricciones que operan sobre la operatoria del comercio exterior, que producen faltantes y escasez, sea de insumos y partes como de bienes terminados. El objetivo de controlar precios y cantidades al mismo tiempo fracasa, y una gama relevante de productos pasa a usar los dólares libres para estimar los costos de reposición.

También es cierto que existe “inflación en dólares reprimida”, si se tiene en cuenta el atraso de las tarifas de los servicios públicos. A junio de este año, el costo de la provisión de agua, electricidad y gas (datos de CABA) se ha abaratado un 42,6 % en dólares respecto del promedio de 2019, replicando en forma corregida y aumentada el fenómeno experimentado a lo largo del ciclo que llegó hasta 2015.

Para que la Argentina pueda proponerse una estabilización sustentable en el futuro, deberá empezar a corregir las tremendas distorsiones de precios relativos que se constatan. Para avanzar en esa dirección, se requiere un doble movimiento: por un lado, normalizar la operatoria del comercio exterior, para que los precios locales vuelvan a converger con los internacionales y, por el otro, devolver a las tarifas de servicios públicos el rol del GPS (sistema de precios) que orienta decisiones de consumo e inversión

 

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