El menor costo fiscal (1,7% PIB) se da para una población alcanzada de 7,5 millones de personas, y en el caso que cada una de ellas perciba el equivalente a la CBA cada mes ($14.401).
El mayor costo fiscal (6,6% PIB) ocurre para 16,9 millones de beneficiarios, en el caso que cada uno de ellos cobre un IFE mensual de $24.241, concluye el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.
En cualquier caso, aún para el de menor costo fiscal para el SBU (1,7% PIB), se trata de una política inviable para Argentina, que en 2023 debería exhibir un déficit primario de 1,9% del PIB, según acuerdo con FMI.
La implementación del SBU el año próximo, aun cuando se cumpliese con la meta de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, implicaría un ajuste extra de 2,3% del PIB en otros gastos, o de una suba adicional en la presión tributaria mayor a ese guarismo, si se tiene en cuenta que una porción de los impuestos son coparticipados con provincias.
Además, en un contexto en que se reduce el financiamiento voluntario al gobierno, y crece la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, añadir nuevos programas voluminosos de gasto más probablemente incrementaría la asistencia del BCRA al Tesoro (emisión monetaria) y con ello la tasa de inflación.
Considerando que Argentina ya exhibe niveles muy altos de presión tributaria para el contexto de países similares, y que el también alto gasto público ha conducido a niveles de déficit fiscal que, especialmente en estos días, ya resultan poco factibles de financiar, la propuesta de implementar un salario básico universal resulta inviable, y su debate en el actual contexto no hace más que aumentar la desconfianza hacia la política económica que se lleva a cabo en el país.
