Pero se logró gracias a un artilugio contable que permite registrar un inusual incremento de ingresos extraordinarios.
La maniobra procura disimular la dinámica explosiva de los subsidios energéticos, afirma el último informe semanal de la consultora IDESA. En el acuerdo con el FMI, la Argentina se comprometió al cumplimiento de una serie de medidas siendo las más importantes la reducción del déficit fiscal primario y de la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Para ello, se acordaron metas que serán monitoreadas por el FMI de manera trimestral.
Con el objetivo de contribuir a la trasparencia y el control social en el sitio web de IDESA se puede monitorear mensualmente y con mucha simplicidad el cumplimiento de ambas metas (https://fmi.idesa.org/).
Actualmente los técnicos del FMI están evaluando el 1° trimestre del 2022. Según el acuerdo, no se debería superar en los tres meses de comienzo de año $ 222 mil millones de déficit fiscal primario y $ 237 mil millones de emisión monetaria. Con los datos que publican el Ministerio de Economía y el Banco Central el déficit fiscal primario registrado habría sido un 87% y la emisión monetaria un 52% de estas metas. Evaluadas en perspectiva estrictamente contable, hay un cumplimiento holgado de los compromisos.
Sin perjuicio de que esto permitirá superar el monitoreo del FMI, resulta pertinente un análisis más desagregado. Según la información oficial publicada se observa que:
- El déficit primario fue de $193 mil millones.
- El ítem, dentro de los ingresos, “Otras rentas de la propiedad” alcanzó los $175 mil millones, registrando un aumento del 370% respecto al año anterior.
- Si el crecimiento hubiese sido similar al de años anteriores, el déficit habría sido de $298 mil millones, que sería un incumplimiento de la meta en un 34%.
Estos datos muestran que la meta fiscal se estaría cumpliendo gracias a ingresos extraordinarios. Si se excluyera este componente, la evaluación del FMI del primer trimestre de ejecución del acuerdo sería negativa. En otras palabras, desde el punto de vista contable habría cumplimiento. Pero, profundizando el análisis más allá de los formalismos con que se registran las cuentas públicas, aparecen evidencias que ponen en duda cuán genuino es el monto del desequilibrio fiscal publicado. No ayuda a despejar sospechas que el Ministerio de Economía no opinó sobre estos ingresos extraordinarios.
La explicación es que se computa como ingresos corrientes la diferencia entre el valor nominal de los bonos que emite el Ministerio de Economía y el precio al que efectivamente los coloca. El punto es que un bono de deuda tiene un valor superior a su valor nominal cuando su rendimiento es superior al de mercado. Por ejemplo, la tasa de interés de mercado es de 50% y el Estado promete vender un bono por $100 y pagar al vencimiento $160. Dicho bono tiene un valor de mercado de $107 porque este monto al 50% de interés arroja $160. Por trascendidos periodísticos, el Ministerio de Economía señaló que esta registración es usual. El punto es que usualmente “Otras rentas de la propiedad” venían representando un 2% de los ingresos totales, mientras que en marzo del 2022 representaron el 12%. La práctica puede ser usual, pero la intensidad con la que se usó en marzo es inusual.
Gracias a esta particular forma de contabilizar ingresos se pudo compensar el impresionante aumento en los subsidios energéticos. En el primer trimestre del 2022 estos subsidios tuvieron un incremento del 180% respecto a igual período del año anterior. Estos gastos venían aumentando a razón del 85% en enero y febrero y en marzo saltó a 350%. La guerra en Ucrania explicaría parte del aumento, pero ya antes de la guerra el gasto en subsidios energético venía subiendo muy por encima de la inflación (55%) y de los ingresos tributarios (58%). Esto confirma la dinámica explosiva de los subsidios energéticos.
Cumplir con el FMI no garantiza consistencia en las políticas internas. En el primer trimestre alcanzó con subir los rendimientos de la deuda pública por encima de las tasas de interés de mercado para inflar los ingresos corrientes. A la larga esto no va a evitar que la gente pague mayores tarifas por la luz y el gas.
