Por Manuel Jaramillo (*)
Sobre todo, en un año que seguramente será recordado como decisivo en la lucha climática, y luego de casi dos años pandémicos en los que quedó en evidencia la urgencia de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza.
¿Cuán en serio nos tomamos esa urgencia? ¿Qué saldo ambiental nos deja este 2021?
Si aplicamos la lógica del rojo al verde, debemos prestar atención a las decisiones y al rumbo del ambiente en nuestro país. El semáforo ambiental de Argentina levanta varias alarmas; procrastinar ya no es una opción.
Rojo: las malas noticias del año
La Ley de bosques continúa sin implementarse plenamente: el
desfinanciamiento de la ley de bosques ya es un clásico argentino. En caso de aprobarse el presupuesto 2022, durante el año próximo los Bosques Nativos tendrán el menor porcentaje de presupuesto desde que se sancionó la ley en 2007. Esto representará sólo el 3% de los fondos que le correspondería, si la ley se cumpliera correctamente.
Gran parte de las provincias argentinas no ejecutan ni rinden en tiempo y forma los fondos recibidos para la conservación y manejo sustentable de sus bosques nativos: según información oficial de mayo de 2021, las diversas jurisdicciones tenían pendiente de presentación o aprobación el 34% de los fondos recibidos para la Ley de Bosques.
A su vez, muchas provincias tienen sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos vencidos y los procesos de actualización presentan objeciones desde diversos sectores.
Argentina no presentó en la COP 26 su Plan nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, ni su Estrategia a Largo Plazo a 2050:
a pesar del compromiso de Carbono Neutralidad anunciado por el Presidente Fernández a fines de 2020, el país no presentó en Glasgow estos dos planes que deben demostrar cómo el país piensa implementar sus NDCs y cumplir el compromiso anunciado.
La justificación se basó en la falta de consensos internos al respecto. Previo a la COP 26 los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Energía (de donde proviene más del 80% de las emisiones del país), emitieron comunicaciones y planificaciones que no consideran el compromiso presidencial de carbono neutralidad al 2050.
Amarillo, los que penden de un hilo
Presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales: con el recambio de las Cámaras, el texto que había sido aprobado en noviembre de 2020 por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados ya no tiene validez.
Ahora resulta necesario que, con la nueva conformación, todas las comisiones traten nuevamente los textos que continúan vigentes, durante el período extraordinario, antes de marzo 2022, para evitar que los proyectos pierdan estado parlamentario.
Trazabilidad de la pesca: contar con una ley de este tipo implicaría la recopilación e integración de información desde el barco hasta el consumidor final, identificando la embarcación, su procesamiento y la comercialización. Esto es un paso clave en el camino de transparentar la información, al hacerlo se facilita el acceso a mercados y a mejoras en las prácticas, procurando la sostenibilidad y el manejo de los recursos pesqueros.
Actualmente, uno de los proyectos de ley sigue teniendo posibilidad de ser tratado el año que viene, mientras que otro va a perder vigencia en cuanto inicie el próximo período legislativo en marzo de 2023. Para que esto se haga realidad es primordial que las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados avancen en su tratamiento.
Delitos ambientales: incluir como delito aquellas conductas y acciones que puedan generar daños al ambiente permitirá establecer consecuencias penales para los responsables de la pesca ilegal, la caza de especies silvestres amenazadas, la deforestación, los incendios, el uso indebido de agroquímicos y la destrucción de ecosistemas diversos, entre otras. Esta incorporación aportará nuevas herramientas que permitirán sancionar a quienes cometan actos que atenten contra la naturaleza y el ambiente.
El Código Penal de la Argentina no cuenta con delitos que tipifiquen conductas cuyo obrar pueda afectar el ambiente. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Ingresó al Congreso para que se debata con el objetivo de incluirlos en el Código Penal.
Verde, las buenas noticias
Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el N°27.621: el 3 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.621, la cual tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Pago por Reducción de Deforestación y Degradación Evitada (REDD+): el Fondo Verde del Clima, el gobierno argentino y FAO firmaron convenio por US$ 82 millones para ejecutar un plan de acción en Bosques y Cambio Climático.
Será destinado a ejecutar acciones Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) y buscará contribuir con la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional con énfasis en los lineamientos de la Ley 26331 de bosques nativos.
Argentina adhirió a la “Declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra”: a pesar que esto no había ocurrido al momento que el presidente Alberto Fernández y el Ministro Cabandié brindaran sus discursos iniciales en la COP 26, las gestiones posteriores lograron que Argentina se comprometiera a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, al mismo tiempo de trabajar por un desarrollo sostenible y promover una transformación rural inclusiva.
Etiquetado frontal de alimentos: las normas sobre etiquetado están desactualizadas y no dan cuenta del impacto sobre la salud y el ambiente de un producto. Un etiquetado frontal sería el antecedente necesario del etiquetado de huella de carbono, que permitiría ver la trazabilidad del ciclo productivo y encaminarse hacia un consumo más sostenible.
Argentina ahora cuenta con una Ley que actualiza la normativa sobre etiquetado para brindar más información sobre las cualidades nutricionales de los alimentos, con el fin de mejorar la alimentación de la población y el acceso a la información a la hora de elegir los productos que consumimos.
Si bien nuestro país cuenta con un amplio marco normativo que protege al ambiente, todavía necesita de nuevas legislaciones, actualizar las vigentes o hacerlas cumplir, aplicar soluciones basadas en la naturaleza y cumplir con sus compromisos asumidos, como la urgencia que estamos viviendo amerita, para construir una clara ruta de implementación de políticas climáticas con metas, responsabilidades y tiempos.
La Argentina necesita promover y trabajar por espacios de concertación en los cuales la naturaleza y las personas formen parte del eje central del desarrollo del país; la recuperación económica sólo será posible si se incluyen las variables sociales y ambientales.
(*) Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina
