El mandato constitucional de reformarla es incumplible. Por eso hay que eliminarla y tender a que cada provincia se financie con los impuestos que pagan sus ciudadanos, indica el último informe de IDESA.
La decadencia social y productiva se explica por varios factores. Uno muy importante es el mal funcionamiento del sector público. Los ciudadanos soportan una carga tributaria exagerada respecto a la muy limitada producción de bienes públicos que ofrece el Estado. La mala administración de los recursos públicos está en la médula de este desbalance que imposibilita el progreso.
Una de las razones por las cuales se gestionan mal los recursos públicos son los incentivos perversos del régimen de coparticipación federal de impuestos. La coparticipación opera como una trampa ya que no hay ninguna posibilidad de lograr el consenso unánime necesario para modificarla. Por esto, la salida es eliminarla y tender a que cada provincia se financie con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Para avanzar en este sentido se debería establecer que el Estado nacional se quede con todo lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias y las provincias con todo el IVA que se recauda en sus respectivos territorios.
La pregunta que se impone es cuán viable financieramente es este cambio. Según datos del Ministerio de Economía correspondientes al 2019 (pre-pandemia) se observa que:
- El IVA recauda aproximadamente el 7% del PBI el cual se distribuye 4% para las provincias y 3% para el Estado nacional.
- El Impuesto a las Ganancias recauda el 5% del PBI y se distribuye 3% para las provincias y 2% para el Estado nacional.
- Esto significa que asignando el Impuesto a las Ganancias al Estado nacional y el IVA a las provincias no se alteraría la situación actual.
Estos datos muestran que se podría eliminar la coparticipación. Apropiándose del 100% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el Estado nacional contaría con un volumen de recursos similar al de la actualidad. Lo mismo ocurre con el conjunto de las provincias al apropiarse del 100% de la recaudación del IVA. Entre las provincias no habría distribución secundaria, sino que cada jurisdicción debería recibir el IVA neto que pagaron los contribuyentes de su geografía. Con esta nueva regla, los Estados provinciales estarán estimulados a implementar políticas para aumentar el valor agregado de su geografía ya que esta pasaría a ser la forma de aumentar los recursos fiscales. Mientras más valor agregado genere, más recursos fiscales obtendrá el Estado provincial.
El cambio no requiere grandes modificaciones en el sistema de recaudación actual. La AFIP seguiría recaudando el IVA tal como lo viene haciendo sólo que en lugar de distribuirlo aplicando los porcentajes previstos en el “laberinto” de la coparticipación lo haría mandando a cada provincia el IVA neto generado por los contribuyentes de su territorio. Bajo este esquema se podría eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos, tributo extremadamente distorsivo y difícil de administrar tanto para las empresas como para los Estados provinciales. Para eso habría que aumentar la alícuota del IVA para compensar la eliminación de Ingresos Brutos. Esto no es un aumento de presión impositiva sino la explicitación de la actual superposición entre el IVA e Ingresos Brutos.
Ciertamente que las provincias más rezagadas no van a generar con el IVA los recursos que actualmente reciben de la coparticipación. Para atender esta situación hay que contemplar un Fondo de Convergencia para cubrir la pérdida de ingresos. Se trata de un mecanismo transitorio de compensación que debe contemplar políticas específicas tendientes a acelerar el desarrollo y así acortar las brechas con el resto del país. Con esto, las provincias hoy rezagadas generarán más recursos propios través del IVA.
Los constituyentes de 1994 le impusieron al Congreso una tarea imposible: acordar una nueva ley de coparticipación antes de 1996. Seguir entrampados en este esquema perverso de redistribución de recursos implica continuar alimentando la decadencia. La salida es eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos.
