Para revertir este deterioro social es imprescindible bajar la inflación. Para esto, hay que abordar un ordenamiento integral del Estado, sostiene en su último informe la consultora IDESA.
El INDEC publica oficialmente información sobre la pobreza de manera semestral. Sin perjuicio de ello, procesando datos de la encuesta de hogares del INDEC, se puede estimar que la pobreza en el 1° trimestre del 2021 está en el orden del 40% de la población urbana. Esto implica un aumento de unos 5 puntos porcentuales respecto al 1° trimestre del 2020, última referencia antes del inicio del confinamiento estricto por la pandemia.
La incidencia de la pobreza está fuertemente asociada a la informalidad. La razón es que el trabajo informal es la principal fuente de ingreso de los hogares pobres. En relación al empleo informal se observa una vuelta a la situación pre-pandemia. En el 1° trimestre del 2021 el empleo informal (incluyendo empleo asalariado no registrado y el cuentapropismo no profesional) esta cerca de 5 millones de trabajadores en los grandes aglomerados urbanos. Esta cantidad es similar a la del 1° trimestre del 2020. Cayó mucho en la etapa dura del confinamiento, pero ya se recuperó.
Recuperado el empleo informal, lo que habría que observar son las remuneraciones de los trabajadores informales. Tomando el período que va desde marzo del 2018 (cuando comienza la crisis) hasta junio del 2021, se observa que:
- Los precios de la Canasta Básica Total (línea de pobreza) crecieron a razón de 3,3% promedio mensual.
- El salario de los trabajadores informales se actualizó a razón de 2,3% promedio mensual.
- Esto significa que el salario real de los informales cayó a razón de 1% por mes.
Estos datos sugieren que con una inflación del 3% mensual es muy difícil bajar la pobreza. El aumento de precios provocó que en los últimos 3 años el ingreso real de los trabajadores informales caiga a razón de 1% por mes.
Por eso, la remuneración de los informales actualmente es un 33% inferior al nivel que tenían cuando comenzó la crisis. Esta es la razón fundamental por la cual la pobreza en el 1° trimestre del 2018 era de 26% y en el 2021 es del 40%. La inflación opera como una poderosa “fabrica” de pobres porque socava el ingreso de los trabajadores informales.
Proponer reforzar los planes asistenciales para reducir la pobreza en un contexto de alta inflación es voluntarista o un acto de irritante hipocresía. Darles dinero a algunos pobres (no a todos) con programas asistenciales de nombres ostentosos, como programa “Potenciar Trabajo” o plan “Argentina contra el Hambre por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria” –entre el centenar que también ejecutan las provincias y los municipios– no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema.
Por el contrario, por su diseño rudimentario y administración discrecional es claro que su funcionalidad no es social (reducir la pobreza) sino electoral (acrecentar el poder de quienes los gestionan). También es voluntarista o hipócrita declamar que se trabajará para convertir los planes sociales en empleos decentes. Con el actual contexto inflacionario no hay generación de empleos de calidad y mucho menos para gente con bajos niveles de calificación
Bajar la inflación no sólo es imprescindible para reducir la pobreza. Como lo señalan muchas encuestas, la inflación está entre las principales preocupaciones de la población. Sin embargo, en la campaña electoral dominan planteos elusivos e inconsistentes. Prevalece un amplio consenso de que en años electorales hay que aumentar el gasto público para poner “plata en el bolsillo de la gente”. Pareciera que gran parte del espectro político no escucha el pedido de la gente, que es, que la plata que le llega al bolsillo no se le esfume por la inflación.
Para reducir la inflación y generar condiciones propicias para la inversión y el crecimiento hay que abordar un ordenamiento integral del sector público. Se trata de ejecutar una agenda de transformaciones que no son de derecha ni de izquierda, sino guiadas por el sentido común. La meta es reconstruir el Estado para que sea financieramente sustentable y tenga la capacidad de producir los bienes públicos que la población demanda.
