Con lo que totalizaría cerca de 12% en el primer trimestre del 2021. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía ni siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado.
Sin embargo, no todo está perdido: luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril. Por qué, cómo y hasta dónde son las preguntas que se intentan responder en este informe.
En los últimos años, la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Más allá de por qué suben estas variables, su dinámica servía como explicación última del movimiento de la mayoría de los precios. Por lo tanto, analizar qué pasará en estos rubros nos permitirá precisar qué se vendrá en este frente.
A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses. De esta manera, el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación.
Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros.
No obstante, corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización.
La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso.
Más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos: éstas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones.
Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%, de modo que es imperioso recuperarlo este año, al menos una parte. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación.
Alcanzado este punto, vale notar el “nuevo” abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria.
En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra.
En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes.
En este sentido, el acuerdo de precios y salarios permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario. En la misma línea, las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria “consistentes” ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más “integral” en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-.
Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse. Por ejemplo, apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos.
En otro orden, el viento de cola internacional -suba de precios de commodities-, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas.
En síntesis, a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022.
