Lo que aumenta la urgencia de abordar el ordenamiento previsional. Se publicaron los resultados de las cuentas del sector público nacional del 2020. Los ingresos totales crecieron sólo un 23% interanual, mientras que los gastos primarios (antes del pago de intereses de deuda) crecieron un 63%.
Este desbalance hizo que el déficit fiscal primario pasará de casi $100 mil millones en el 2019 (cuando la meta era déficit primario cero) a un déficit de $1,8 billones. O sea, el déficit primario se multiplicó por 18 veces. Si a esto se suma el pago de intereses de deuda pública el déficit fiscal sube a $2,3 billones.
Las cuentas públicas también sufrieron un fuerte deterioro en términos del Producto Bruto Interno (PBI). Esto se debió a que el PBI creció en términos nominales apenas un 26%. De aquí entonces que el déficit primario en el 2020 ascendió a -6,5% del PBI. Hay que tener presente que esto se refiere a los gastos ejecutados (criterio de “caja”). Cuando se computen los gastos devengados, el déficit primario puede ascender todavía más.
Ciertamente que gran parte de este déficit es transitorio porque se origina en el COVID-19. Pero cabría analizar cómo se comportó la porción que tiene raíz estructural, como es el sistema previsional. En este sentido, según la información publicada por el Ministerio de Economía se observa que:
- Los ingresos previsionales, excluyendo las transferencias del Tesoro, pasaron de 8,3% a 8,2% del PBI.
- El gasto en jubilaciones y pensiones nacional pasó de 8,9% a 9,9% del PBI.
- Esto significa que el desbalance entre ingresos previsionales y el pago de jubilaciones y pensiones pasó de 0,6% a 1,7% del PBI.
Estos datos muestran que el déficit previsional estructural –entendido como la diferencia entre los ingresos propios y el pago de jubilaciones y pensiones– aumentó sustancialmente. Parte se explica porque los ingresos crecieron poco, como el PBI.
Pero el impacto más relevante es el aumento en los gastos de jubilaciones y pensiones. Este incremento se produjo aun cuando no aumentaron las nuevas jubilaciones por las limitaciones administrativas de la ANSES y la movilidad fue fijada discrecionalmente por el gobierno. El 2020 termina con el sistema previsional cubriendo con ingresos propios sólo el 80% de las jubilaciones y pensiones, generando así una enorme presión sobre el Tesoro nacional.
Cabe esperar que la recuperación de la economía aumente los ingresos tributarios y salariales del sistema previsional, pero no reducirá el déficit previsional. La razón es que con el reciente cambio de la regla de movilidad –que ata el aumento de las jubilaciones y pensiones a la evolución de los ingresos tributarios y salariales– el gasto previsional tiende a crecer al mismo ritmo que los recursos. Por lo tanto, dada la regla de movilidad adoptada, el crecimiento de los recursos previsionales no reduce los desequilibrios.
La nueva movilidad garantizaría sustentabilidad si el sistema estuviera en equilibrio o fuera superavitario. Pero cuando el gasto en jubilaciones y pensiones es mayor que los recursos, aumentar las jubilaciones al mismo ritmo que los recursos implica aumentar nominalmente el desequilibrio. Haber adoptado como regla que los haberes aumenten al ritmo de los ingresos, cuanto éstos se encuentran en un piso histórico por motivos de la crisis, es un error que acelerará la crisis previsional.
Para generar estabilidad macroeconómica y contar con el espacio fiscal que demandan las políticas de desarrollo es imprescindible revertir el crecimiento en el déficit previsional. Esto no se logra cambiando la regla de movilidad sino abordando un ordenamiento integral del sistema previsional. Los puntos imprescindibles del cambio son la eliminación de los regímenes especiales (y que el sector que aspire a condiciones más ventajosas cubra sus sobrecostos con aportes especiales a un régimen de capitalización), limitar la posibilidad de acumular la jubilación con la pensión por cónyuge, cerrar definitivamente las moratorias y aplicar reglas de ajuste de la edad jubilatoria a la dinámica demográfica.
