Sobre las condiciones externas: en condiciones normales, la suba en el precio de las commodities (sobre todo en la soja FOB puerto argentino), la baja tasa de interés en el mundo y las perspectivas de una menor recesión en Brasil deberían haber ayudado a despejar el panorama macro de la Argentina.
Sin embargo, esa información es conocida por los mercados y el riesgo país se mantiene en niveles altísimos, sostiene Daniel Artana, economista de FIEL en la última publicación de esa entidad.
El nivel de actividad de la Argentina del tercer trimestre sería 9% inferior al registrado en el último cuarto de 2019, similar a lo observado en España o el Reino Unido, pero mucho peor que el resto de las economías, que muestran reducciones entre 3 y 4% en el mismo período.
La tasa de inflación mensual, que fue de 1.5% en los meses de abril y mayo, aumentó a un promedio de 2.3% en junio-septiembre y a entre 3.5% y 4% en octubre/noviembre. Esto se explica por el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial (del orden del 3% mensual en los últimos meses) y por los aumentos en algunos precios regulados.
También es la forma en que la economía acomoda la oferta real de dinero a lo que la demanda quiere. Si el numerador (la oferta de dinero) aumentó en exceso respecto de lo deseado por la demanda transaccional, entonces los precios, tarde o temprano, deben ajustar.
Todo parece sugerir que el gobierno se tentará con nuevas rondas de aumentos de impuestos, a pesar de la elevadísima carga tributaria sobre el sector formal de la economía, en especial de impuestos en cascada altamente distorsivos. Otra incógnita son los aumentos tarifarios. Los trascendidos del gobierno no alcanzan para cumplir con la meta presupuestaria de mantener los subsidios constantes medidos como porcentaje del PIB.
Y, además, el presupuesto incluyó un subsidio a la producción de gas de sólo US$ 200 millones, cuando cumplir con lo anunciado en el Plan Gas requerirá casi 7 veces esa cifra.
En cuanto a medidas anti-inversión y empleo formal: sostiene Artana que para complicar las cosas, se mantiene la prohibición de despidos y la doble indemnización y el oficialismo logró aprobar el aporte solidario para las grandes fortunas, que grava con tasas muy elevadas no sólo a los activos ya alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales, sino también al valor de acciones y bonos exentos en este tributo.
Se suma a eso, la reversión en las reducciones en el impuesto a los ingresos brutos dispuesta por algunas provincias, en violación a lo acordado en el Pacto Fiscal de 2017. En resumen, la gran fortuna en el contexto internacional relevante para la Argentina, no parece que el país pueda aprovecharla para dar un salto importante en el nivel de actividad, que deje atrás varios años de estancamiento seguidos por una profunda recesión.
El déficit fiscal proyectado para el año próximo luce muy alto en la comparación regional.
La elevada brecha cambiaria empezó a afectar el resultado de la cuenta corriente cambiaria liquidada al BCRA. Una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas permitió reducir la brecha, pero a niveles todavía muy altos como para que la economía pueda funcionar normalmente. Una modesta suba en la tasa de interés para activos en pesos más una señal de reversión en el ritmo de emisión monetaria para financiar al fisco durante octubre y noviembre aportó cierta calma, complementada por la supuesta venta de bonos en dólares por parte de organismos oficiales.
El costo de esta última medida es la emisión de deuda a tasas astronómicas en dólares y la presión al alza sobre el riesgo país. En materia de política fiscal, las autoridades económicas han proyectado este año un déficit primario del orden de 7% del PIB, algo más de un punto inferior a lo proyectado por ellas mismas en septiembre, al momento de elevar el presupuesto al Congreso.
Para el año próximo, se mantuvo la proyección de 4.2% del PIB, valor que luce muy alto en comparación a lo proyectado por el FMI para el resto de los países de la región para 2021 (con la excepción de Bolivia, todos los países proyectan menor desequilibrio primario que el argentino), aún cuando pueden emitir deuda para financiarlo, en lugar de depender de la emisión monetaria.
A su vez, se preveía originalmente financiar el equivalente a alrededor de 2.5% del PIB con emisión monetaria, lo que tampoco parece prudente. Un menor déficit, del orden de 3% del PIB, y menor emisión (en torno a 1.5% del PIB) tendrían mejores chances de permitir que la inflación termine el año próximo cerca de 55%, guarismo que, con todo, resulta el doble del previsto en el presupuesto.
Sin embargo, las dudas surgen respecto a cómo se lograría la mejora fiscal ante la ausencia de un programa claro de reformas estructurales. El cambio propuesto en la fórmula de ajuste de las pensiones es un ejemplo de las pseudo reformas que no corrigen los desequilibrios en forma sostenible.
