Según la Constitución Nacional reformada en 1994, en que se incorporó y dio rango constitucional al sistema de coparticipación federal de impuestos, antes de finalizar 1996 se debía aprobar un nuevo régimen de reparto de recursos, siguiendo criterios bien definidos.
“La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Así lo recuerda Marcelo Capello del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Tras 24 años de incumplir ese mandato, en que nunca existió un debate político y legislativo objetivo y con reales intenciones de producir el cambio, como el tema lo merece, se producen modificaciones en el reparto de recursos al calor de situaciones críticas de corto plazo, como el del reclamo de la policía bonaerense en los últimos días.
A continuación, se desarrollan algunos temas relacionados con el debate surgido en estos días, algunos de ellos de vieja data.
Gasto en seguridad en las Provincias
Se anunció la quita de cerca de 1,2 puntos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para formar un fondo especial que provee recursos extras a la provincia de Buenos Aires (BA), para financiar un mayor gasto en seguridad en esta provincia.
En la justificación de tal decisión, se aportaron cifras sobre gasto en seguridad en CABA y BA en 2019, que fueron de $16.901 por habitante en CABA, y $6.702 en Buenos Aires. Ampliando la estadística al resto de provincias, puede observarse que existen otras provincias que también tienen un alto nivel de ingreso per cápita, como CABA, y que gastan montos elevados en seguridad por habitante, como Tierra del Fuego ($16.390) y Santa Cruz ($13.766).
En el otro extremo, también existen 5 provincias que gastan menos en seguridad que BA, a la vez que se trata de provincias de muy bajos ingresos, como son Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Misiones y Corrientes. La que menos gasta es Santiago del Estero ($4.674 per cápita en seguridad en 2019).
No resulta constructivo en un régimen federal extraer recursos de una jurisdicción de nivel intermedio para compensar a otra, que no sea en el marco de una discusión objetiva para reformar el régimen general de coparticipación. No se dieron esas condiciones con el Decreto 194 que aumentó la coparticipación a CABA en 2016, ni por supuesto ocurrió ahora con la decisión antes comentada.
Cuando con el Consenso Fiscal firmado entre Nación y Provincias en 2017 se decidió ampliar la participación de BA, se lo hizo sin restar recursos a otras provincias, que fueron compensadas.
La política argentina debe a su sociedad un debate serio sobre su sistema fiscal federal, que sí se ha dado en ámbitos académicos. Una discusión sobre los recursos que recaudan y deberían recaudar Nación y Provincias, sus funciones y competencias, lo que gastan y lo que deberían gastar para cumplir sus funciones, el sistema de transferencias que se necesita para nivelar fiscalmente el país, y a la vez generar desarrollo regional, entre otros temas pendientes.
