Sumario – Capítulos
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- El management
- El marketing
- El talento y los recursos humanos
CAPÍTULO 6 | Las ideas
Una reconfiguración planetaria
¿Estamos en los umbrales de una
quinta revolución industrial?
La incertidumbre es la única constante de este proceso global de crisis pandémica, que impide tener certezas respecto de cuál será el impacto final de esta situación mundial. Desde ya, resulta muy difícil reconocer el grado del cambio social mientras nos encontramos inmersos en él.
Por Jorge Lehmann (*)
Al Gore plantea la revolución de sostenibilidad. ¿Significará el reencuentro de la industria con el ambiente?
La mayoría de opiniones respecto del horizonte post pandemia dejan de lado profecías distópicas de ruptura sistémica. Así lo manifiesta por ejemplo el estratega global Parag Khanna: “El mundo ya iba a diferentes velocidades, la pandemia va a acelerar las tendencias en curso”.
Lo que no es tendencia, sino un hecho, es que afrontamos “la interrupción de alcance planetario más abrupta de la actividad económica de la historia”, tal como afirma el economista británico Adam Tooze. Por ello, tal como indica el filósofo israelí Yuval Harari, “las decisiones que tomemos tendrán un impacto durante años y décadas y reconfigurarán el planeta”.
En esa dirección, y dejando de lado el fracaso de la “diplomacia ambiental”, la Unión Europea toma el liderazgo en la recuperación sostenible y se propone producir un cambio de enfoque en 3 o 4 años, que en condiciones normales llevaría entre 15 o 20.
Es lo que está sucediendo con energías renovables como la solar. Según Ramez Naam, uno de los gurús de la energía de la Singularity University, se alcanzaron valores de generación que no se esperaban lograr hasta 2035 (si bien es cierto que también bajó el petróleo, su refinación y transporte le agrega costos).
Esta aceleración de tendencias encuentra literalmente a medio mundo fuera de la cuarta revolución industrial. Su resultado, un aumento notorio de la desigualdad. En ese contexto, en un reciente artículo para la revista Wired, Al Gore plantea la necesidad de una “revolución de la sostenibilidad”. El ex candidato es actualmente presidente de Generation Investment Management, una firma de inversión de capitales que cuenta con US$ 20 mil millones enfocado a empresas sostenibles.
Nuevas realidades
Marcando el momento en el que se encuentran las ideas y el rol de los actores, Gore destacó que “al responder a la pandemia, ha habido un reconocimiento creciente en todo el mundo de las nuevas realidades políticas y sociales que nos dan una obligación generacional de cambiar a un mundo más sostenible. Gobiernos, empresas e inversores deben desempeñar un papel para garantizar que las medidas de emergencia y recuperación a corto plazo conduzcan a un futuro mejor y más resistente”.
En acuerdo con el concepto de “gobierno corporativo integrado” propuesto por el Foro Económico Mundial, que plantea pasar de un capitalismo de accionistas –que se centra en los costos y beneficios financieros y operativos– a un modelo impulsado por los interesados –centrado en los riesgos y oportunidades ambientales y sociales–, Gore manifiesta que “ha habido un cambio fundamental en el pensamiento en el mundo de los negocios y en el mundo de los inversores.
Solo en los últimos seis meses, tanto la Business Roundtable como la British Academy han realizado un cambio fundamental en su definición del propósito de una corporación. Han destronado la primacía de los accionistas (shareholders) y han enfatizado el análisis de múltiples partes interesadas (stakeholders) y una visión a largo plazo”.
Finanzas sostenibles
Desde ya el enorme crecimiento de las finanzas sostenibles tienen un efecto orientador. Y en ellas es relevante también el rol del sector público. Como dándole la razón a lo que manifestara tiempo atrás Mariana Mazzucatto, economista italo-americana, pareciera que los gobiernos están haciendo “lo que muchos economistas tradicionales les han dicho que eviten: crear y formar nuevos mercados, acoger la incertidumbre y correr grandes riesgos”.
Entre otras apuestas del sector público, el Plan Next Generation de la Unión Europea volcará billones de euros para impulsar la digitalización y la transición ecológica que evite la desigualdad.
Superando la dicotomía entre economía y ambiente, ¿será esta nueva “revolución de sostenibilidad” que estamos viviendo, el punto de cierre definitivo del ciclo extractivo lineal de la industria y su reconciliación circular con el ambiente? Si la respuesta es afirmativa, será entonces el comienzo de la “Quinta Revolución Industrial”, con el ser humano como centro.
(*) Autor del libro Economía Circular, el cambio cultural.
Modificaciones con impacto trascendental
Hermanarse con la biodiversidad
Mientras una gran porción de la humanidad se autorrestringe en la socialización, la naturaleza recupera algo de oxígeno, señalándonos que aún da pelea. Una vez más, recibimos un mensaje tan claro como solemne: no podemos seguir así.
Por Diego Luzuriaga (*)
De pronto, y sin previo aviso, la sociedad percibe imágenes que parecen sacadas de mundos paralelos. Fauna silvestre recorriendo calles vacías de las principales ciudades europeas. Ríos cristalinos que unas semanas atrás se mostraban sucios y congestionados.
Mientras la naturaleza tiene 3800 millones de años de historia, la humanidad – tal como la conocemos–, menos de 50 mil. Y, aun así, hemos alterado millones de años de evolución biológica.
Según el reciente informe de Evaluación Global sobre la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), un millón de especies vivientes están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad.
La naturaleza es la mayor usina de innovación del mundo. Y la biodiversidad es su mejor exponente.
La vida siempre encuentra el camino para manifestarse, siguiendo simples reglas que el ser humano ignora de raíz.
Según las ciencias sistémicas, la biodiversidad es uno de los máximos puntos de apalancamiento sistémico. En otras palabras, modificar la biodiversidad tiene un impacto trascendental en el mundo.
Sumados sinérgicamente, el poder de la diversidad cultural humana junto con el poder de evolución de los sistemas vivientes puede dar lugar a las más extraordinarias creaciones.
Confrontados, sin embargo, constituyen un camino que inevitablemente nos llevará al colapso.
Destruir la biodiversidad es igual que destruir el bagaje de la diversidad cultural histórica de nuestra especie con un agregado gravísimo: estamos destruyendo nuestros sistemas de soporte vital.
La ignorancia supina de nuestra especie con relación a la biodiversidad se fundamenta en una sola razón: la hipótesis facilista de que el mundo puede absorber cualquier tipo de actividad humana y la contaminación que ésta genere.
El filósofo Erwin Laszlo, una de las mayores autoridades mundiales en Teoría de Sistemas, define este supuesto erróneo como “Ilusión Neolítica”, o la creencia de que el mundo tiene fuentes de recursos inagotables y sumideros de contaminación y de basura infinitos.
Mientras la actividad económica se desarrolla en ámbitos privados, las externalidades que estas generan se socializan, de tal manera que todo el sistema se perjudica en el largo plazo. Las actividades económicas maximizan las partes a expensas del todo y el largo plazo a expensas del corto plazo.
Incentivos en las inversiones
Dejando de lado los intereses personales y corporativos, es posible, metodológicamente, resolver este problema.
Así como el retorno de una inversión se evalúa con proyecciones a futuro de inversiones, ingresos y gastos, la evaluación sistémica de una inversión o actividad económica debería incluir en sus proyecciones el valor de los servicios ecosistémicos que la naturaleza ofrece gratuitamente.
De esta manera, se pueden crear incentivos poderosos para las inversiones que construyan servicios ecosistémicos y castigos significativos para las que los destruyan.
El Covid nos ha brindado la posibilidad de tomar conciencia de lo que sucede cuando la maquinaria productiva descansa. Pretender sostener los patrones de consumo y de producción ya es inviable. Utilizar la crisis económica disparada por la cuarentena mundial como pretexto para apresurar el patrón de destrucción ecosistémica es un suicidio.
Los efectos que tiene la destrucción de biodiversidad son acumulativos y de largo plazo. No hay especie viviente que destruya el hábitat que la contiene. Solo la humana.
Una Argentina en situación de vulnerabilidad como la actual no puede darse el lujo de dudar en el desarrollo de sus políticas de conservación de la biodiversidad.
Insistir en procesos productivos que devastan la biodiversidad solo nos hace más vulnerables en el mediano plazo e inviables en el largo.
Argentina está en falta con muchos de sus compromisos de protección, como la Ley de Bosques, como una posible Ley de Humedales y la creación de áreas protegidas, tales como parques nacionales y áreas costero–marinas.
Argentina todavía goza de enorme abundancia en términos de recursos naturales.
Sería fundamental el diseño de políticas de largo plazo con una visión sistémica que integre, definitivamente, la biodiversidad como socia del desarrollo del país y no como la víctima de la desidia y de una visión egoísta y cortoplacista.
(*) Experto en Pensamiento Sistémico, Biomímica e Inversión de Impacto. Integrante del Consejo de FARN y de Ashoka.
Riesgos de una recesión global
Finanzas sostenibles o cómo “resetearlas”
El costo de prevenir más pandemias en la próxima década protegiendo la vida silvestre y los bosques equivaldría a solo el 2% del daño estimado causado por Covid–19. Una “inversión” equivalente al 1% del PIB mundial sería suficiente para mitigar los efectos del cambio climático.
Por Pablo Cortínez (*)
Ambas estimaciones parecen tener denominadores comunes. Actuaron equipos interdisciplinarios, y hablan de invertir para prevenir. La primera de ellas tiene su origen en un informe publicado en la revista Science en julio de 2020. La segunda refiere al informe Stern, que tiene el mérito de ser la primera investigación que expuso las consecuencias económicas del cambio climático.
De no concretarse dicha inversión, el mundo se expondría a una recesión de entre el 5% y el 20% del PIB global.
El informe comparaba la eventual escala de la recesión con las grandes guerras y con la Gran Depresión. La primera fue publicada en julio de 2020, en tanto la segunda data de 2006. El problema tal vez no sea de ahora…
Cinco años atrás, la necesidad de movilizar fondos para cumplir con el Acuerdo de Paris y para “no dejar a nadie atrás” vía Agenda 2030, quedaron al desnudo.
Previo a la irrupción del coronavirus en la escena global, se estimaba que los fondos necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) equivalían a la suma de los PBI de Brasil, México, Argentina y Colombia.
Ese monto significa unos US$ 4 trillions –millones de millones o de otro modo, billones en lengua castellana– y se refiere a las necesidades anuales. El gap de financiación alcanzaría 60% de ese monto. Esto deja en evidencia que los fondos públicos y aquéllos provenientes de los organismos multilaterales no serán suficientes para alcanzar los objetivos planteados. Surge entonces la necesidad de involucrar al sector privado, en particular a los inversores institucionales.
Bonos verdes
¿Cuál ha sido el rol de los inversores privados previo al coronavirus en esta materia?
Una manera relativamente objetiva, aunque simplificada, de responder, es analizando la evolución de la emisión de bonos verdes. Son instrumentos de renta fija surgidos en 2007, cuyo use of proceeds debe ser actividades que protejan el ambiente. Los volúmenes anuales de bonos verdes emitidos a escala global se multiplicaron por seis en el último lustro, acercándose a los US$ 250.000 millones en 2019.
¿Hubo modificaciones en 2020, motivados por la pandemia?
Los Bonos Sociales son posteriores a los Bonos Verdes. Los fondos recaudados por estos novedosos instrumentos pueden ser destinados a vivienda e infraestructura social, salud, educación, inclusión financiera, entre otros.
A su vez, los Bonos Sostenibles son un mix entre proyectos verdes y sociales. Considerando los tres tipos de bonos (verdes, sociales y sostenibles), los verdes han tenido una clara supremacía, representando 83% del total en 2018, y 74% en 2019. Esa tendencia a la ‘diversificación’ se potenció con la pandemia.
Tantas veces criticado por estar orientado exclusivamente a los resultados económicos, el sector financiero, de la mano de las finanzas sostenibles, que incluyen aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), se ha reseteado rápidamente, dando muestras de que las finanzas sostenibles también pueden ser resilientes.
El Covid–19, sumado al gap de financiación preexistente, potenció la necesidad de que inversores privados, estados, organismos multilaterales de crédito y bancas de desarrollo, busquen coincidencias para reorientar los flujos financieros hacia una economía inclusiva y baja en carbono.
No hablo de filantropía, sino de financiar negocios de triple impacto, uno de los cuales continúa siendo el económico. Sí me refiero a blended finance, donde cada actor aporta desde sus posibilidades y según las necesidades que la situación requiera. La Unión Europea dio el primer paso al aprobar € 750.000 millones para una recuperación verde. La pospandemia dará su veredicto respecto de si 2020 fue un año de inflexión o no.
En América Latina, los costos anuales estimados de adaptación al cambio climático son superiores a la totalidad de bonos verdes emitidos en la región desde que se emitió el primer green bond.
En el actual contexto de elevada incertidumbre, la CEPAL prevé una tendencia hacia un menor nivel de apertura comercial global. Para 2020 proyecta una caída en el valor de las exportaciones de bienes de la región del orden del 23%.
Argentina ha dado algunos pasos en financiación sostenible a través del Protocolo de Finanzas Sostenibles que lanzamos en 2019 y que ya fue firmado por 19 bancos, y de los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para la emisión de este tipo de bonos.
(*) Economista, Fundación Vida Silvestre.
Evitar la reducción de confianza
La economía luego de la pandemia
El desafío sería que la inflación no escale en forma abrupta, si bien todo parece indicar que durante varios años se convivirá con tasas elevadas. Lo recomendable sería apoyarse en el sector privado, eliminar regulaciones innecesarias o volverlas más eficientes. Pero el Ejecutivo y el Congreso avanzan en camino contrario.
Por Daniel Artana (*)
Todavía subsiste una gran incertidumbre respecto a cuándo terminará este flagelo. Pero podemos tener una idea del punto de partida en el que se encontrará la economía argentina: la actividad económica en recesión, pero rebotando, inflación muy alta para estándares internacionales, y un alto déficit fiscal antes del pago de intereses de la deuda pública.
El peor momento de actividad económica se vivió en abril cuando se registró una caída del PIB de 26% respecto del mismo mes del año anterior. Desde entonces la producción ha recuperado algo de lo perdido a medida que fue mejorando la movilidad de personas.
De hecho, corrigiendo por estacionalidad en junio, la industria se encontraba 12% por debajo de diciembre de 2019 y la construcción 6% menos que a finales del año pasado, luego de haber caído 32% y 69% al mes de abril, respectivamente.
A pesar de la recesión, la inflación sigue alta en el entorno de 2% mensual. Según proyecciones oficiales el déficit fiscal antes de intereses sería este año de 8% del PIB y se financiaría en su gran mayoría con emisión monetaria. La renegociación exitosa de la deuda evitará problemas adicionales, pero no alcanza para poder acceder a los mercados voluntarios de crédito y así reducir los pedidos de fondos al BCRA.
El principal riesgo es que la recuperación se frene por una aceleración fuerte en la tasa de inflación. Para acotar este riesgo es necesario reducir el ritmo de expansión de la oferta de dinero y tratar de que la demanda de dinero no caiga.
Acotar la emisión requiere de una mejora en la posición fiscal. Y ello puede lograrse sin desmoronar la actividad económica si se la hace “neutra ajustada por el ciclo”.
Eso significa que toda la mejora en la recaudación asociada a la recuperación de la economía se destina a reducir el déficit fiscal primario y que los gastos extraordinarios se van normalizando (por ejemplo, se reducen paulatinamente, pero sin pausa, las cantidades de IFE y de ATP). Dentro de ese esquema el gobierno puede priorizar la inversión pública por encima del gasto corriente, pero no hay mucho espacio para que el déficit fiscal, corregido por el ciclo, aumente con la idea de impulsar la demanda agregada.
La confianza
Los desafíos aumentan si se reduce la confianza. Por eso es indispensable que haya consistencia macroeconómica que sostenga la demanda de moneda nacional (incluyendo los depósitos bancarios). Seguramente el FMI insistirá en la consistencia fiscal y en recuperar reservas en el BCRA. Y en este contexto la compra de divisas se hace con emisión.
Puesto en otros términos, el impuesto inflacionario tiene que usarse en parte para acumular reservas en el BCRA. Tampoco hay espacio para atrasar el tipo de cambio real ni las tarifas de servicios públicos lo cual complica la política antinflacionaria.
Dadas las necesidades del fisco, el objetivo de recuperar reservas y los ajustes de algunos precios relativos pendientes, el mal menor será evitar una escalada inflacionaria abrupta, pero todo parece indicar que conviviremos varios años con tasas de inflación elevadas.
En ese contexto, sería conveniente que se apoyara al sector privado con medidas que no insuman recursos fiscales.
Hay mucho espacio para eliminar regulaciones innecesarias o volverlas más eficientes. Pero el Ejecutivo y el Congreso avanzan en camino contrario.
Desde los controles de cambios cada vez más intrusivos hasta la regulación al Teletrabajo se dificulta la normal operatoria de las empresas. La delicada situación de la economía requiere mayor flexibilidad y no más trabas. En lugar de prohibir despidos o duplicar las indemnizaciones, el momento actual es uno en el cual hay que hacer reformas que reduzcan la litigiosidad y reduzcan los costos no salariales de contratar a trabajadores en el sector formal de la economía.
En definitiva, la crisis actual requiere que la dirigencia política argentina demuestre que es capaz de entender que la coherencia fiscal y monetaria son indispensables y que se confía en el sector privado como motor principal de la recuperación. Puesto en otras palabras, se requiere menos Estado pero mucho más eficaz.
(*) Economista jefe de FIEL
Déficit transitorio o permanente
“Cambiamos el balde, falta arreglar la gotera”
Logrado un nuevo acuerdo por la deuda, ahora se debe generar una política fiscal que permita pagar las obligaciones por esa (y otras) deudas, y signifique el ingreso de Argentina en una etapa de sustentabilidad fiscal y crecimiento económico.
Por Marcelo Capello (*)
Argentina es como una casa con una gotera en el techo, cuyos dueños como única solución colocan un balde en el piso, de modo que el agua no se derrame por las habitaciones. Cuando el balde se llena, se lo cambia por otro, pero la gotera (y el problema) sigue.
Es lo que ocurre con el stock de deuda pública, que se constituye a partir de los flujos anuales de déficit fiscal: cuando la deuda resulta impagable, defaulteamos y reestructuramos, para obtener quitas y más tiempo para pagar, pero nunca arreglamos el problema del déficit fiscal, que sigue alimentando nuevas deudas, o emisiones exageradas de dinero (que también es deuda).
En el año 2008 el sector público nacional (SPN) contaba con un superávit primario de 2,8% del PIB, que se transformó en un déficit de 3,8% del PIB en 2015.
Con Cambiemos, en 2017 dicho desequilibrio aún se ubicaba en 3,8%, pero luego vino una reacción, quizá obligada por la crisis de 2018, y en 2019 se exhibió un déficit primario de solo 0,4% del PIB. En 2020, tras los efectos de la pandemia, el desequilibrio primario se podría ubicar en torno al 8%.
Y aquí viene el gran interrogante: ¿tal déficit será transitorio como consecuencia de la pandemia, o se convertirá en permanente, en un nuevo ciclo fiscal expansivo?
Rumores de nuevos planes sociales, como el Ingreso Básico Universal, que podría costar 2,4 puntos del PIB, no permiten ser muy optimistas respecto a que esta vez sí cerraremos la gotera fiscal.
El hecho que el acuerdo por la deuda de ley extranjera implique que los pagos más pesados serán a partir de 2024, ya con un nuevo período de gobierno, resultarán un fuerte incentivo para no cerrar la gotera fiscal entre 2021 y 2023. Y si ello ocurre, y dado que el gasto público tiene cierta inflexibilidad a la baja, será difícil que en 2024 la nueva Administración logre cambiar la dinámica fiscal y obtener superávit.
En todo caso, lo que puede inducir una política fiscal cuidadosa para que el año que viene se reduzca fuertemente el desequilibrio, y luego se pase a equilibrio en 2022 y superávit en 2023, es la negociación con el FMI, de quien necesitamos también un acuerdo que postergue los pesados vencimientos con ese organismo en 2022 y 2023.
Pero el FMI podría poner el ojo sobre el sistema previsional, que tiene un gasto anual de 11% del PIB, solo superado en Latinoamérica por Brasil, con 13%, pero que ya produjo una reforma el año pasado. También podría insistir sobre el gasto anual en personal del estado, que en Argentina resulta de 12,7% del PIB, cuando en países como Chile, Perú, Uruguay y México se ubica entre 6% y 7% del PIB. Si Argentina tuviera un gasto en personal estatal como el de esos países, con el ahorro podría construir anualmente 625 mil viviendas de 60 m2.
(*) Presidente del IERAL de Fundación Mediterránea