Como era previsible, teniendo en cuenta las presiones políticas que el ministro Claudio Moroni recibe, el ministerio a su cargo rechazó la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por Latam Argentina. (Este es el análisis que hace la publicación especializada Aviación News.)
Obviamente esta determinación será apelada por la aerolínea que entiende “que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor en el marco de la crisis más severa e inédita que atraviesa la industria aeronáutica en el mundo, y sin ninguna operación regular en el país desde marzo”.
El pedido llegó también después de intentar negociar con todos los gremios a través del ministerio de Trabajo, y fracasar luego de siete audiencias, la propuesta de reducción temporal del salario para todos sus colaboradores, pese a que el 50% de los empleados de la compañía había firmado un acuerdo individual de reducción voluntaria.
LATAM Airlines Argentina anunció el 17 de junio pasado el cese de operaciones, lo que generó la presentación del procedimiento preventivo de crisis. Si bien para el gobierno la salida de la empresa era una muy mala señal, ni Trabajo ni Transporte se animaron a enfrentarse con los gremios aeronáuticos -responsables en buena medida de que la filial local fuera inviable- ni con la conducción de la aviación argentina en manos de La Cámpora.
La discusión es sí se paga el 50% de la indemnización, según habilita el PPC por tratarse de una causa de fuerza mayor como es la imposibilidad de operar, o el 200% como reclaman los gremios, todos encabezados por empleados con licencia gremial en Aerolíneas.
En paralelo, la compañía, ocupada actualmente en desmantelar y devolver oficinas y espacios en aeropuertos, con lo cual ratifica su determinación, abrió un programa de retiro voluntario que ya aceptó el 50% (800) de los empleados -entre los pilotos el 90%- que estarían recibiendo más que el 100% de la indemnización.
Un dato a tener en cuenta es que el promedio de antigüedad de la plantilla de Latam Argentina es de 12 años. ¿Qué pasa si, después de la apelación de la empresa, el Ministerio de Trabajo sigue rechazando el Procedimiento Preventivo de Crisis? El siguiente paso sería la justicia. O, eventualmente, opción que desde un principio se evitó, la quiebra.
Los gremios dirán que se trata de una nueva extorsión de la empresa para apurar los retiros voluntarios. A esta altura, y después de haber cumplido con la amenaza de irse del país, cuando los gremios y los funcionarios lo subestimaban, no estaría tan seguro, afirma Santiago García Rúa, director de Aviación News..
