El más reciente boletín del Centro de Estudios para la Defensa Nacional (CEDEF) de la Universidad de Belgrano destaca como “loable” la iniciativa del Gobierno nacional para reglamentar la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas como camino hacia lograr su modernización, a raíz de que “viene a llenar un vacío que ya lleva catorce años, a partir de la época en que fue sancionada”.
Para lograr dicho objetivo, informa el reporte, se ordenó constituir una comisión integrada por legisladores nacionales pertenecientes al oficialismo y la oposición, dos ex Ministros de Defensa, los jefes de los Estados Mayores de cada una de las Fuerzas y del Estado Mayor Conjunto y representantes del Ministerio de Defensa.
“En cierto modo, la constitución de la comisión refleja la manera en que se trabajó para la elaboración de la ley, que luego fue votada prácticamente por unanimidad”, puntualiza Horacio Jaunarena, director del CEDEF.
De acuerdo con el análisis, las acciones de reestructuración requieren de un período no menor a cinco años, independientemente de su continuidad en el tiempo, para la adaptación a futuras exigencias hoy desconocidas e imprevisibles. En ese sentido, el boletín del CEDEF explica que cualquier estructura de fuerzas que se pretenda adoptar, independientemente de responder a un claro y eficiente diseño, requiere establecer un proceso que debería contener una secuencia de acciones:
- a) La programación del proceso a partir de la vigencia del decreto correspondiente, por un período definido y con el objetivo de planificar las tareas necesarias, particularmente su presupuesto y los programas que exijan su desarrollo a corto y mediano plazo, lo que podrá tomar no menos de doce meses para arribar a un diseño general de fuerzas como base de la restructuración.
- b) La implementación de las acciones de reestructuración a partir del segundo año, programadas en etapas bianuales.
- c) La consolidación del diseño asumido, durante un período no menor al año, con el fin de culminar las acciones que pudieran resultar demoradas o modificadas durante el desarrollo.
- d) Los ajustes ulteriores, a partir del quinto año, en virtud de las cambiantes exigencias que la función de defensa demande al instrumento militar en el mediano y largo plazo.
Para Jaunarena, todo ello “implica, a priori, más de una gestión de gobierno nacional, asunto que exige que sea implementada como una política de Estado”. En consecuencia, según concluye, “dicha condición necesita el debate y la construcción de firmes acuerdos en el marco de la dirigencia nacional”.
