De esta forma, se planteó una exigente meta de equilibrio fiscal primario para 2019, consistente con la eliminación del financiamiento del BCRA al Tesoro y un crecimiento nulo de la base monetaria. Sin embargo, -explica el último informe de la consultor Ecolatina- la profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por enfriamiento de la actividad, y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales, deterioraron el balance primario de Hacienda. Esto impidió alcanzar la meta de equilibrio fiscal incluso considerando los ajustadores acordados con el FMI (el año finalizará con un rojo operativo en torno al 0,7% del PBI).
Mirando hacia 2020, el Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal: con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto. En consecuencia, deberá achicar nuevamente el déficit.
Si bien se piensa que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional), esto no será suficiente. Resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar.
Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas.
Dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas. Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios. Además, una política que impulse la inflación evitaría que se incremente el gasto en jubilaciones y asignaciones, ya que una desaceleración de los precios impulsaría el peso de las prestaciones sociales. El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos.
El dilema del próximo gobierno
Una de las características de la gestión de Cambiemos fue el esfuerzo por una paulatina eliminación del atraso tarifario. En los últimos cuatro años, tuvo lugar una importante recomposición del precio relativo de los servicios públicos, que crecieron por encima de la inflación y pasaron a representar una mayor porción de los gastos de las familias.
A pesar de esta dinámica, al haberse “dolarizado” los contratos con las empresas proveedoras de tales servicios, el salto en el tipo de cambio implica que el Estado sigue aumentando las tarifas o continúa haciéndose cargo de una parte significativa del costo de la energía.
Además, tras el ajuste del primer semestre del año, el gobierno suspendió la actualización tarifaria en la segunda mitad de 2019, con el afán de pronunciar la desaceleración de la inflación en la previa electoral. Esto incrementó la brecha cubierta por Hacienda. A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones.
Siguiendo el cronograma de aumentos vigente -que pauta una suba por semestre-, el próximo gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios -correspondientes a este semestre y al próximo-, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos. Bajo el primer escenario, se encarecerían las tarifas a pagar por los hogares y los costos de producción de algunos otros bienes y servicios, ya que algunos usuarios no residenciales también fueron alcanzados por el congelamiento. En suma, esto ubicará la inflación en la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria.
En caso contrario, sostener el congelamiento implica reiniciar una dinámica de atraso tarifario -financiado con emisión- lejos de las elecciones legislativas de 2021.
La decisión final también dependerá de factores ajenos a la voluntad del gobierno entrante. Por caso, la aparición de financiamiento externo -por ejemplo, a través de China- o un reencauzamiento de las relaciones con el FMI podrían permitir una política fiscal algo más laxa en lo inmediato. Por otra parte, la formalización de un acuerdo precios-salarios que involucre a los empresarios y a los sindicatos podría modificar la dinámica inflacionaria en general y tarifaria en particular durante los primeros meses de la gestión.
Inflación hoy o mañana
En conclusión, al poco tiempo de asumir el próximo gobierno se presentará ante el desafío de reconocer una mayor inflación, con los elevados costos sociales y políticos que esto implica, u optar por aumentar los subsidios económicos, alimentando el desbalance fiscal. La solución a este dilema deberá darse en el marco de un plan económico integral, que abarque objetivos acerca de la deuda pública, los precios y el crecimiento.
Sin embargo, la posibilidad de contener la inflación “pisando” las tarifas sólo será válida en lo inmediato: un atraso significativo no es sostenible fiscalmente. Si se mantuvieran fijados los precios del gas y la electricidad hasta las elecciones legislativas de 2021, el peso de estos en la canasta de consumo de los hogares volvería al nivel posterior a los primeros aumentos de 2016, desandando gran parte de la recomposición realizada por la actual administración. Como resultado, el costo de los subsidios crecería rápidamente, engrosando un gasto que nadie está dispuesto a financiar y, por lo tanto, gestando una nueva corrección que tendrá lugar más temprano que tarde. De esta manera, la dicotomía se reduce a cuándo y en conjunción con qué políticas aumentarán los servicios públicos.
