viernes, 29 de noviembre de 2024

Estados Unidos querella a Standard & Poor’s

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La justicia acusa a la calificadora de riesgo de disimular el riesgo de ciertos instrumentos de crédito cruciales en la creación de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión. 

La noticia sorprende al mundo, ya que S&P así como otras grandes agencias calificadoras norteamericanas fueron financiera y políticamente apoyadas por el primer gobierno de Obama, a pesar de haber sido responsables directos de la crisis de 2008, que aún en 2013 no deja de diseminarse y profundizarse a través del planeta.

El Departamento de Justicia de EEUU llenó ayer una denuncia en la ciudad de Los Ãngeles, acusando a McGraw-Hill –la centenaria empresa editorial y educativa que desde 1966 es propietaria de S&P- de tres tipos de fraude. Tras conocerse la noticia las acciones de McGraw-Hill se derrumbaron como nunca antes en los últimos 25 años. 

Si bien ya en las últimas semanas el gobierno estadounidense ha cobrado multas millonarias a algunos de los más grandes bancos del mundo, la demanda contra S&P representa la primera contra una calificadora de riesgo internacional. 

S&P emitió calificaciones de riesgo por más de US$280.000  millones en hipotecas residenciales garantizadas con seguros y US$120.000 millones en CDOs (collateralized-debt obligations), entre el 2004 y el 2007. La empresa disimuló los riesgos en paquetes de seguros con el fin de ganar más negocios provenientes de las inversiones bancarias que emitieron las hipotecas, los bonos, préstamos y otros activos; según la denuncia presentada por la justicia.

“Este es un uso del estatuto totalmente nuevoâ€, comentó a Bloomberg Claire Hill, profesora de leyes de la Universidad de Minnesota. “Que yo sepa, este tipo de decisiones no se ha tomado nunca antesâ€.

Bajo el acta de Refuerzo, Reforma y Recuperación de Instituciones Financieras, de 1989, el gobierno puede exigir multas de hasta US$1.100 millones por cada violación.

Según la denuncia, mediante falseamiento de datos S&P convenció a los inversores que sus calificaciones eran objetivas, independientes y no estaban influenciadas por ningún conflicto de intereses. 

 

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