Se piensa que las experiencias históricas rara vez son transferibles. Sin embargo hay tendencias que, como grandes oleadas, recorren una región que tiene más elementos en común de los que se supone. Así, en América latina hubo una década de gobiernos nacionalistas y populistas. Un largo período en el que la sustitución de importaciones y el crecimiento del mercado interno fueron la doctrina oficial. Una etapa desarrollista; otra de gobiernos militares, y también una era de restauración democrática en el continente.
Ahora estamos inmersos en otra tendencia: la apertura de las economías, la lucha contra la inflación, la eliminación de déficit fiscal, privatización y reducción del peso estatal en la economía. La meta es: primero estabilizar, luego crecer. El mecanismo central ha sido el ajuste, una estrategia que deja secuelas.
Una de ellas se ha manifestado de tal forma que ha permitido inferir la existencia de otro fenómeno común a la región: estallidos de malestar militar que tienen más de reivindicación gremial que de objetivos políticos. La Argentina, con los sucesivos alzamientos carapintadas, habría sido la voz de alerta.
Los sucesos de Caracas multiplican la intensidad de esta percepción. Más que un golpe de Estado tradicional, se trató de un colosal intento de magnicidio como parte de una desmesurada y confusa protesta de los uniformados, que dejó al descubierto -otra vez un fenómeno compartido en América latina- la debilidad y desestructuración estatal.
Los que siguen con atención el desarrollo de estos acontecimientos prevén la repetición de episodios similares en Venezuela, y también en Brasil. Hay quienes suponen, incluso, que tampoco la Argentina está exenta de este riesgo.
Sin embargo, hay elementos en el caso argentino que tornan realmente difícil la reiteración de sucesos de esta índole. En primer lugar, aunque haya costado años asumirlo en toda su dimensión, las Fuerzas Armadas comprendieron que a partir de 1982, cuando debieron rendirse ante un enemigo profesionalmente superior, la reforma militar era inevitable.
No menos importante fue la naturaleza del último alzamiento carapintada, con una enorme profusión de suboficiales y oficiales de menor graduación -algo similar a lo que acaba de ocurrir en Caracas-, con pésimos sueldos y frustrados por una carrera que les niega reconocimiento social y satisfacción profesional.
La actual reforma en marcha en la Argentina, que tiende a concentrar los efectivos en cinco lugares estratégicos, dar mayor profesionalidad a los cuadros y establecer una nueva estructura operativa y de control de carácter combinado, es un hecho de singular importancia.
En términos de valor constante, el gasto militar argentino descendió en 69,2% entre 1985 y 1990 (datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos). En el mismo período, el personal militar se redujo en 30,6%.
He aquí una diferencia fundamental con Venezuela, donde los uniformados aumentaron en 44,9% en el quinquenio, mientras el presupuesto militar se redujo en 18%. También en Brasil el personal militar aumentó en 17,4% en ese lapso, mientras el gasto militar se contrajo en 70,8%.
Dicho con claridad: el aumento de personal que revista en las Fuerzas Armadas de muchos países de la región obedeció al criterio de amortiguar el efecto de los planes de ajuste sobre la tasa de empleo. Como al mismo tiempo se reducía el presupuesto de defensa, la consecuencia es obvia: menores sueldos y mayor descontento.
LA EDUCACION ES INVERSION DE CAPITAL.
Para sobrevivir en esta era de competencia global, un país necesita contar con recursos humanos calificados, capaces de producir con eficiencia y elevando la productividad. La educación no es un campo exclusivo de los gobiernos. La fuerza laboral necesaria para empinarse en la lista de las naciones prósperas no existirá sin el concurso protagónico del mundo de los negocios.
En Estados Unidos, donde la industria y otros sectores económicos privados invierten anualmente alrededor de US$ 30 mil millones en el campo educativo, existe ya el convencimiento de que la intervención de las empresas en este ámbito no es simplemente un programa de participación comunitaria. Es una inversión tan necesaria como la que se hace en plantas, en máquinas y herramientas, en innovación tecnológica, o en la formación de capital de trabajo. La crisis es claramente perceptible en el coloso norteamericano, donde el presupuesto educativo sigue creciendo en forma inversamente proporcional a los resultados.
El país tiene, entre las naciones industrializadas, el índice más alto de analfabetos funcionales. Un millón de estudiantes abandona anualmente la escuela secundaria antes de finalizar sus estudios. Entre los graduados, apenas 7% califica para iniciar una carrera universitaria en disciplinas científicas. Un reciente informe de Motorola ilustra la gravedad de la situación: 4 de cada 5 aspirantes a ocupar un puesto en la compañía no pasan la prueba de matemática básica.
El tema es acuciante también para los países en desarrollo. Sin recursos humanos preparados es imposible desarrollar ventajas competitivas que les permitan insertarse en la economía mundial. El concepto de que la educación es exclusiva preocupación del gobierno debe dejar paso a una intervención más protagónica de las empresas, en defensa de su propio crecimiento y supervivencia.
Un modelo que parece exitoso es el alemán, que se aplica desde hace 150 años y que fue adaptado sabiamente a las necesidades actuales. El programa educativo se basa en el aprendizaje, lo que permite capacitación en una amplia gama de especialidades. Desde cómo ser un eficiente empleado bancario a un buen obrero metalúrgico. El sistema tiene la ventaja de que pocos abandonan, y el incentivo de recibir -una vez completado el ciclo- el codiciado título de maestro artesano que abre las puertas al mercado laboral. El elemento distintivo del sistema es que no sólo imparte conocimientos, sino que enseña a pensar al alumno. Más de un millón de estudiantes están siguiendo estos cursos en Alemania.
Un caso digno de mención es Siemens, que mantiene 60 centros de estudio en ese país, donde 15.000 estudiantes reciben instrucción en computación, en hidráulica y otras especialidades.
Según los registros de la empresa, 85% de los graduados eligen iniciar su carrera laboral en la firma.
Actualmente, una empresa estadounidense promedio invierte diez veces más en bienes de capital, en maquinaria y fábricas, que en educación. Si la tendencia continúa, ¿quién manejará esos equipos y trabajará en esas fábricas al comenzar el nuevo siglo?
SIMPLE: SI CONTAMINA, DEBE PAGAR.
Los países industrializados (responsables de la emisión de 80% de gases contaminantes) deben pagar a países -como Brasil, entre otros- cuyas selvas y bosques absorben carbono, un servicio esencial para toda la humanidad, que se exporta gratis. La contundente iniciativa es del GATT (sigla inglesa para Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) que no se pierde en eufemismos. Más eficaz -dice- para detener la quema de bosques es pagar este “impuesto ecológico” y no penalizar la exportación de maderas (menos de 1% de los árboles talados).
Los problemas ambientales, cree el organismo internacional, no se atacan con proteccionismo, aranceles o barreras no arancelarias. Una tendencia peligrosa -mezclar ecología con proteccionismo- que no debe dominar la próxima cumbre del ambiente en Río de Janeiro, en junio.
Lo que el GATT está advirtiendo es que se puede producir -o ya ha ocurrido- una singular alianza entre genuinos conservacionistas y proteccionistas hipócritas dispuestos a abrazar -por el momento- las banderas verdes.
El reciente informe del GATT revela que la política proteccionista agrícola de la CEE inflige serio daño a la ecología planetaria. Admite también que cada país tiene derecho a asumir diferentes prioridades y políticas ambientales.
En la lista de países que comercian con productos “sucios” (que degradan el ambiente), el primero que aparece del mundo en desarrollo es Brasil, en la posición 13 y con un porcentaje de 2,1% en el volumen total. Los primeros 12 son todos potencias industriales y su participación en el tráfico global contaminante es de 68,7%.
INICIATIVA BUSH: NO HAY MUCHO REDITO.
La afirmación corresponde al Banco Mundial. Los beneficios que pueden obtener los países latinoamericanos de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, son magros. A la región le conviene una unión aduanera en vez de estos tratados.
Si los acuerdos estuvieran en vigencia, las exportaciones regionales hacia Estados Unidos podrían aumentar de 8 a 9%. Pero no todos se beneficiarían por igual: México y Brasil acapararían 90% del incremento.
El punto es que la mayoría de las actuales exportaciones de la región ingresan a territorio estadounidense sin demasiado inconveniente. Los aranceles y las barreras no arancelarias de Estados Unidos afectan apenas 12,5% de las exportaciones de Brasil; 10,7% de las de la Argentina; 10,4% de las de Colombia; 8,5% de las de México; 1,7% de las de Chile; y 0,7% de las de Venezuela. En cambio, las exportaciones de Hong Kong al mercado norteamericano afectadas por restricciones son 56,4%, mientras que las de Corea del Sur en igual situación son 55,1%.
La recomendación del estudio del Banco Mundial es que antes de hacer acuerdos con Estados Unidos, se avance en convenios regionales de integración o libre comercio. De lo contrario, el riesgo es que las exportaciones estadounidenses hacia un país latinoamericano reemplacen actuales exportaciones de otro país de la región. Lo que debilitaría el comercio intrarregional.
El único estímulo que se percibe para los países de la región es la posibilidad de aumentar el flujo de inversión extranjera y de evitar nuevas medidas proteccionistas en EE.UU.
Durante la última década todos aumentaron sus exportaciones hacia América latina: Estados Unidos, 42% del total; la CEE, 21%; Japón, 6,5%. Lo que descendió en cambio fueron las exportaciones desde países latinoamericanos a otros mercados de la región: de 17% se pasó a 12% en ocho años (1980-1988).
SEGUNDO CLIENTE DE ESTADOS UNIDOS.
Si la nueva manera de observar el comercio internacional es en función de grandes bloques económicos, la región es un socio vital para Estados Unidos y una de las pocas áreas del mundo donde los productos estadounidenses pueden encontrar más mercado. Esta perspectiva le da nueva significación a la Iniciativa para las Américas y alienta las expectativas de Washington de reducir o eliminar su déficit comercial.
La estrategia enunciada por George Bush de una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego no es de interés unilateral. Conviene tanto a los países latinoamericanos como a la economía estadounidense. Lo que implica que las razones económicas y comerciales han tenido más peso en su formulación que las meramente políticas o geoestratégicas.
Las exportaciones de Estados Unidos hacia América latina sumaron US$ 62.000 millones el año pasado. En 1990 habían sido de US$ 54.000 millones. En comparación, solamente la Comunidad Económica superaba ese nivel de compra: US$ 98.000 millones. Japón aparecía en tercer lugar con US$ 49.000 millones; y las ventas a la ex Europa Oriental y a la también ex URSS, apenas alcanzaban US$ 4.000 millones.