Nuevas exigencias de Washington a las compañías tabacaleras

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Según dos cables, el gobierno estadounidense solicitó a una jueza federal que obligue al sector a financiar un programa de lucha contra el cigarrillo y sus efectos. Costo del paquete: US$14.000 millones.

De ese monto, US$10.000 millones son para el programa en sí y el resto para una campaña educativa. Obviamente, esta iniciativa busca compensar en parte un fallo adverso al Estado en una demanda que, si hubiese prosperado, le habría sacado a la industria unos US$280.000 millones en 25 años.

Abogados del departamento federal de Justicia presentaron una moción ante la magistrada de primera instancia Gladys Kessler. En el escrito, señalan que un programa integral para abandonar la adicción es necesario por dos razones: a) las empresas estuvieron largo tiempo engañando al consumidor en cuanto a cigarrillos livianos que no lo eran; y, b) los costos que representan para el conjunto de la economía los males que el tabaco crea o agrava en las personas.

El plan de los US$10.000 millones tomaría cinco años. Pero depende de que Kessler dictamine que las tabalacaleras infringieron en efecto leyes que penan el fraude o el engaño al público. Por su parte, el programa educativo llevaría diez años. Lógicamente, Philip Morris (Altria), British American Tobaccoes y otras plantearon lo contrario. Aunque no debieran presionar mucho porque, según un testigo del Gobierno, serían necesarios US$130.000 millones en 15 años para esos dos programas.

De ese monto, US$10.000 millones son para el programa en sí y el resto para una campaña educativa. Obviamente, esta iniciativa busca compensar en parte un fallo adverso al Estado en una demanda que, si hubiese prosperado, le habría sacado a la industria unos US$280.000 millones en 25 años.

Abogados del departamento federal de Justicia presentaron una moción ante la magistrada de primera instancia Gladys Kessler. En el escrito, señalan que un programa integral para abandonar la adicción es necesario por dos razones: a) las empresas estuvieron largo tiempo engañando al consumidor en cuanto a cigarrillos livianos que no lo eran; y, b) los costos que representan para el conjunto de la economía los males que el tabaco crea o agrava en las personas.

El plan de los US$10.000 millones tomaría cinco años. Pero depende de que Kessler dictamine que las tabalacaleras infringieron en efecto leyes que penan el fraude o el engaño al público. Por su parte, el programa educativo llevaría diez años. Lógicamente, Philip Morris (Altria), British American Tobaccoes y otras plantearon lo contrario. Aunque no debieran presionar mucho porque, según un testigo del Gobierno, serían necesarios US$130.000 millones en 15 años para esos dos programas.

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