Toda la sociedad en lucha contra el fraude

Además de un sólido marco legal, dos grandes pilares sin duda son el sector privado, y la sociedad misma.

Por Matías Nahón (*)

El correlato de la corrupción en el sector público es el fraude que ocurre en el sector privado. Como especialista en investigaciones de fraude corporativo hace más de 20 años, he comprobado que la corrupción y la impunidad con la que se manejan los autores de los ilícitos dentro de las compañías están directamente relacionados – no sólo a su falta de ética personal y a la falta de controles eficaces por parte de las empresas – con el hecho de que esas personas y compañías operan en sociedades corruptas, o con alto grado de tolerancia a la corrupción.

Según la última edición del informe anual de Transparencia Internacional en el que se analiza el nivel de corrupción de 179 países, la Argentina ocupa el puesto 95, con una calificación de 36 puntos (en donde 100 corresponde a los países libres de corrupción y 0 refleja el puntaje de los más corruptos).

Por su parte, Trace Matrix, una publicación especializada de similar tenor, realiza un informe bianual sobre los riesgos de corrupción y soborno aunque presenta una escala inversa definiendo a los más riesgosos con 100 y a los menos riesgosos con 0. En este ranking, Argentina recibe una puntuación de 69, quedando en consecuencia, entre los países de alto riesgo. Uno de los 4 parámetros claves de ese estudio – que se nutre de datos aportados por el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y las Naciones Unidas – está dado por la capacidad de las sociedades civiles de los países de vigilar y exponer la corrupción.

En otras palabras, en este punto el ranking califica el grado de tolerancia a la corrupción de la sociedad civil de cada país. Y Argentina aparece bastante mejor que la puntuación global antes mencionada. A pesar de estos números favorables, los hechos están indicando otra cosa. Si efectivamente la sociedad civil del país, mayoritariamente rechazara la corrupción, ya debería estar en vigencia un abanico legal acorde a los nuevos tiempos, como la ley que admite la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y una Ley del Arrepentido más efectiva. Los proyectos aún están demorados en las instancias legislativas, en donde no se aprecia una verdadera voluntad para avanzar en ese sentido. Y la sociedad civil está observando, casi pasivamente, esas demoras extremas que solo favorecen a los corruptos.

Adentro y afuera de un país

Otros países del mundo, en especial los que integran la OCDE, vienen haciendo esfuerzos concretos para atacar la corrupción no solo dentro de sus fronteras, sino también para evitar que sus empresas que tienen operaciones en el exterior, incurran en prácticas de corrupción y soborno. En ese sentido se destacan la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, de Estados Unidos de América, (FPCA según sus siglas en inglés), y la del Reino Unido como pioneras en esta materia.

Tanto en los países de Europa como de América, aparecen en forma permanente casos en donde las propias empresas transnacionales declaran voluntariamente los potenciales casos de corrupción o se prestan a colaborar en procesos iniciados por la justicia, para reducir los costos de las sanciones por prácticas irregulares alrededor del mundo. También esas leyes modernas anticorrupción han sido adoptadas por los países vecinos como Brasil, Chile, Colombia y Perú para solo mencionar los más notables.

La presión de la sociedad civil, ha sido muy importante en Brasil para comenzar lo que muchos analistas están definiendo como una nueva forma de hacer negocios, donde la corrupción no está contemplada. Los casos de Petrobrás, Odebrecht y del Frigorífico JBS con repercusiones e implicancias en los máximos niveles políticos de ese país, están reflejando como, ante hechos concretos, la justicia y la sociedad civil han reaccionado con rapidez y férrea voluntad de castigar a los culpables en todas las instancias que correspondan.

Parafraseando a nuestros abuelos en aquellas recomendaciones ancestrales, las empresas a partir de estos imprescindibles cambios éticos, no solo tendrán que ser honestas, sino que también tendrán que parecerlo y demostrarlo. Para ello, es imprescindible que las empresas de todos los tamaños, comiencen a pensar en buenas prácticas de gobierno corporativo, y en el establecimiento y desarrollo de una cultura de cumplimiento (compliance), que destierre de sus prácticas empresarias el fraude y la corrupción.

(*)Managing Director para el Cono Sur, Berkeley Research Group, firma global líder en consultoría experta y de asesoría estratégica.