UE: aprueban control sobre transgénicos
El objetivo de la nueva legislación es mejorar la estimación de los riesgos medioambientales ligados al uso de este tipo de alimentos, y redoblar la vigilancia sobre sus eventuales efectos nocivos.
(EFE).- El Parlamento Europeo aprobó ayer (miércoles 14), después de tres años de discusiones e intensa presión de la industria, una nueva legislación que reforzará el control sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y los productos agrícolas transgénicos.
El pleno dio luz verde, por 338 votos a favor, 52 en contra y 85 abstenciones, al principio de acuerdo alcanzado en diciembre con representantes de los quince gobiernos de la UE, para ampliar y clarificar la directiva de 1990 sobre liberación intencionada de OGM en el ambiente.
El objetivo de la nueva legislación es mejorar la estimación de los riesgos medioambientales ligados al uso de transgénicos y reforzar la vigilancia sobre sus eventuales efectos perversos para el ambiente, los seres vivos y la salud humana.
Desde primavera de 1998, los gobiernos europeos no han vuelto a autorizar la comercialización en la UE de ningún transgénico, debido a la falta de acuerdo sobre la idoneidad de la legislación anterior.
A pesar de las notables mejoras que introducirá la nueva directiva, no está claro, sin embargo, que la moratoria de facto que los Quince aplican vaya a levantarse como resultado del voto de ayer, según opinaron fuentes parlamentarias.
Los cinco países que encabezan la moratoria -Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo- han anunciado que no autorizarán nuevos transgénicos hasta que se resuelvan dos cuestiones centrales, como son el rastreo de los OGM y el etiquetado claro de los productos que contengan transgénicos.
El grupo de los Verdes en el PE y organizaciones ecologistas internacionales como Greenpeace o Amigos de la Tierra denunciaron en Estrasburgo algunas lagunas importantes en la nueva legislación recién adoptada.
La directiva, por ejemplo, no hace responsables a las empresas biotecnológicas de los eventuales daños que pudiera provocar una contaminación de cultivos u otros espacios por OGM.
Tampoco prohíbe el uso en laboratorio para el desarrollo de cultivos transgénicos de genes marcadores que provocan resistencia a los antibióticos y que permanecen en el alimento final.
Denuncian, igualmente, la exención prevista para los fármacos de uso humano destinados a la investigación, y la falta de normas sobre la exportación de OGM a países terceros.
A pesar de ello, unos y otros reconocen, sin embargo, que la nueva legislación supone una mejora notable para la protección de los consumidores y el medio ambiente.
La directiva extiende la evaluación de riesgos exigida antes de proceder a cada autorización, con el fin de tomar en consideración los efectos directos e indirectos -incluidos los efectos acumulativos a largo plazo- que puede tener la diseminación de OGM para el ambiente, la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas no agrícolas.
Exige además que figuren en un registro público los lugares donde se liberen organismos genéticamente modificados o se introduzcan en el mercado.
Limita el período de validez de las licencias a sólo 10 años, lo mismo que las eventuales renovaciones.
Obliga, por otro lado, a los gobiernos a asegurar el rastreo completo de los OGM en los productos que los contengan, si bien la UE sigue careciendo todavía de una norma que determine cómo llevarlo a cabo.
Con la nueva directiva, la etiqueta optativa “este producto puede contener OGM” quedará sustituida por otra sin ambigüedad: “este producto contiene OGM.
En una declaración escrita, la Comisión Europea se ha comprometido a presentar en 2001 las propuestas legislativas necesarias sobre etiquetado y rastreo que deberán completar el sistema existente.
A falta de esas propuestas, los eurodiputados del grupo Verde Paul Lannoye y Marie-Anne Isler Beguin hicieron ayer un llamamiento a los gobiernos de la UE para que mantengan la moratoria “de ipso”.
“Permitir nuevas autorizaciones de OGM partiendo de la hipótesis de que la nueva directiva garantiza una protección suficiente equivaldría a firmar un cheque en blanco. Los estados deberían resistir todo intento de revocar la moratoria mediante ´pactos de caballeros´ con la industria de la biotecnología”, manifestó Beguin.
(EFE).- El Parlamento Europeo aprobó ayer (miércoles 14), después de tres años de discusiones e intensa presión de la industria, una nueva legislación que reforzará el control sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y los productos agrícolas transgénicos.
El pleno dio luz verde, por 338 votos a favor, 52 en contra y 85 abstenciones, al principio de acuerdo alcanzado en diciembre con representantes de los quince gobiernos de la UE, para ampliar y clarificar la directiva de 1990 sobre liberación intencionada de OGM en el ambiente.
El objetivo de la nueva legislación es mejorar la estimación de los riesgos medioambientales ligados al uso de transgénicos y reforzar la vigilancia sobre sus eventuales efectos perversos para el ambiente, los seres vivos y la salud humana.
Desde primavera de 1998, los gobiernos europeos no han vuelto a autorizar la comercialización en la UE de ningún transgénico, debido a la falta de acuerdo sobre la idoneidad de la legislación anterior.
A pesar de las notables mejoras que introducirá la nueva directiva, no está claro, sin embargo, que la moratoria de facto que los Quince aplican vaya a levantarse como resultado del voto de ayer, según opinaron fuentes parlamentarias.
Los cinco países que encabezan la moratoria -Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo- han anunciado que no autorizarán nuevos transgénicos hasta que se resuelvan dos cuestiones centrales, como son el rastreo de los OGM y el etiquetado claro de los productos que contengan transgénicos.
El grupo de los Verdes en el PE y organizaciones ecologistas internacionales como Greenpeace o Amigos de la Tierra denunciaron en Estrasburgo algunas lagunas importantes en la nueva legislación recién adoptada.
La directiva, por ejemplo, no hace responsables a las empresas biotecnológicas de los eventuales daños que pudiera provocar una contaminación de cultivos u otros espacios por OGM.
Tampoco prohíbe el uso en laboratorio para el desarrollo de cultivos transgénicos de genes marcadores que provocan resistencia a los antibióticos y que permanecen en el alimento final.
Denuncian, igualmente, la exención prevista para los fármacos de uso humano destinados a la investigación, y la falta de normas sobre la exportación de OGM a países terceros.
A pesar de ello, unos y otros reconocen, sin embargo, que la nueva legislación supone una mejora notable para la protección de los consumidores y el medio ambiente.
La directiva extiende la evaluación de riesgos exigida antes de proceder a cada autorización, con el fin de tomar en consideración los efectos directos e indirectos -incluidos los efectos acumulativos a largo plazo- que puede tener la diseminación de OGM para el ambiente, la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas no agrícolas.
Exige además que figuren en un registro público los lugares donde se liberen organismos genéticamente modificados o se introduzcan en el mercado.
Limita el período de validez de las licencias a sólo 10 años, lo mismo que las eventuales renovaciones.
Obliga, por otro lado, a los gobiernos a asegurar el rastreo completo de los OGM en los productos que los contengan, si bien la UE sigue careciendo todavía de una norma que determine cómo llevarlo a cabo.
Con la nueva directiva, la etiqueta optativa “este producto puede contener OGM” quedará sustituida por otra sin ambigüedad: “este producto contiene OGM.
En una declaración escrita, la Comisión Europea se ha comprometido a presentar en 2001 las propuestas legislativas necesarias sobre etiquetado y rastreo que deberán completar el sistema existente.
A falta de esas propuestas, los eurodiputados del grupo Verde Paul Lannoye y Marie-Anne Isler Beguin hicieron ayer un llamamiento a los gobiernos de la UE para que mantengan la moratoria “de ipso”.
“Permitir nuevas autorizaciones de OGM partiendo de la hipótesis de que la nueva directiva garantiza una protección suficiente equivaldría a firmar un cheque en blanco. Los estados deberían resistir todo intento de revocar la moratoria mediante ´pactos de caballeros´ con la industria de la biotecnología”, manifestó Beguin.
