Paraguay: huelga contra privatización

Fue convocada por los sindicatos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco). La propuesta del presidente González Macchi fue rechazada de plano. Denuncian sabotajes.

(EFE).- Los trabajadores de la telefónica estatal de Paraguay inician hoy (lunes 9) una huelga de 48 horas en contra de la proyectada privatización de la empresa, mientras se suceden denuncias de sabotaje a las instalaciones de la compañía.

El paro ha sido convocado por los sindicatos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco) que tratan de evitar la venta de la empresa y, últimamente, han rechazado una propuesta de indemnización ofrecida por el Gobierno.

El presidente de la República, Luis González Macchi, aprobó el pasado viernes un plan basado en una indemnización de un salario y medio por cada año de antigüedad para reducir la sobredimensionada plantilla de la empresa.

Según el interventor de la Antelco, Oscar Stark, al menos 1.500 de los casi 6.000 funcionarios de la telefónica estatal “no hacen nada pero cobran su salario”, lo que supone que se podría operar con la mitad de la plantilla actual.

La propuesta presidencial de indemnización ha sido rechazada de plano por los gremios, que han endurecido sus posturas con la ratificación de la medida de fuerza y de su pretensión de obtener tres salarios por año trabajado.

Sin embargo, los sindicatos han reducido su demanda de una indemnización global de US$ 210 millones a 150 millones, de los cuales exigen que 100 millones sean desembolsados en efectivo y los 50 restantes en acciones de la futura empresa.

Al margen de la huelga, las nuevas propuestas entrarán a formar parte de las discusiones que los sindicatos y las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo llevan a cabo en una mesa de negociaciones.

Mientras, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Antelco (Sinattel) rechazaron las denuncias hechas en las últimas horas por Stark sobre supuestos planes para boicotear los servicios de la telefónica durante la huelga.

El interventor de la telefónica denunció un corte deliberado, detectado la noche del viernes, del cableado hasta un municipio muy poblado y cercano a la capital paraguaya, donde unos 200 usuarios quedaron momentáneamente incomunicados.

El responsable de la compañía dijo que la Policía maneja datos sobre la posibilidad de que se lleven a cabo atentados contra el tendido de fibra óptica que conecta Asunción con el este y sur del país.

“Son más de 1.000 kilómetros de extensión de la red y los datos que se tienen son de que se utilizarían bombas molotov en los registros, lo que, en caso de producirse, sería suficiente para afectar las comunicaciones internacionales”, advirtió Stark.

Según datos de la Secretaría de la Reforma, organismo que también se encarga del proceso de privatización de las compañías de agua potable y de ferrocarriles, la Antelco estaba valorada hacia finales de 1.999 en US$ 230 millones, cifra que no incluye previsión de futuros beneficios.

El proceso administrativo y legal para su privatización avanza sin escollos y las autoridades esperan que su venta se concrete a finales de septiembre próximo, salvo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie a favor de los sindicatos en un recurso de inconstitucionalidad iniciado en noviembre pasado.

(EFE).- Los trabajadores de la telefónica estatal de Paraguay inician hoy (lunes 9) una huelga de 48 horas en contra de la proyectada privatización de la empresa, mientras se suceden denuncias de sabotaje a las instalaciones de la compañía.

El paro ha sido convocado por los sindicatos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco) que tratan de evitar la venta de la empresa y, últimamente, han rechazado una propuesta de indemnización ofrecida por el Gobierno.

El presidente de la República, Luis González Macchi, aprobó el pasado viernes un plan basado en una indemnización de un salario y medio por cada año de antigüedad para reducir la sobredimensionada plantilla de la empresa.

Según el interventor de la Antelco, Oscar Stark, al menos 1.500 de los casi 6.000 funcionarios de la telefónica estatal “no hacen nada pero cobran su salario”, lo que supone que se podría operar con la mitad de la plantilla actual.

La propuesta presidencial de indemnización ha sido rechazada de plano por los gremios, que han endurecido sus posturas con la ratificación de la medida de fuerza y de su pretensión de obtener tres salarios por año trabajado.

Sin embargo, los sindicatos han reducido su demanda de una indemnización global de US$ 210 millones a 150 millones, de los cuales exigen que 100 millones sean desembolsados en efectivo y los 50 restantes en acciones de la futura empresa.

Al margen de la huelga, las nuevas propuestas entrarán a formar parte de las discusiones que los sindicatos y las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo llevan a cabo en una mesa de negociaciones.

Mientras, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Antelco (Sinattel) rechazaron las denuncias hechas en las últimas horas por Stark sobre supuestos planes para boicotear los servicios de la telefónica durante la huelga.

El interventor de la telefónica denunció un corte deliberado, detectado la noche del viernes, del cableado hasta un municipio muy poblado y cercano a la capital paraguaya, donde unos 200 usuarios quedaron momentáneamente incomunicados.

El responsable de la compañía dijo que la Policía maneja datos sobre la posibilidad de que se lleven a cabo atentados contra el tendido de fibra óptica que conecta Asunción con el este y sur del país.

“Son más de 1.000 kilómetros de extensión de la red y los datos que se tienen son de que se utilizarían bombas molotov en los registros, lo que, en caso de producirse, sería suficiente para afectar las comunicaciones internacionales”, advirtió Stark.

Según datos de la Secretaría de la Reforma, organismo que también se encarga del proceso de privatización de las compañías de agua potable y de ferrocarriles, la Antelco estaba valorada hacia finales de 1.999 en US$ 230 millones, cifra que no incluye previsión de futuros beneficios.

El proceso administrativo y legal para su privatización avanza sin escollos y las autoridades esperan que su venta se concrete a finales de septiembre próximo, salvo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie a favor de los sindicatos en un recurso de inconstitucionalidad iniciado en noviembre pasado.

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