G 8: el efecto invernadero no excluye el cono sur

Un gesto oprtunista de George W.Bush (apoya la lucha contra gases contaminantes, pero empujándola a 2009) coincide con desvelos en el sur. En Argentina, una empresa logró que la ONU le certificase un plan para reducir emisiones de dióxido.

10 junio, 2007

Obviamente, el tercer informe del panel intergubernamental de expertos –esta vez, dirigido a la reciente cumbre del Grupo de los 8- insiste en los peligros de ese gas (y del monóxido, originado en carbón fósil), área por área. En el cono sur latinoamericano, los principales son (a) licuación de glaciares, o sea reducción de reservas acuíferas, (b) desertificación con pérdidas de cultivos, (c) litorales amenazados por alza del nivel marino, (d) sobresalinización de aguas subterráneas, (e) más anomalías meteorológicas y (f) aumentos de males como chagas, malaria, dengue, etc.

Los riesgos regionales abarcan, con efectos diferenciados, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador. Hasta ahora, sólo los tres primeros tienen políticas al respecto, bien que incipientes, aun en escala privada. Por ejemplo, Aceitera General Deheza acaba de obtener un compromiso de la ONU: certificar futuras limitaciones de dióxido, con vistas a colocar “bonos verdes” por hasta € 560.000 anuales. Esta misma firma está vinculada al etanol, un combustible de origen vegetal y, por tanto, más “limpio” de emisiones.

Mientras tanto, tras el pálido primer documento del panel de expertos, en febrero, el consejo de seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea salieron a alertar sobre “urgentes amenazas a la paz y la seguridad internacionales”. Bruselas hasta realizó otra reunión mundial, en abril.

Este encuentro produjo un documento espectacular, aunque para nada sorpresivo, ahora resumidos para el G 8. El grupo intergubernamental de expertos sobre evolución climática (GIEEC, creado por el protocolo de Kyoto) predice que, hacia mediados de siglo, Latinoamérica habrá perdido la mitad de las tierras cultivables. Entre cincuenta y 150 millones de habitantes no tendrán agua suficiente, número que llegará a 400 millones hacia 2080. En realidad, hace varios años que la región –y parte de Estados Unidos- sufren anomalías que incluyen violentas temporadas de ciclones caribeños.

Algunos suspicaces sospechan que la derrota política de Bush a manos de la Corte Suprema es la clave real de esta “toma de conciencia”. Hace varias semanas, en efecto, el máximo tribunal norteamericano dictaminó que la agencia federal para protección ambientas, AFPA (EPA en su sigla inglesa) tiene facultades regulatorias y ejecutivas sobre emisiones de monóxido y dióxido de carbono.

Son gases contaminantes originados en tres tipos de combustibles fósiles no renovables: carbón, gas natural y derivados del petróleo. Muy ligada a las grandes compañías del sector, la Casa Blanca sostenía lo contrario y, a su juicio, imponer restricciones obligatorias perjudicaba la economía nacional. Volvió a insistir esta semana en Rostock.

El revés judicial sufrido por el gobierno republicano hizo recordar a la ONU que el primer documento del panel internacional, difundido hace varias semanas, sonaba a complaciente. Así lo denunciaron varios científicos que se negaron a firmarlo. Hoy el libreto es otro y alude a “peligro de guerras por recursos, alteración de fronteras políticas, migraciones masivas e crisis en el abastecimiento de combustibles y energía” (que no son la misma cosa).

“Las causales habituales de conflicto –señalaba el consejo de seguridad- pueden exacerbarse o modificarse por efectos del cambio climático y las consiguientes anomalías meteorológicas o marinas”. El asunto se trató en mayo y, de pronto, pareció más inquietante que el plan nuclear iraní.

Como explicaba en 2005 esta revista, “el efecto invernadero perjudica ya el suministro y la calidad de agua en varios lugares del planeta”. Según la ONU, “los patrones de hambrunas y disponibilidad de alimentos crearán centro de inestabilidad. Al mismo tiempo, el alza en el nivel de los mares –hasta 60 centímetros para fin de siglo –estimación por demás optimista- obligará a evacuar poblaciones enteras y hasta amenazará con la desaparición de amplias áreas”.

Se insiste con las islas Maldivas, apenas pobladas, pero se omiten ejemplos mucho más dramáticos. Entre ellos, el delta del Ganges-Brahmaputra, con 120 millones de habitantes, el del Orinoco, la cabecera de golfo Pérsico –donde inundaciones bíblicas afectaría vastos yacimientos de hidrocarburos- y estuarios poco profundos. Uno es el río de la Plata, como por fin admiten en Bruselas.

La idea en el consejo de seguridad y el GIEEC era preparar una convocatoria mundial para septiembre de 2008. Pero la renuencia de Estados Unidos, Rusia, China y Japón pasa el tema a 2009. Resulta irónico que tres de los cinco miembros permanentes del consejo (EE.UU. Rusia, China) figuren entre los mayores contaminantes. Hasta el veredicto de la Corte Suprema, aparte, Washington ni siquiera aceptaba, como Moscú o Beijing, debatir el problema.

Las contradicciones no paran ahí. La UE llevó a cabo hace dos meses un debate entre dos mil expertos y diplomáticos de 120 países, en el marco del GIEEC. Aparte de los caros que son estos encuentros sólo en viáticos, el nutrido grupo todavía no hizo el mea culpa respecto del pobre trabajo presentado en febrero. Pero los anfitriones ofrecen su propia contradicción: el enorme gasto anual en subsidios a agricultores ineficientes podría emplearse para financiar programas orientados a controlar emisiones contaminantes, combatir el hambre y otros efectos del efecto invernadero. Los técnicos y científicos reunidos no parecieron advertirlo.

Obviamente, el tercer informe del panel intergubernamental de expertos –esta vez, dirigido a la reciente cumbre del Grupo de los 8- insiste en los peligros de ese gas (y del monóxido, originado en carbón fósil), área por área. En el cono sur latinoamericano, los principales son (a) licuación de glaciares, o sea reducción de reservas acuíferas, (b) desertificación con pérdidas de cultivos, (c) litorales amenazados por alza del nivel marino, (d) sobresalinización de aguas subterráneas, (e) más anomalías meteorológicas y (f) aumentos de males como chagas, malaria, dengue, etc.

Los riesgos regionales abarcan, con efectos diferenciados, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador. Hasta ahora, sólo los tres primeros tienen políticas al respecto, bien que incipientes, aun en escala privada. Por ejemplo, Aceitera General Deheza acaba de obtener un compromiso de la ONU: certificar futuras limitaciones de dióxido, con vistas a colocar “bonos verdes” por hasta € 560.000 anuales. Esta misma firma está vinculada al etanol, un combustible de origen vegetal y, por tanto, más “limpio” de emisiones.

Mientras tanto, tras el pálido primer documento del panel de expertos, en febrero, el consejo de seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea salieron a alertar sobre “urgentes amenazas a la paz y la seguridad internacionales”. Bruselas hasta realizó otra reunión mundial, en abril.

Este encuentro produjo un documento espectacular, aunque para nada sorpresivo, ahora resumidos para el G 8. El grupo intergubernamental de expertos sobre evolución climática (GIEEC, creado por el protocolo de Kyoto) predice que, hacia mediados de siglo, Latinoamérica habrá perdido la mitad de las tierras cultivables. Entre cincuenta y 150 millones de habitantes no tendrán agua suficiente, número que llegará a 400 millones hacia 2080. En realidad, hace varios años que la región –y parte de Estados Unidos- sufren anomalías que incluyen violentas temporadas de ciclones caribeños.

Algunos suspicaces sospechan que la derrota política de Bush a manos de la Corte Suprema es la clave real de esta “toma de conciencia”. Hace varias semanas, en efecto, el máximo tribunal norteamericano dictaminó que la agencia federal para protección ambientas, AFPA (EPA en su sigla inglesa) tiene facultades regulatorias y ejecutivas sobre emisiones de monóxido y dióxido de carbono.

Son gases contaminantes originados en tres tipos de combustibles fósiles no renovables: carbón, gas natural y derivados del petróleo. Muy ligada a las grandes compañías del sector, la Casa Blanca sostenía lo contrario y, a su juicio, imponer restricciones obligatorias perjudicaba la economía nacional. Volvió a insistir esta semana en Rostock.

El revés judicial sufrido por el gobierno republicano hizo recordar a la ONU que el primer documento del panel internacional, difundido hace varias semanas, sonaba a complaciente. Así lo denunciaron varios científicos que se negaron a firmarlo. Hoy el libreto es otro y alude a “peligro de guerras por recursos, alteración de fronteras políticas, migraciones masivas e crisis en el abastecimiento de combustibles y energía” (que no son la misma cosa).

“Las causales habituales de conflicto –señalaba el consejo de seguridad- pueden exacerbarse o modificarse por efectos del cambio climático y las consiguientes anomalías meteorológicas o marinas”. El asunto se trató en mayo y, de pronto, pareció más inquietante que el plan nuclear iraní.

Como explicaba en 2005 esta revista, “el efecto invernadero perjudica ya el suministro y la calidad de agua en varios lugares del planeta”. Según la ONU, “los patrones de hambrunas y disponibilidad de alimentos crearán centro de inestabilidad. Al mismo tiempo, el alza en el nivel de los mares –hasta 60 centímetros para fin de siglo –estimación por demás optimista- obligará a evacuar poblaciones enteras y hasta amenazará con la desaparición de amplias áreas”.

Se insiste con las islas Maldivas, apenas pobladas, pero se omiten ejemplos mucho más dramáticos. Entre ellos, el delta del Ganges-Brahmaputra, con 120 millones de habitantes, el del Orinoco, la cabecera de golfo Pérsico –donde inundaciones bíblicas afectaría vastos yacimientos de hidrocarburos- y estuarios poco profundos. Uno es el río de la Plata, como por fin admiten en Bruselas.

La idea en el consejo de seguridad y el GIEEC era preparar una convocatoria mundial para septiembre de 2008. Pero la renuencia de Estados Unidos, Rusia, China y Japón pasa el tema a 2009. Resulta irónico que tres de los cinco miembros permanentes del consejo (EE.UU. Rusia, China) figuren entre los mayores contaminantes. Hasta el veredicto de la Corte Suprema, aparte, Washington ni siquiera aceptaba, como Moscú o Beijing, debatir el problema.

Las contradicciones no paran ahí. La UE llevó a cabo hace dos meses un debate entre dos mil expertos y diplomáticos de 120 países, en el marco del GIEEC. Aparte de los caros que son estos encuentros sólo en viáticos, el nutrido grupo todavía no hizo el mea culpa respecto del pobre trabajo presentado en febrero. Pero los anfitriones ofrecen su propia contradicción: el enorme gasto anual en subsidios a agricultores ineficientes podría emplearse para financiar programas orientados a controlar emisiones contaminantes, combatir el hambre y otros efectos del efecto invernadero. Los técnicos y científicos reunidos no parecieron advertirlo.

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