jueves, 17 de abril de 2025

En Argentina, la piratería informática es todo un lastre

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Según un estudio de International Data Corporation, difundido por la Business Software Alliance (BSA), durante 2002 el sector facturó US$ 950 millones en Argentina. Esto pese a que la piratería en TI ronda 62% del negocio total.

Bastaría reducir 10% del soft ilegal o pirata para que la actividad –mal llamada “industria”, en castellano aplicable sólo a bienes físicos- cuadruplicase la tasa de expansión de ahora a 2006. Así opina Software Legal, entidad sin fines de lucro afiliada a BSA. En número, la facturación anula podría alcanzar US$ 3.600 millones y crear 4.400 puesto laborales cuatro años.

De hecho, la venerable ley de propiedad intelectual (11.723) ha sido modificada para incorporarles programas informáticos y bases de datos (colectivamente, “software”). Pero, como ocurre con la música que se baja de Internet, “una ley alcanza y se requiere un cambio cultural”, señalaba en un matutino porteño Martín Carranza Torres, presidente de Software Legal.

Algo se ha avanzado. Entre 1996 y 2001 –como es habitual en el país, las estadísticas llegan con atraso, aun en TI-, la piratería local cedió 9%. Pero lo hizo en 12% tomando gran parte de Latinoamérica. Las cifras provienen también de IDC, que cubre 57 países. En el subcontinente, se analizan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Méjico, Perú y Venezuela. En el plano regional, la piratería de soft promedia 57% y, naturalmente, en los países que más facturan tiene menor incidencia que en Argentina. Por ejemplo, Chile (US$ 1.110 millones y 51%), Colombia (1.510 millones, 52%), Brasil (11.250 millones, 56%) o Méjico (6.740 millones, 55%). Resulta llamativo que la mayor economía al sur del río Bravo (México) facture apenas 60% respecto de la segunda (Brasil).

Bastaría reducir 10% del soft ilegal o pirata para que la actividad –mal llamada “industria”, en castellano aplicable sólo a bienes físicos- cuadruplicase la tasa de expansión de ahora a 2006. Así opina Software Legal, entidad sin fines de lucro afiliada a BSA. En número, la facturación anula podría alcanzar US$ 3.600 millones y crear 4.400 puesto laborales cuatro años.

De hecho, la venerable ley de propiedad intelectual (11.723) ha sido modificada para incorporarles programas informáticos y bases de datos (colectivamente, “software”). Pero, como ocurre con la música que se baja de Internet, “una ley alcanza y se requiere un cambio cultural”, señalaba en un matutino porteño Martín Carranza Torres, presidente de Software Legal.

Algo se ha avanzado. Entre 1996 y 2001 –como es habitual en el país, las estadísticas llegan con atraso, aun en TI-, la piratería local cedió 9%. Pero lo hizo en 12% tomando gran parte de Latinoamérica. Las cifras provienen también de IDC, que cubre 57 países. En el subcontinente, se analizan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Méjico, Perú y Venezuela. En el plano regional, la piratería de soft promedia 57% y, naturalmente, en los países que más facturan tiene menor incidencia que en Argentina. Por ejemplo, Chile (US$ 1.110 millones y 51%), Colombia (1.510 millones, 52%), Brasil (11.250 millones, 56%) o Méjico (6.740 millones, 55%). Resulta llamativo que la mayor economía al sur del río Bravo (México) facture apenas 60% respecto de la segunda (Brasil).

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