Aprueban producción de transgénicos
La Secretaría de Agricultura decidió dar impulso a la producción orgánica modificada genéticamente en forma artificial para estimular el desarrollo agropecuario.
El Gobierno levantó la prorroga que pesaba desde hace más de dos años sobre la aprobación de organismos genéticamente modificados (OGM), luego de aprobar el viernes pasado al algodón RR.
La Secretaría de Agricultura, al frente de Marcelo Regúnaga, dio el visto bueno para que nuestro país se posicione como uno de los líderes mundiales de la biotecnología agropecuaria, liderazgo que comparte con Estados Unidos.
Los expertos sostienen que la totalidad de la superficie cultivada con soja, que serían algo así como 10,3 millones de hectáreas, el principal cultivo del país, corresponde a variedades OGM.
Días atrás, Regúnaga manifestó que instrumentará “un cambio radical” en biotecnología, refiriéndose a que pondrá punto final a las demoras en los ensayos y liberación de nuevos cultivos que se venía registrando desde que asumió el actual gobierno.
Los OGM son el resultado de la alteración artificial de la estructura genética de un cultivo para hacerlo inmune a plagas y enfermedades.
En tanto la alteración genética significa un ahorro importante en los costos para los productores, el debate se mantiene debido a que todavía no existe demasiada información sobre posibles efectos nocivos para la salud, cuando menos a largo plazo.
Durante la gestión de Antonio Berhongaray como encargado de la Secretaría de Agricultura no fue aprobado ningún cultivo, aunque varios habían pasado los controles correspondientes de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En declaraciones al diario La Nación, Berhongaray expresó que “la biotecnología llegó para quedarse”, respuesta sistemática a las preguntas sobre el freno de los transgénicos.
La asociación internacional ecológica Greenpeace, que encabezó campañas en contra de este tipo de alteración artificial, mantuvo estática la actividad de la Argentina en el uso de esta tecnología.
Otro factor que actuó como contrapeso de las iniciativas locales fueron los frenos impuestos en los puertos de Brasil y Europa hacia los embarques con maíz y soja provenientes de nuestro país.
El sector privado se quejó por la inacción del Gobierno y conformó el Grupo Biotecnología -integrado por la Bolsa de Cereales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Copal- entre otras entidades, con el propósito de defender y alentar una política de Estado para el sector.
La compañía Monsanto Argentina solicitó la aprobación del algodón RR, la nueva tecnología permitirá a los productores algodoneros, según informa La Nación, “beneficiarse con un ahorro de US$ 80 por hectárea sembrada” por la reducción de costos al sustituir herbicidas y realizar menos labores en el campo.
En Monsanto creen que en los próximos años la superficie sembrada con ese tipo de algodón “podría ascender a 60% en los próximos cinco años”; lo que implica que las provincias algodoneras (Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta) podrían llegar a tener un impacto económico cercano a los US$ 50 millones anuales.
Los productores algodoneros del Chaco padecen una profunda crisis y un elevado endeudamiento por los bajos precios internacionales del producto, por lo que el mes pasado cortaron rutas reclamando medidas por parte del gobierno.
En la última campaña fueron implantadas apenas 290.000 hectáreas, cuando el promedio de siembra oscilaba en las 450.000.
Por añadidura, las cotizaciones de 2001 han estado entre 30 y 20% por debajo del año pasado.
El Gobierno levantó la prorroga que pesaba desde hace más de dos años sobre la aprobación de organismos genéticamente modificados (OGM), luego de aprobar el viernes pasado al algodón RR.
La Secretaría de Agricultura, al frente de Marcelo Regúnaga, dio el visto bueno para que nuestro país se posicione como uno de los líderes mundiales de la biotecnología agropecuaria, liderazgo que comparte con Estados Unidos.
Los expertos sostienen que la totalidad de la superficie cultivada con soja, que serían algo así como 10,3 millones de hectáreas, el principal cultivo del país, corresponde a variedades OGM.
Días atrás, Regúnaga manifestó que instrumentará “un cambio radical” en biotecnología, refiriéndose a que pondrá punto final a las demoras en los ensayos y liberación de nuevos cultivos que se venía registrando desde que asumió el actual gobierno.
Los OGM son el resultado de la alteración artificial de la estructura genética de un cultivo para hacerlo inmune a plagas y enfermedades.
En tanto la alteración genética significa un ahorro importante en los costos para los productores, el debate se mantiene debido a que todavía no existe demasiada información sobre posibles efectos nocivos para la salud, cuando menos a largo plazo.
Durante la gestión de Antonio Berhongaray como encargado de la Secretaría de Agricultura no fue aprobado ningún cultivo, aunque varios habían pasado los controles correspondientes de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En declaraciones al diario La Nación, Berhongaray expresó que “la biotecnología llegó para quedarse”, respuesta sistemática a las preguntas sobre el freno de los transgénicos.
La asociación internacional ecológica Greenpeace, que encabezó campañas en contra de este tipo de alteración artificial, mantuvo estática la actividad de la Argentina en el uso de esta tecnología.
Otro factor que actuó como contrapeso de las iniciativas locales fueron los frenos impuestos en los puertos de Brasil y Europa hacia los embarques con maíz y soja provenientes de nuestro país.
El sector privado se quejó por la inacción del Gobierno y conformó el Grupo Biotecnología -integrado por la Bolsa de Cereales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Copal- entre otras entidades, con el propósito de defender y alentar una política de Estado para el sector.
La compañía Monsanto Argentina solicitó la aprobación del algodón RR, la nueva tecnología permitirá a los productores algodoneros, según informa La Nación, “beneficiarse con un ahorro de US$ 80 por hectárea sembrada” por la reducción de costos al sustituir herbicidas y realizar menos labores en el campo.
En Monsanto creen que en los próximos años la superficie sembrada con ese tipo de algodón “podría ascender a 60% en los próximos cinco años”; lo que implica que las provincias algodoneras (Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta) podrían llegar a tener un impacto económico cercano a los US$ 50 millones anuales.
Los productores algodoneros del Chaco padecen una profunda crisis y un elevado endeudamiento por los bajos precios internacionales del producto, por lo que el mes pasado cortaron rutas reclamando medidas por parte del gobierno.
En la última campaña fueron implantadas apenas 290.000 hectáreas, cuando el promedio de siembra oscilaba en las 450.000.
Por añadidura, las cotizaciones de 2001 han estado entre 30 y 20% por debajo del año pasado.
