Adjudican licencias UMTS en Italia
Luego de que, por diferentes motivos, quedaran marginadas de la competencia las empresas Blu y British Telecom, el camino quedó allanado para tres operadores GSM italianos y para los consorcios Andala e Ipse 2000.
(EFE).- La Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones asignó el martes (9 de enero) las cinco licencias italianas de telefonía de tercera generación, adjudicadas en la subasta que se llevó a cabo el pasado mes de octubre.
Las pujas se cerraron tras la repentina retirada de Blu, liderada por Autostrade, del grupo Benetton, y la británica British Telecom, tan sólo dos días después de su comienzo, con lo que las licencias fueron a parar a manos de los otros cinco candidatos por un total de US$ 12.000 millones, la mitad de lo inicialmente previsto.
Estos candidatos son los operadores GSM italianos Tim (Telecom Italia), Omnitel (Vodafone) y Wind (Enel y France Telecom) y los consorcios Andala (Hutchinson Whampoa y Tiscali) e Ipse 2000, liderado por la española Telefónica.
La Autoridad para las Garantías de las Comunicaciones ha creado un grupo de trabajo técnico que tendrá como objetivo examinar la modalidad de uso de las frecuencias.
También se ha decidido que, en los primeros cuatro años, los concesionarios de las licencias no podrán cederlas a terceros, aunque sí podrán cambiar, tras la correspondiente valoración, su distribución accionarial.
Precisamente ayer, la Unión Europea ha dado el vía libre a la presencia de la española Telefónica y de la finlandesa Sonera en Ipse 2000, con cuotas de control de 45,9% y de 12,55%, respectivamente.
Tras la subasta de las licencias italianas de telefonía multimedia, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Roma y la Autoridad Antimonopolio abrieron investigaciones, aún en marcha, para determinar la idoneidad del concurso, que se cerró en medio de un sonado escándalo.
A finales de esta semana se cumple el plazo de sesenta días dado por la Autoridad Antimonopolio a los seis participantes en el concurso, para que puedan ejercer su derecho a ser oídos durante las indagaciones, que deben finalizar antes del próximo 30 de junio.
Paralelamente a la batalla judicial sobre la limpieza de la subasta, los socios de Blu mantienen un contencioso con el Gobierno, que decidió penalizar su fulgurante salida de las pujas con la retención de 2.000 millones de euros depositados como fianza, cuya ejecución suspendió, en forma cautelar, un tribunal administrativo.
(EFE).- La Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones asignó el martes (9 de enero) las cinco licencias italianas de telefonía de tercera generación, adjudicadas en la subasta que se llevó a cabo el pasado mes de octubre.
Las pujas se cerraron tras la repentina retirada de Blu, liderada por Autostrade, del grupo Benetton, y la británica British Telecom, tan sólo dos días después de su comienzo, con lo que las licencias fueron a parar a manos de los otros cinco candidatos por un total de US$ 12.000 millones, la mitad de lo inicialmente previsto.
Estos candidatos son los operadores GSM italianos Tim (Telecom Italia), Omnitel (Vodafone) y Wind (Enel y France Telecom) y los consorcios Andala (Hutchinson Whampoa y Tiscali) e Ipse 2000, liderado por la española Telefónica.
La Autoridad para las Garantías de las Comunicaciones ha creado un grupo de trabajo técnico que tendrá como objetivo examinar la modalidad de uso de las frecuencias.
También se ha decidido que, en los primeros cuatro años, los concesionarios de las licencias no podrán cederlas a terceros, aunque sí podrán cambiar, tras la correspondiente valoración, su distribución accionarial.
Precisamente ayer, la Unión Europea ha dado el vía libre a la presencia de la española Telefónica y de la finlandesa Sonera en Ipse 2000, con cuotas de control de 45,9% y de 12,55%, respectivamente.
Tras la subasta de las licencias italianas de telefonía multimedia, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Roma y la Autoridad Antimonopolio abrieron investigaciones, aún en marcha, para determinar la idoneidad del concurso, que se cerró en medio de un sonado escándalo.
A finales de esta semana se cumple el plazo de sesenta días dado por la Autoridad Antimonopolio a los seis participantes en el concurso, para que puedan ejercer su derecho a ser oídos durante las indagaciones, que deben finalizar antes del próximo 30 de junio.
Paralelamente a la batalla judicial sobre la limpieza de la subasta, los socios de Blu mantienen un contencioso con el Gobierno, que decidió penalizar su fulgurante salida de las pujas con la retención de 2.000 millones de euros depositados como fianza, cuya ejecución suspendió, en forma cautelar, un tribunal administrativo.
